“Queda claro que hay unanimidad en torno de que este proceso es una política de Estado”, dijo el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, anfitrión de la reunión de la Comisión Interpoderes. Habló de proceso “histórico”, de una construcción no sólo para el presente, sino para el “futuro”. Y marcó el peso de este compromiso al señalar que “lo que hoy tenemos es el resultado de un proceso indetenible”. Dijo que “no es una opción electoral, es una decisión constitucional”. Y que “no vamos a ir para atrás”. La Interpoderes no había estado hasta aquí tan nutrida de primeras líneas: asistieron el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; el ministro de Justicia, Julio Alak; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Remo Carlotto; la presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez; la procuradora Alejandra Gils Carbó y la presidenta de la Cámara de Casación, Ana María Figueroa. La Comisión, creada en 2008, se había licuado en los últimos dos años, pero la imagen de ayer mostró para los presentes no sólo una renovación en el compromiso de estas causas, sino también un mensaje de parte de los tres poderes del Estado hacia la sociedad y hacia quienes, en esta transición política, cuestionan la legitimidad del proceso de justicia. La reunión se hizo con el telón de fondo de la Plaza Lavalle. Allí, desde el viernes pasado, sobrevivientes y familiares de los desaparecidos de Jujuy estuvieron sosteniendo una vigilia para exigirle a la Corte una señal clara sobre la continuidad de los juicios y el compromiso de perseguir también a los cómplices civiles, entre ellos los empresarios, que formaron parte de la dictadura y cuyas causas están demoradas en distintas instancias.

Ese compromiso específico sobrevoló alguna de las intervenciones de los responsables de las distintas áreas que hablaron al comienzo del encuentro. Luego de un saludo de bienvenida, Lorenzetti le dio la palabra a Gils Carbó. Luego tomaron la palabra Alak, Vázquez, Figueroa y Carlotto. Esas intervenciones se dieron en la primera parte. Después quedaron trabajando los equipos específicos de cada área, que asumieron el compromiso de retomar reuniones operativas cada quince días.

Las reuniones de la Interpoderes suelen tener la fisonomía de mesas de trabajo. Pero aquí, la cosa cambió. Las primeras líneas hablaron desde una especie de púlpito muy del ritual de la Corte. Una de las intervenciones esperadas era la de Lorenzetti. Justamente por las dudas planteadas por sobrevivientes, familiares, querellantes y organismos de derechos humanos sobre el avance de las causas. Lorenzetti hizo énfasis en varios puntos centrales. Defendió la legitimidad de los juicios sobre los que señaló que “nadie puede decir que no hay respeto del debido proceso” y sobre quienes sostienen esas versiones, agregó, que “intentan señalar que acá hay una politización que realmente no existe”. Hablo de “procesos históricos”. Dijo que es muy importante oponerse a las políticas de olvido porque sino vuelve a renacer la barbarie. Describió como dato que la evolución de los juicios “hace a la progresividad de los derechos fundamentales”. Que la reunión que se estaba haciendo no es importante por el escenario presente, sino también por “el futuro”. Y al retomar unas palabras de Remo Carlotto, aseguró que “no es una opción electoral, es una decisión constitucional”.

Luego de una breve presentación, le dio el micrófono a Gils Carbó. “El avance de las causas vinculadas con el terrorismo de Estado no está atado a la agenda de un gobierno”, explicó. Insistió que el encuentro representa “un mensaje claro” sobre el valor de los juicios y fue una de las voces que sostuvieron que las reuniones no deben “distanciarse”. En ese contexto, expuso las dos dimensiones que muchos entienden que tiene este encuentro: primero, la de coordinar soluciones de los problemas surgidos en la tramitación de los juicios, y segundo, el carácter simbólico que funciona como mensaje a los operadores de la Justicia para transmitir que los juicios de lesa humanidad están en la agenda. “Por eso –dijo–, cuando estas reuniones se han distanciado en el tiempo también tienen un efecto de debilitar ese mensaje y hasta se genera el riesgo de que algunos sectores refractarios piensen que hay alguna posibilidad de volver a antiguos vicios”, señaló. En esa línea, habló de las “voces que se alzan desconociendo los compromisos que ha asumido la República Argentina a nivel internacional, que viene cumpliendo con toda transparencia y efectividad y que han convertido a nuestro país en un modelo para la región y para el mundo”.

Alak señaló que la política de derechos humanos es la “más valorada” del país. Figueroa dijo que esto es un “imperativo constitucional”. Y Vázquez, que detalló el estado de concursos y demoras, fue la única que introdujo explícitamente un diálogo con los que estaban en la plaza. “Nadie discute hoy que esto fue una dictadura cívico-militar, eso no está en discusión”, explicó. Y señaló que quienes estaban enfrente esperaban una decisión de parte de ellos, que tenían que dar un mensaje claro sobre el compromiso de avanzar también con las causas “que implican a los civiles”.

Afuera, mientras tanto, había comenzado un acto. “La causa Blaquier es una causa emblemática, con connotaciones sociales para el pueblo jujeño pero también para el resto del país –leían los organizadores–: por el poder económico y político de la empresa Ledesma y por el sojuzgamiento colonial que ese emporio económico ejerce sobre sus trabajadores y el pueblo.”

Entre los presentes, se había acercado Alfredo Mérida, ahora de 61 años, pero detenido y desaparecido durante las Noches de Apagones en Ledesma. “Estar acá me produce una gran emoción porque hace mucho que no veía las fotos de mis compañeros”, decía con los ojos con lágrimas, este hombre que vive en la Villa 31 de Retiro desde que llegó escapando del miedo que le provocaba seguir viviendo en Libertador General San Martín. “Ojalá que se haga justicia y que la Justicia actué como tiene que actuar sobre el responsable máximo, que es el dueño del Ingenio.” Entre los que comenzaron a salir del Palacio de Tribunales, cerca de las seis y media de la tarde, estuvo Carlotto. “Hicimos un pronunciamiento acerca de que los juicios por lesa humanidad son una política de Estado o sea –aclaró– disipar cualquier idea de que esto puede detenerse o ir para cualquier otro lado que no sea continuar y seguir trabajando y que la Comisión trabaje sobre su rol de ayudar a destrabar todos los inconvenientes. Quedó una mesa trabajando sobre la agenda que se trazó para el día de hoy.”

La mesa de trabajo continuó en actividad. Para muchos de los que estuvieron en el encuentro marcó ejes importantes. Las organizaciones habían dicho más temprano que seguirán atentas a los acontecimientos. Y probablemente alertas, en un camino que renueva la decisión de volver a la calle “para que estas causas no se difuminen en el tiempo”.