El diálogo entre intelectuales y políticos suele producir destellos iluminadores para la comprensión de los procesos colectivos. André Malraux y Charles De Gaulle o Gabriel García Márquez y Fidel Castro son ejemplos internacionales bien conocidos. La influencia sobre Urquiza desató los celos entre dos de sus interlocutores intelectuales: a la “Campaña en el Ejército Grande” de Sarmiento contestó Alberdi con sus “Cartas Quillotanas”. Frigerio y Frondizi, Mariano Grondona y Juan Carlos Onganía, Alfonsín y Juan Carlos Portantiero, Carlos Menem y Gerardo Sofovich o Jorge Asís son otros casos notorios.

A veces basta un cruce incidental, aun a distancia, sin que los protagonistas se encuentren. Acaba de ocurrir aquí, en referencia al proceso electoral. El primer movimiento lo realizó la crítica literaria Beatriz Sarlo, quien había anunciado su apoyo en las primarias a Margarita Stolbizer, cuya candidatura atrajo al 3,5 por ciento de los votantes afirmativos. Ex asesora de Elisa Carrió y de Graciela Fernández Meijide, Sarlo propuso ahora que el candidato presidencial Sergio Massa declinara su pretensión y que al mismo tiempo Maurizio Macrì bajara a su candidata a la gobernación bonaerense, María Eugenia Vidal. Agregó que sólo un torpe podría negarse a esa “combinación imbatible”.

El político que entabló el diálogo con este aporte intelectual fue el primo inteligente del candidato presidencial del PRO, Jorge Macrì. “Es una lectura errónea. No dudo de la buena voluntad de Beatriz Sarlo, pero entiendo que puede ser funcional a Daniel Scioli. No se suman graciosamente los electores, eso es subestimarlos. A muchos les gusta el pescado y a otros muchos les gusta el dulce de leche. Pero un plato de pescado y dulce de leche es horrible”, dijo. Jorge Macrì fue precandidato a la gobernación bonaerense y partidario de un acuerdo con sectores peronistas, pero su primo prefirió que Vidal enarbolara el estandarte amarillo y optó por la pureza étnica, sin contaminaciones. Sin embargo, Jorge Macrì es el jefe de campaña de Vidal. A diferencia de otros casos, el pragmatismo extremo no proviene aquí del dirigente partidario, quien señala que esa propuesta es imposible en términos legales pero también políticos y que hasta podría “poner en peligro los votos propios”.

Un ejemplo en ese sentido se verificó en las PASO con algunos de los intendentes saltimbanquis. Luego de la buena elección del Frente Renovador 2013 en la provincia de Buenos Aires, varios se alejaron del Frente para la Victoria para sumarse a Sergio Massa, quien era aclamado como el inevitable presidente joven de 2015. Disipado ese espejismo, emprendieron el regreso con la frente gacha. La foto con Wado de Pedro, Aníbal Fernández y/o Julio De Vido certificó que luego de recorrer el camino de Canosa eran readmitidos en la feligresía. Esto fue menos doloroso que pasar tres días descalzos sobre la nieve en espera del perdón, pero no les aseguró consagrarse sin competir. Un provecho demostrado de las PASO fue servir de filtro para tanta ubicuidad: los tránsfugas arrepentidos debieron enfrentar en la interna a quienes permanecieron en su sitio. Con Darío Giustozzi y Raúl Othacehé a la cabeza, varios fueron batidos y no tendrán una segunda oportunidad. Quienes no se decidieron a volver, o no fueron aceptados, como Luis Acuña o Jesús Cariglino, perdieron pero aún podrían revertir el resultado en octubre.

La interpretación

Una vez conocidos los números, comenzó la disputa por la interpretación. La principal línea de fractura pasa por la relación entre la presidente CFK y su candidato presidencial, Daniel Scioli. Para el sector cuyo objetivo metapolítico y su razón de vivir es la extinción irreversible del kirchnerismo, el candidato no pudo remontar la línea mágica del 40 por ciento por la tara que debe cargar. En cambio quienes interpretan la última década como la mejor en medio siglo para los intereses populares entienden que ni siquiera el liderazgo de Cristina puede expresar toda su potencialidad con semejante lastre. El hecho concreto es que Scioli no sólo estuvo muy lejos del 50 por ciento que la presidente consiguió en las PASO de 2011 y que se estiró a 54 por ciento dos meses después, sino que quedó ocho puntos por detrás del 46,3 por ciento con el que Cristina dobló los votos de Elisa Carrió en 2007. Por otra parte, el peor desempeño del FpV en relación con elecciones anteriores fue en la provincia de Buenos Aires, que Scioli gobierna desde hace ocho años, lo cual debilita el primer argumento. También para esa merma hay dos interpretaciones: la mala gestión provincial, que las inundaciones hicieron más evidente, o el efecto de la campaña sucia que a una semana del comicio golpeó a uno de los precandidatos oficialistas a la gobernación, sin tiempo para que la realidad de los hechos aflorara por encima de la ficción televisiva. En cualquier caso, ambos condicionantes seguirán presentes en lo que resta hasta la primera vuelta del 25 de octubre, porque la gestión de Scioli no cambiará en estos dos meses y porque los golpes bajos continuarán, ya que están en el ADN de los amarillos e incluso han sido conceptualizados como herramientas legítimas por el consultor andino del PRO. Desde hace tres años, Jaime Durán Barba está procesado por haber establecido una falaz vinculación entre el jubilado Salomón Filmus y Sergio Schoklender. Lo supera el propio Maurizio Macrì, cuyo procesamiento por las escuchas telefónicas ilegales lleva ya cinco años. Ninguna de esas causas irá todavía a juicio y por supuesto nunca son recordadas en las columnas políticas que los mencionan. En cambio, cada vez que en los mismos medios se nombra a Máximo Kirchner, se le atribuyen presuntos delitos por los que ningún fiscal lo acusó y ningún juez lo citó a declarar, es decir por conjeturas mediáticas. Esta construcción basada en el escándalo y el desprecio por los hechos entretiene a sus autores pero no soluciona su problema básico: sea buen o mal candidato, traccionado hacia arriba o hacia abajo por Cristina, Scioli está a 6,6 puntos porcentuales de imponerse en la primera vuelta y las combinaciones para impedirlo son tan curiosas como la receta de pescado al dulce de leche propuesta por la autora de las Ficciones argentinas. El electorado aún siente retortijones por la última vez que debió deglutir un plato semejante. En esas condiciones, llegar es difícil y gobernar imposible.

Pliegos

El 5 de mayo de 2003, en vísperas de la segunda vuelta presidencial que lo enfrentaría con Carlos Menem, Néstor Kirchner se reunió con el subdirector del diario La Nación, Claudio Escribano, quien le presentó un pliego de condiciones: alineamiento incondicional con Estados Unidos; cierre de cualquier revisión sobre la represión dictatorial y reivindicación del desempeño de las Fuerzas Armadas; contacto con los empresarios, a quienes el candidato no había recibido hasta ese momento; condena a las violaciones a los derechos humanos en Cuba y medidas excepcionales de seguridad para el control del delito y la tranquilidad de las fuerzas del orden. Como Kirchner rechazó el ultimátum, Escribano publicó en La Nación un artículo en el que sostuvo que “la Argentina ha resuelto darse gobierno por un año”, frase que atribuyó a un amenazador ente genérico que denominó “Washington”. Durante doce años ese diario y su asociado el Grupo Clarín hicieron todo lo que estuvo a su alcance y sin desdeñar ninguna alianza para que esa profecía se cumpliera. De ahí su decepción y encono al advertir que el tercer mandato sucesivo del kirchnerismo se acerca a su conclusión constitucional en las mejores condiciones políticas, culturales y económicas del ciclo democrático que se inició en 1983.

El 7 de agosto, en el diario El Cronista, Rosendo Fraga publicó una concisa columna titulada “Diez urgencias para el corto plazo”. Para que no quedaran dudas, el diario del diputado nacional por el Peornismo Opositor Francisco De Narváez acompañó el texto con una foto de la Casa Rosada. Fraga propone:

1. Generar una coalición política que permita al nuevo gobierno independizarse del kirchnerismo, que retiene posiciones claves en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con vistas a recuperar el poder en 2019.

2. Lograr mayoría parlamentaria para aprobar las iniciativas de gobierno, en un Congreso en el cual el kirchnerismo retiene poder.

3. Neutralizar los avances del oficialismo en la Justicia, y neutralizar a los jueces “militantes” provenientes de Justicia Legítima.

4. Resolver el conflicto con los fondos buitre, sin lo cual la Argentina no accederá a los mercados financieros ni logrará las inversiones necesarias para renovar y ampliar infraestructura.

5. Dar respuestas eficaces al reclamo social de Seguridad Pública.

6. Poner en marcha una política real contra el narcotráfico, tanto en la faz represiva como preventiva.

7. Crear las condiciones para la recuperación de la capacidad productiva del campo y las economías regionales.

8. Establecer una política educativa de largo plazo, que contribuya a reducir la desigualdad social y vincular la educación con el trabajo y la producción.

9. Definir y ejecutar una política de defensa que permita un reequipamiento mínimo de las FF.AA y su modernización.

10. Implementar una política exterior plural y diversificada, que permita al país recuperar las relaciones con las naciones desarrolladas y mejorarlas en la región.

A diferencia del pliego de Escribano, no fue presentado a un candidato en una reunión privada bajo amenaza de represalias. Cumple con buena parte de las formalidades del periodismo, lo cual diferencia a un intelectual orgánico como Fraga (quien además tiene la honestidad de definirse como de centro-derecha, en un país en el que todos los matices de la derecha se dicen de centro o de centro-izquierda) de un operador político. Este programa de acción se ofrece a quienquiera se imponga en las elecciones presidenciales y es más sutil que lo habitual. De aplicarse, sin embargo, los efectos serían una fuerte devaluación con incremento del desempleo y del endeudamiento externo y una incentivación del control social por medios represivos. Quien se ofrece para la tarea es el candidato más improbable: Sergio Massa, con su propuesta de implantar la pena de muerte sin juicio previo y el envío de las Fuerzas Armadas para realizar tareas policiales en los barrios populares.

Hacer la agenda

La cuestión de la justicia, que ocupa dos de los tres primeros puntos de las urgencias de Fraga, también apareció en actividades convocadas por dos de las principales universidades privadas del país: la pontificia Católica de Buenos Aires, y la de San Andrés. El eje fueron los juicios por crímenes de lesa humanidad y, en especial, su extensión a los cómplices civiles, ya sean empresariales, judiciales o eclesiásticos. La vinculación entre estas propuestas y las de Fraga y Massa surge en cuanto se profundiza el análisis.

El 2 de julio, en la Católica, sacerdotes, empresarios, intelectuales y jueces fueron convocados por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), creada y conducida por el Episcopado Católico. En la apertura expusieron el obispo retirado pero hiperactivo Alcides Jorge Pedro Casaretto y Guillermo Lipera, el presidente de Será Justicia, la asociación de abogados del PRO. Lipera fue uno de los organizadores del encuentro de la tercera edad en apoyo del juez Carlos Fayt en la puerta de los tribunales. En presencia de los precandidatos presidenciales Stolbizer y Víctor De Gennaro, expresaron su preocupación el presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere; el director profesional de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) Jaime Campos, contratado por Paolo Rocca y Héctor Magnetto para no aparecer ellos en forma directa al frente de este club de grandes patrones; Juan Vaquer, de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos; Miguel Blanco, del Foro de Convergencia Empresaria; Ignacio Stegman, presidente del Coloquio de IDEA, y el presidente del Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires, Máximo Fonrouge. El presidente de ACDE, Juan Pablo Simón Padrós, advirtió que “no existirá empresa, negocio ni puesto de trabajo genuino y sostenible sin una justicia independiente”. Esta semana un egresado de la Católica y miembro de ACDE protagonizó un trágico hecho de inseguridad en un country de Pilar.

El 4 de agosto, en el mismo lugar, Casaretto planteó que la agenda del próximo gobierno debería incluir la reconciliación, el perdón, la unión y la verdad completa. Eduardo De la Serna, coordinador del Grupo de Sacerdotes en Opción por los Pobres, se refiere a la UCA como “el claustro PRO de la Iglesia argentina” y entiende que el tema de la Reconciliación es una “excusa para justificar la impunidad”. “Cuanta más justicia aplicamos, menos verdad recuperamos, y cuanta más verdad queremos recuperar, más suaves tenemos que ser en la justicia aplicada”, opinó Casaretto. Contrastó el modelo sudafricano de canje de información por impunidad con el argentino, que privilegia la justicia, “que no es totalmente imparcial”. Contrapuso en forma abierta justicia y verdad y dijo que “a mi entender hay que privilegiar esa verdad”, ya que “lo que tranquiliza el corazón de una madre es saber qué pasó con su hijo”. El Bicentenario de la Independencia, el Congreso Eucarístico y “la más que posible visita del Papa” serían la oportunidad señalada por el veterano operador eclesiástico para la mítica reconciliación. En un artículo de 2005 que reprodujo ahora, el sacerdote De la Serna sostuvo que sería muy importante “alcanzar una verdadera reconciliación nacional, pero creo que en general, los obispos no son los más indicados para reclamarla. Porque no son pocos los que creen que fueron cómplices de la dictadura, y además, también cercanos a los sectores de poder, entre ellos el poder económico, que gestó el golpe. El gesto de la reconciliación debe nacer gratuitamente de las víctimas, y sólo si y cuando ellos lo decidan. Y no sería malo que surgiera alentado y motivado por un sincero y creíble pedido de perdón de los victimarios (pedido que quizá debiéramos esperar que los obispos formulen claramente a todos los sectores cómplices del horror y la muerte)”.

Luego de las palabras de Casaretto, la senadora Norma Morandini leyó una carta del Papa Francisco sobre la reconciliación y el perdón. En abril, la presidente de Familiares de Detenidos Desaparecidos Angela Boitano pidió la apertura de archivos vaticanos y el papa Francisco le indicó que combinara los detalles con el monseñor de la Secretaría de Estado, Giuseppe Laterza. El encuentro comenzó muy mal, cuando Laterza dijo que era hora de dar vuelta la página y reconciliarse. Primero adujo que el Vaticano no tenía mucha información, sólo las denuncias de los propios familiares. Cuando Boitano le explicó la utilidad de esos documentos, que encajan como piezas imprescindibles para armar un rompecabezas, Laterza pasó al otro extremo y arguyó que tenían demasiada información y escaso personal para ordenarlo y digitalizarlo, por lo cual no creía que pudiera haber novedades antes de fines de 2016.

–¿Usted qué edad tiene? –le preguntó Lita Boitano.

–44 –dijo Laterza.

–Yo cumplo 84 y en 2016 van a hacer 40 que estoy buscando a mis hijos. No podemos seguir esperando.

Cuando de los archivos pasaron al pedido de autocrítica, Laterza dijo que era un tema complejo y puso el ejemplo del ex nuncio Pio Laghi, de quien algunos hablan mal y otros hablan bien.

El 25 de mayo de 2010, cuando el actual Pontífice presidía el Episcopado argentino, uno de sus integrantes, el obispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani, entregó al gobierno nacional una solicitud de amnistía firmada por los ex dictadores Jorge Videla y Benito Bignone y por un centenar de sus camaradas. La idea de la reconciliación y la verdad completa, del diálogo en lugar de la justicia, fue comunicada por el mismo Jorge Bergoglio al entonces jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, cuando Fernando de la Rúa asumió la presidencia, pero la fuerte reacción de los organismos defensores de los derechos humanos frustraron esa avanzada. Los cambios de gobierno son el momento ideal para estas tentativas. En nombre de la verdad completa, Casaretto falta por completo a la verdad. Durante los años de impunidad sólo el capitán de la Armada Adolfo Scilingo aportó datos concretos sobre operaciones de exterminio de prisioneros inermes, pero aun así no fue capaz de identificar a las 30 personas en cuyo asesinato intervino, arrojándolas vivas al mar desde aviones en vuelo. En cambio los juicios por los vuelos desde la Escuela de Mecánica de la Armada y la guarnición del Ejército en Campo de Mayo ya han permitido identificar a un numeroso grupo de perpetradores y de sus víctimas, con detalle de las circunstancias de cada crimen.

El liberalismo laico

El miércoles pasado, en la Universidad de San Andrés se hizo explícito el acompañamiento del liberalismo laico a la propuesta eclesiástica, durante la jornada sobre “Derechos Humanos y Castigo: las discusiones pendientes”, moderada por el director del Departamento de Derecho de San Andrés, Lucas Grossman, quien en 2013 integró el equipo de abogados del Grupo Clarín en la audiencia pública sobre la ley audiovisual ante la Corte Suprema de Justicia. La defensora oficial Verónica Blanco relativizó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y las llamó “presuntas”. Sostuvo que los imputados están en un estado de indefensión, que se violan sus derechos básicos y son chivos expiatorios. Graciela Fernández Meijide dijo que por los datos que le dieron muchos de los parientes de militares que colmaban la sala, a quienes recibió en su casa, presumía que no todos los juicios eran correctos. El historiador Luis Alberto Romero objetó “unos juicios que no tienen fin” y que sólo se centran en las responsabilidades estatales. Dijo que se intentaba aplicar la ley del Talión y que entre los activistas de derechos humanos triunfó la línea más intransigente, que ejemplificó con Hebe Bonafini y el autor de esta nota. “Ellos son los impulsores de este cambio de ánimo: Horacio Verbitsky, que tiene una lista infinita de cómplices de la dictadura, y Hebe de Bonafini que reclama las armas que empuñaron sus hijos para retomar la lucha”. Señaló que “entre las generaciones jóvenes se ha recreado la cultura de los héroes de la lucha” y que los juicios recrean la idea de una violencia legítima del pueblo oprimido, cosa que no se preocupó por demostrar.

El abogado de las privatizaciones Emilio Cárdenas, quien luego de definir al menemismo como una kakistocracia, o gobierno de los ladrones, marchó a representarlo ante las Naciones Unidas, anunció “un quiebre, un cambio de rumbo cuando terminan doce años muy especiales de siembra de odio y resentimiento”. Cárdenas planteó una línea sofisticada de ataque a los juicios. Consiste en impugnar la forma en que se desarrollan los procesos y se evalúan las pruebas. Según este abogado y banquero se utiliza la prisión preventiva como pena anticipada (si esto ocurre en algunos juicios contra jefes de la dictadura es la norma en las causas ordinarias por delitos comunes); hay “aberraciones monstruosas” en las designaciones de fiscales y magistrados y fraudes procesales que deberían ser estudiados. Además propone impulsar juicios contra “el otro bando” y plantear la reconciliación. El viernes La Nación publicó el editorial “Indultos, amnistía y reconciliación”.

El profesor de derecho de la UBA Marcelo Alegre cuestionó incluso el concepto de dictadura cívico-militar y la acusación a algunos jueces por complicidad con delitos de lesa humanidad, porque constituiría una “oblicua reivindicación de la dictadura”. Su barroca conclusión es que si se ignora que los jueces fueron irrelevantes y se los acusa por no haber investigado “se transforma la dictadura en una semi-república”. También entiende que se intenta poner los Derechos Humanos al servicio de un proyecto anti-liberal, apropiándose del concepto liberal-democrático para combinarlo con otros elementos incompatibles, como la reivindicación de la violencia política, el nacionalismo, la militarización, y el hiperpunitivismo, lo cual constituye una “gran deformación filosófica”.

Un punto común a casi todas las intervenciones, que Alegre desarrolló con mayor detalle, es la reivindicación del juicio a las Juntas de 1985, como modelo antagónico a los actuales procesos, que no serían jurídicos sino políticos. Para ello pasan por alto que aquel juicio suscitó en su momento las mismas críticas que ellos dirigen ahora a la nueva etapa. Para Alegre, fue “el Cruce de los Andes de la democracia recuperada”. No está demás recordar que Raúl Alfonsín justificó la claudicación de la ley de obediencia debida con otra metáfora histórica: “No hemos tomado la Bastilla”. Ni el cruce de los Andes ni la toma de la Bastilla fueron momentos aislados, sino parte de procesos dinámicos que, con avances y retrocesos, construyeron la independencia y la democracia que hicieron posible, tanto el gran juicio del ‘85, como la reapertura posterior.