Mariano Mendilaharzu, el abogado de Alejandro Burzaco –hoy detenido en Bolzano, Italia, por el escándalo de las coimas en la FIFA– es el mismo que en 2013 se adjudicó servicios de consultoría en el gobierno porteño que no había cumplido varios meses después de ser contratado, como denunció Página/12 el 2 de septiembre de 2013. También fue defensor de Horacio Rodríguez Larreta en varias causas penales y estuvo conchabado en la Agencia Gubernamental de Control (AGC) donde asesoraba a su director ejecutivo, el militar retirado Juan José Gómez Centurión. Hizo lo propio en el Banco Ciudad junto a su colega Jorge Eduardo Anzorreguy, el penalista que defiende a Hugo y Mariano Jinkis, los dueños de la sociedad Full Play que se entregaron a Interpol después de que estuvieran prófugos y continúan bajo un pedido de extradición de Estados Unidos por pagar presuntos sobornos en el fútbol. El célebre psicólogo Carl Jung diría: “No existen las coincidencias y sí la sincronicidad”.

Mendilaharzu declaró desde Italia que su cliente, el ex CEO de la productora Torneos y Competencias, “no es un hombre bomba”. Además de algunas consideraciones sobre la situación jurídica de su defendido, aquella frase –con una pretensión tranquilizadora para quienes temen que el empresario hable y comprometa a más gente–, fue de las más curiosas desde que explotó el escándalo en Suiza el 27 de mayo. El abogado ha estado ligado al candidato a jefe de Gobierno porteño del PRO en las próximas elecciones, al director de la AGC y al Banco Ciudad. La defensa de Burzaco en Italia la comparte con Roberto Pisano, un letrado local que en el pasado patrocinó a Silvio Berlusconi, el ex jefe de Gobierno varias veces denunciado por distintos escándalos.

El propio Rodríguez Larreta reconoció que Mendilaharzu lo había asesorado legalmente. Lo hizo cuando se conoció la denuncia de que no había cumplido los servicios de consultoría en la AGC en 2013. Su contrato llegaba a 741 mil pesos, según dos resoluciones administrativas de ese año. En aquel momento, el actual jefe de Gabinete de Mauricio Macri dijo: “El es abogado mío en algunas causas, es un hombre de confianza, pero no sé de qué se trata la denuncia. Todas las denuncias que aparezcan estamos a disposición, siempre fuimos muy transparentes”. Sin embargo, un hombre hiperactivo y detallista como él en sus labores como funcionario, tuvo que reconocer: “no tengo idea qué contrata cada área de Gobierno”.

Las denuncias contra el letrado fueron publicadas por este diario con el respaldo documental de los expedientes. La nota decía que la AGC aprobó el 26 de marzo de 2013 “la contratación de un servicio de consultoría para el desarrollo de mejores prácticas inspectivas, a efectos de posibilitar consultas en línea relativas a cuestiones técnico-jurídicas en materia contravencional y/o penal, en ocasión del ejercicio del poder de policía desempeñado por esta Agencia Gubernamental de Control”. El trabajo se le adjudicó a Mendilaharzu para que brindara el asesoramiento por 130.680 pesos en el expediente 523904-2013.

Cuatro meses después, el 26 de julio, Gómez Centurión lo volvió a contratar por 610.500 pesos en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 203.500 pesos cada una según el expediente 2888993-2013. Entre los dos servicios de consultoría sumaban 741.180 pesos. Estos gastos pudieron ser afrontados gracias al decreto 556/10 que les permite a los directores generales y directores del gobierno porteño disponer de 2.500.000 y 2.000.000 de pesos mensuales, respectivamente, para contrataciones directas.

Hasta ese momento, la relación jurídica con Rodríguez Larreta era evidente. Lo había defendido en más de una causa. Además, Mendilaharzu había coincidido como asesor en el Banco Ciudad junto a Anzorreguy, hermano de Hugo, el jefe de la ex SIDE durante el gobierno de Carlos Menem. La noticia salió publicada el 28 de noviembre de 2010 en www.elsindical.com.ar. En un blog de trabajadores del Banco Ciudad también se difundió una nómina de asesores que integraba el actual abogado de Burzaco.

El escándalo de la FIFA volvió a vincularlos en su tarea profesional. Ahora desde Italia y Argentina asesoran a los empresarios extraditables que están acusados por un tribunal federal de Nueva York de haber pagado coimas siderales para quedarse con los derechos televisivos de sucesivas ediciones de la Copa América. Los cargos dicen “conspiración, corrupción y lavado de dinero”. Y conllevan la posibilidad de pasar hasta treinta años en prisión.

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