El corazón del barrio porteño de Once se sacudió la mañana del 18 de julio de 1994, cuando un explosivo derrumbó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y parte de los que se ubicaban del otro lado de la vereda de la calle Pasteur y enterró bajo sus escombros a 85 vidas e hirió a otras 300. El corazón de los familiares y amigos de esos muertos se estremeció el 2 de septiembre de 2004, cuando el presidente del Tribunal Oral Federal Número 3, Miguel Pons, denunció que había habido una “decisión como política de Estado de presentar una solución falsa del atentado para atender la demanda de justicia de la sociedad y los oscuros intereses de gobernantes”, absolvió a los cuatro policías bonaerenses que habían sido imputados por la voladura y declaró nula la investigación judicial que había desembocado en aquel debate oral, diez años después del atentado. Pasaron otros once, y el corazón de aquellos que perdieron a “un ser querido” en ese golpe terrorista, el más terrible que sufrió el país, vuelve a ser protagonista: “Pasaron 21 años y, por responsabilidad de ellos (los acusados) sabemos lo mismo que una semana después del atentado. Merecen la más grande condena y nosotros, la verdad. Nosotros como argentinos, no sólo yo, que me mataron a mi hermana. No debemos permitir que sigan en sus casas”, deseó la presidenta de Memoria Activa, Adriana Reisfeld. Los encubridores de la explosión, entre los que se encuentran el ex presidente Carlos Menem y el ex juez federal Juan José Galeano, comenzarán a ser juzgados hoy por ese delito.

Reisfeld encabezó una conferencia de prensa que organizó Memoria Activa con Diana Malamud, la secretaria de la organización, una de las tres de familiares de víctimas del atentado que serán querellantes en el debate. Al igual que remarcó en sus más recientes declaraciones públicas, Malamud exigió “condena ejemplar” para los 13 ex funcionarios públicos, judiciales, de Inteligencia, de las fuerzas de seguridad y la comunidad judía que integran la nómina de acusados. “Queremos la verdad, por supuesto. Y condenas efectivas, por supuesto. Queremos que estén presos. Algunos de los delitos que cometieron lo ameritan. Es una barbaridad lo que hicieron, es tremendo, es difícil de entender, difícil de creer aún hoy”, evaluó Malamud.

En la sala de conferencias del Centro de Estudios Legales y Sociales, las mujeres estuvieron acompañadas por los abogados de la agrupación Rodrigo Borda y Alejandro Rúa. También participó de la exposición el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier.

“Decimos que este juicio puede llegar a ser histórico porque la Justicia tiene que hacer el trabajo de la Justicia: investigarse a sí misma y también a los otros estamentos del Estado”, apuntó la viuda de Andrés Malamud, una de las víctimas fatales de aquella explosión.

La conferencia de prensa funcionó como expresión de la expectativa que el juicio genera en Memoria Activa, para la cual “es importante la presencia de la sociedad en el debate ya que cuanto más transparente sea, más apoyo de la prensa y de toda la sociedad tenga, la posibilidad de que los jueces miren para otro lado o hagan oídos sordos será menor”, propuso la secretaria de la agrupación de familiares y amigos de personas que fueron asesinadas durante el atentado.

El juicio

Los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilla dirigirán el debate que servirá para determinar qué rol cumplió cada uno de los 13 imputados –Menem, Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex titular de la ex SIDE Hugo Anzorreguy, los ex agentes Patricio Finnen y Juan Carlos Anchezar, los ex comisarios Jorge “Fino” Palacios y Carlos Castañeda, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, Carlos Telleldín, su ex mujer Ana María Boragni y su ex abogado, Víctor Stinfale– en el plan que desvió la investigación del atentado lejos de la llamada “pista siria”, a la que la querella de Memoria Activa prefiere identificar como “sirio-iraní” ya que consideran que no sólo conectaba con el comerciante de origen sirio Alberto Kanoore Edul, sino con el entonces agregado cultural de la embajada iraní Moshen Rabbani. Todos los imputados llegan en libertad al juicio.

El pago de 400 mil dólares a Telleldín para que inventara una versión falsa de los hechos que involucrara a policías bonaerenses en la explosión comenzó a investigarse en 2000. Esa pista, que es el eje del encubrimiento, se comprobó en el juicio anterior, pero ahora se debe determinar quiénes participaron y por qué.

“El tratamiento de la actividad secreta es central”, puntualizó Rúa. Recién en 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner levantó el secreto de todo lo actuado en la ex SIDE en torno del atentado. “Antes, el acceso se había negado. Inclusive la querella de AMIA y DAIA habían avalado la decisión de no levantar el secreto sobre estas cuestiones”, apuntó Borda. Cuando el TOF 3 declaro nula la investigación de Galeano y confirmó el encubrimiento, “mencionó las políticas obstructoras de la verdad que ante cada planteo que hacía el tribunal obtenían del Poder Ejecutivo hasta el 2003. Eso engloba lo que va a ser sometido a juicio: la decisión como política de Estado de las autoridades de entonces de presentar una solución falsa para atender la demanda de Justicia de la sociedad y los oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos. Este episodio estuvo clausurado hasta que una voluntad central, en 2003, definió que esto saliera a la luz. Esto permitió que se acreditara el encubrimiento”, remarcó Rúa.