La Sala I de la Cámara Federal confirmó que la investigación sobre supuestas irregularidades en contrataciones de hotelería de la empresa Hotesur, que maneja el Hotel Alto Calafate y pertenece a la familia presidencial, debe tramitar en el juzgado de Daniel Rafecas, quien fue sorteado para intervenir después del desplazamiento en el caso de Claudio Bonadio. El tribunal, en el voto de dos de sus integrantes, señaló que aún no está claro en la causa qué es exactamente lo que se investiga y que Rafecas deberá ocuparse de precisarlo. De lo contrario, advirtieron, existe el riesgo de convertir el expediente en una “excursión de pesca”, “inaceptable en un Estado de Derecho”. Esta es la tercera vez que un tribunal rechaza que la causa tramite en Comodoro Rivadavia, algo que reclamaba el empresario Lázaro Báez, dueño de la operadora turística Valle Mitre, investigada por el alquiler del Hotel Alto Calafate y el pago de habitaciones aunque no fueran ocupadas. Lo mismo pedía Romina Mercado, presidenta de Hotesur y sobrina de la Presidenta; también Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en su inmobiliaria de Río Gallegos; y Antonio Ramos, presidente de Credisol. El fallo de la Cámara Federal porteña tiene tres votos distintos, aunque los de Jorge Ballestero y Eduardo Freiler son coincidentes en el razonamiento. Ambos plantean que no está claro qué se investiga. “¿Es posible establecer a quien corresponderá el desarrollo de una investigación cuando a este tiempo aún no se comprende con claridad qué es lo que debe investigarse?”, planteó Ballestero. A su entender, Rafecas deberá “superar las deficiencias” de la investigación para contar “con una plataforma fáctica lo suficientemente sólida”. Según Freiler, hay “ausencia de una hipótesis delictiva concreta”. Farah sostiene que sí está claro qué se investiga y que eso lo estableció el fiscal al señalar la presunta contratación falsa de plazas o habitaciones.