Mar 30.06.2015

EL PAíS  › LUIS CABRAL PRESENTó UNA MEDIDA CAUTELAR PARA VOLVER A CASACIóN Y HABRá UNA MARCHA EL 7 DE JULIO

En campaña para canonizar al juez

La Corte Suprema difundió la convocatoria a la marcha de apoyo a Cabral, quien fue reemplazado en su cargo como subrogante en la Cámara de Casación. La presidenta del Consejo acusó al juez de querer “atornillarse” a un cargo “que no tiene validez”.

› Por Irina Hauser

Una campaña que crece de manera estrepitosa dentro y fuera de la familia judicial cuestiona el fin de la subrogancia de Luis Cabral en la Cámara de Casación Penal, donde hace casi cuatro años fue designado pasando por alto el sorteo que indicaba la ley para nombrar jueces interinos en ese tribunal. El propio Cabral se puso al frente de la batalla y pidió ayer una medida cautelar para que lo repongan en ese cargo: su argumento, que analizará la jueza María José Sarmiento, es que el Consejo de la Magistratura lo “removió” de la suplencia a través de un procedimiento “nulo” y que viola la garantía de “inamovilidad”. Pocas horas después de su presentación, el Centro de Información Judicial (CIJ), agencia de noticias que depende de la Corte Suprema, publicó la convocatoria de la tradicional Asociación de Magistrados y la Federación de Colegios de Abogados a una marcha el 7 de julio en las escalinatas del Palacio de Justicia con la consigna de repudiar el cambio de subrogantes de Casación, que considera “ataques a la independencia del Poder Judicial”. Esta movilización reemplazará, en acuerdo de los jueces con las fuerzas políticas opositoras, la que había sido convocada para el 14. El fiscal Raúl Plee –uno de los convocantes al 18F– le pidió al alto tribunal, en un escrito, que intervenga y mantenga a Cabral en cuarenta causas en etapa de deliberación, entre ellas la del Memorándum con Irán.

La presidenta del Consejo, la camarista laboral Gabriela Vázquez, acusó a Cabral de querer “atornillarse a una subrogancia que no tiene validez constitucional ni legal” y negó “motivaciones políticas” en el cese de su suplencia. La Asociación de los jueces, el PRO y el radicalismo, decían que el kirchnerismo quería evitar que fallara en contra del Memorándum con Irán. “El doctor Cabral, aunque es juez con acuerdo del Senado para ser juez del tribunal oral criminal 9, que juzga homicidios, robos y hurtos, no tiene acuerdo para ser juez de Casación federal ni está en ninguna lista de conjueces con acuerdo del Senado”, insistió Vázquez. “Las subrogancias son temporarias, no son eternas”, enfatizó. Recordó que la titular de la Casación, Ana María Figueroa, había informado al Consejo que el 30 de junio (hoy) vencían las suplencias en el tribunal.

Hasta hace dos semanas, cuando fue promulgada una nueva ley de subrogancias, a los jueces interinos de Casación los nombraba la misma cámara, pero esa función pasó a manos del Consejo de la Magistratura. La decisión del organismo de designar a tres nuevos subrogantes abogados de una lista de conjueces del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, desató la polémica que signa estos días. Las vacantes hasta entonces eran cubiertas por miembros de la propia Casación con excepción de Cabral, quien el 31 de agosto de 2011 fue elegido para subrogar por una invitación personal del ex casador Raúl Madueño. En ese momento, venía a oficiar de contrapeso ante la llegada (por concurso) de los cuatro jueces más nuevos: Alejandro Slokar, Figueroa, Juan Gemignani y Mariano Borinsky.

A Cabral, la Casación –con la oposición constante de Slokar y oscilante de otros colegas– lo respaldó en la subrogancia, que le renovó dos veces con su propio voto, y en la última oportunidad señaló que quedaría allí hasta que el lugar fuera cubierto “según el sistema institucional”. Aunque hay un concurso en marcha, Cabral no se presentó. Pidió licencia en el tribunal oral y también presidió la Asociación de Magistrados. Su sueldo, en estos años fue solo el de casador y, según allegados al Consejo, ronda los 115 mil pesos.

En un amparo y un pedido de medida cautelar para que le devuelvan la subrogancia, planteó la “nulidad, ilegalidad e inconstitucionalidad” de la resolución del Consejo, que lo reemplazó por el abogado Claudio Marcelo Vázquez. Señaló que además viola tratados y antecedentes internacionales. A su entender su suplencia debía durar hasta que fuera nombrado el o la titular que gane el concurso, que está en la recta final. Un subrogante, sostuvo, tiene las mismas garantías de “inamovilidad” que el de cualquier juez titular, por lo tanto él se considera “removido”, algo que –advirtió– solo podría hacer el Jurado de Enjuiciamiento y no el cuerpo de consejeros que “traspasó de modo ostensible el ámbito de sus atribuciones”. También fundamentó que, según la nueva ley de subrogancias (27.145) los interinos duran hasta que “cese la causal que generó su designación”. Con la muletilla habitual, planteó que se busca condicionar la independencia judicial. La jueza del fuero contencioso que debe resolver suele sacar fallos anti gobierno.

El secretario de Justicia, Julián Alvarez, delegado del Poder Ejecutivo en el Consejo, dijo que se tuvieron en cuenta estadísticas de Casación que mostraban que la sala que integraba Cabral era la menos eficiente de todas (resolvía solo el 19 por ciento de casos en trámite contra 29 por ciento de la sala IV, la de mejores resultados). Otra de las subrogantes, Figueroa, había pedido ella misma dejar ese lugar. También fue reemplazado Gustavo Hornos. Cabral alegó que las estadísticas no pueden ser una causal para desplazarlo. El diputado y consejero Héctor Recalde se sumó al argumento de la (ine)eficiencia y defendió la actuación del organismo, igual que el académico Jorge Candis. La lista Celeste de la Asociación de Magistrados, opositora a la lista oficialista, la Bordó, advirtió que “llama poderosamente la atención la politización y victimización que intenta imponer este magistrado”.

En la Asociación –que hoy conduce el camarista antikirchnerista Ricardo Recondo y representa los intereses corporativos de los jueces– ayer hubo reuniones con dirigentes políticos del arco opositor, como Laura Alonso (PRO), Patricia Bullrich (Unen), Ernesto Sanz (UCR) y Graciela Caamaño (Frente Renovador). Allí acordaron que la marcha que habían convocado el macrismo, Elisa Carrió y los empresarios para el 14 de julio (aniversario de la Revolución Francesa) quedaría adelantada una semana, para el 7 de julio a las 18 y se hará en las escalinatas del Palacio de Justicia. Así lo informaron en la Asociación a este diario. La nueva convocatoria fue difundida por la Corte Suprema, en portal del CIJ, que ignora toda convocatoria de Justicia Legítima. El portal reproduce un comunicado que dice que “ante los reiterados ataques a la Independencia del Poder Judicial, que incluyen las recientes remociones de magistrados subrogantes dispuestas en violación de las normas constitucionales legales vigentes y afectan la división de poderes”.

La Corte quedó también en el brete de tener que resolver un planteo del fiscal Plee, quien le pidió que se “avoque” y se reúna de urgencia ante lo que calificó como una “situación de gravedad institucional palmaria”, para que Cabral siga integrando la Casación por lo menos en cuarenta casos donde participó en las audiencias orales. La Corte, con anterioridad, avaló al juez en forma elíptica, al dejar en manos de los casadores su situación como subrogante designado a dedo, que había sido denunciada por el Centro de Estudios Legales y Sociales y el fiscal Jorge Auat.

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