El juez federal Sebastián Casanello ya investiga al periodista y ex candidato a diputado macrista Fernando Niembro y a su socio Atilio Alberto Meza por lavado de dinero. Ambos eran dueños de La Usina Producciones SRL, la empresa que recibió 20 millones de pesos en contratos irregulares con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sin estar siquiera registrada como empleadora, es decir, sin tener ningún trabajador.

El magistrado hizo lugar a un pedido del fiscal Ramiro González, quien impulsó la causa en base a una denuncia realizada por los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos –Procelac– Carlos Gonella y Milton Khaski. Como primeras medidas, Casanello solicitó información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y al Banco Central, para que comuniquen si Niembro, Meza o su empresa son titulares de cuentas bancarias o plazos fijos. El juez reclamó también, en base a un protocolo que se activa en las investigaciones por el delito de lavado, informes sobre posibles propiedades de los imputados como inmuebles, autos, barcos o aviones. Al ente recaudador de la provincia de Buenos Aires, ARBA, pidió datos sobre la deuda que La Usina Producciones registraría ante esa agencia, y a los Hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata, que manifiesten si los imputados son titulares registrales de stud o boxes.

La Procelac también había denunciado a los funcionarios porteños Horacio Rodríguez Larreta –jefe de Gabinete y jefe de Gobierno electo–, Carolina Stanley –ministra de Desarrollo Social–, Gabriela Reybaud –ministra de Salud– y Pablo Facundo Gaytan –secretario de Comunicación Social– por los delitos de incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y administración fraudulenta. Gonella y Khaski habían pedido que el posible lavado de dinero y el hecho de corrupción que lo habría posibilitado fueran investigados en el mismo expediente, pero el fiscal González impulsó solo la causa por lavado que involucra a Niembro y a su socio. Los funcionarios seguirán imputados en la pesquisa que tiene el juez de instrucción Roberto Ponce, quien ya hizo procedimientos en oficinas del Gobierno de la Ciudad.

La investigación preliminar de la Procelac, a la que se sumó documentación que aportó la legisladora del Frente para la Victoria Gabriela Alegre, se inició luego de que se conocieran los contratos irregulares entre la empresa de Niembro y la administración macrista.

“Nos hallamos frente a un universo de 164 contrataciones adjudicadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de La Usina Producciones por un monto total de 19.473.878,80 pesos en el marco de las cuales nunca se acudió al mecanismo de licitación pública”, explicó al momento de hacer la denuncia la Procelac. Los fiscales señalaron que la contratación directa sólo debe ser aplicada en circunstancias excepcionales que están reguladas y que ninguna de ellas se aplica a los contratos entre la empresa fundada por Niembro y el gobierno porteño. “Salvo que se hubiere considerado como servicio esencial e impostergable, por ejemplo, la realización de una encuesta y/o el reparto de folletería”, lo cual, no pareciera serlo”, aclararon.

González, al pedir las medidas a Casanello, detalló que la Procelac consideró la posibilidad del lavado de activos a partir de una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Unidad de Información Financiera (UIF). Por ejemplo, el 25 de abril de 2013, el Banco Ciudad (que paradójicamente es uno de los dos únicos clientes de La Usina, junto con el Gobierno porteño) reportó a Meza por haber recibido 8 transferencias por un monto total de 630.763,11 pesos provenientes todas del GCBA. Se agregó que “el nombrado se encuentra registrado como firmante” de otra cuenta corriente “a nombre de La Usina Producciones la cual recibe también transferencias de la Cuenta Unica del Tesoro, sin presentar documentación que respalde los movimientos registrados ante el pedido que oportunamente le efectuó la sucursal” y señaló que “la documentación obrante resulta insuficiente para justificar las operatorias, siendo retiradas grandes sumas de dinero en efectivo”. El banco informó que “ante la falta de respuesta por parte del cliente, con fecha 26 de noviembre de 2014 le envió bajo la misma consigna una carta documento que fue devuelta sin ser recibida por ‘domicilio incompleto’, habiendo sido remitida a la última dirección declarada, la cual también figura en los registros de AFIP y en informes comerciales”.

Los fiscales de la Procelac también constataron que mientras se encontraban en plena ejecución los contratos entre La Usina y el gobierno de Mauricio Macri, Meza y Niembro incorporaron a sus respectivos patrimonios diversos autos de alta gama (un Audi Q5 en 2012 y otro igual en 2015 el primero y un Mercedes-Benz A12 el segundo), información que, destacaron “no resulta para nada despreciable atento a la hipótesis de lavado de activos que se baraja”.

Hay otras irregularidades destacadas en la denuncia de la Procelac. Por ejemplo, que La Usina registra su inicio de actividades en mayo de 2012 “en una casi perfecta y exacta sincronía con la data en la que se le adjudicaron los primeros contratos por parte del GCBA”, que la empresa no se encontraba registrada como empleadora y que hay contratos que exceden ampliamente su objeto social: uno de ellos se refiere a “servicios de instalación y puesta en funcionamiento de planta para tratamiento de efluentes”. Otro es de “servicio de higiene urbana”. “Resulta llamativo que una consultora dedicada a la publicidad, sin empleados contratados, realice este tipo de trabajos o prestaciones”, dijeron los fiscales.

Luego de que se conocieran las irregularidades que involucran al gobierno porteño y los contratos de La Usina, Meza, que ocupaba el puesto 13 entre los suplentes en la lista de diputados bonaerense, anunció que declinaría su postulación. Niembro, que encabezaba esa lista, resistió algunos días más, pero, finalmente, el miércoles pasado bajó su candidatura.

Desde el PRO buscan acotar el escándalo a Niembro y a su socio y aunque este expediente judicial quede circunscripto a ellos, el delito de lavado no pudo haberse producido sin un hecho ilícito anterior que es el que involucra a los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que está siendo investigado en otra causa.