El juez federal Alejo Ramos Padilla procesó con prisión preventiva a cinco ex miembros de la Triple A de Bahía Blanca investigados por 22 homicidios cometidos antes del golpe de Estado y, además, le prohibió la salida del país a Néstor Luis Montezanti, el ex presidente de la Cámara Federal bahiense suspendido la semana pasada por el Consejo de la Magistratura. Imputado por sus vínculos con la Triple A, por un secuestro seguido de tormentos en 1977 y por su actuación en el Destacamento de Inteligencia 181, Montezanti no se presentó a ninguna de las tres citaciones a indagatoria y tampoco dio indicios sobre su voluntad de ajustarse a derecho. Ramos Padilla recordó en su escrito el antecedente de Otilio Roque Romano –ex presidente de la Cámara Federal de Mendoza que huyó a Chile cuando el Consejo se aprestaba a suspenderlo–, destacó los “sobradamente probados” vínculos del abogado con los servicios de inteligencia, su capacidad económica para sustraerse de la Justicia y la necesidad de “neutralizar toda posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación”.

La investigación de los crímenes de la Triple A bahiense, que tuvo como caras visibles al diputado Rodolfo Ponce y al rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu, fue impulsada por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia. Ramos Padilla dispuso ayer los primeros cinco procesamientos. A Raúl Roberto Aceituno lo imputó como parte de la asociación ilícita y por el asesinato de David Cilleruelo, en abril de 1975 en un pasillo de la UNS, donde Montezanti dio clases hasta el mes pasado, cuando el Consejo Superior lo suspendió por “falta de ética” y decidió iniciarle un juicio académico. El segundo procesado es Héctor Oscar Chisu, alias Ginebra, que también formó parte del destacamento de inteligencia. Los otros tres son Osvaldo Omar Pallero, Héctor Angel Forcelli y el ex corredor de speedway Juan Carlos Curcio.

Los fiscales pidieron la prohibición de salir del país para Montezanti hace dos semanas, luego del tercer faltazo a declarar invocando excusas inconsistentes y amparado en los fueros que impiden ordenar su detención. Ramos Padilla lo declaró entonces en rebeldía e informó al Consejo. Tras el plenario del jueves último, cuando por amplia mayoría el organismo dispuso el inicio de un jury de enjuiciamiento, los fiscales advirtieron que se había acrecentado “el peligro procesal” y reiteraron el pedido. El juez repasó en el escrito los delitos en juego, las reiteradas inasistencias del acusado, recordó que la “rebeldía” se revocaría automáticamente si Montezanti se presenta a declarar pero que “no ha demostrado ni informado si efectivamente en algún momento comparecerá a estar a derecho”. Destacó que entre los viejos buenos vínculos sobresale el coronel José Osvaldo “Balita” Riveiro, condenado en Francia por su actuación en el Plan Cóndor y prófugo de la Justicia, y recordó que la propia Corte Suprema de Justicia destacó que no deben “menospreciar(se) a las estructuras de poder” a las que pueden recurrir imputados con vínculos con los servicios de inteligencia de la dictadura, como Montezanti.