Un grupo de ex soldados que pasaron la guerra de Malvinas apostados en el continente comenzó a levantar en la Plaza de Mayo un refugio de ladrillos para reclamar que el Estado los reconozca como veteranos del conflicto bélico y les pague la pensión correspondiente. La obra fue frenada por la Policía Federal, que se llevó de la plaza los materiales de construcción, pero generó una polémica entre la Ciudad y la Nación sobre quién era el responsable de intervenir. Por la noche, los manifestantes accedieron a desarmar las paredes que habían llegado a las seis hileras de ladrillos.

El sitio elegido por los ex soldados para hacer la construcción fue el mismo donde acampan desde hace siete años y medio. En medio de la plaza, a media mañana, un camión descargó cemento y ladrillos huecos, con los que los acampantes comenzaron a levantar una estructura de unos cuatro metros de ancho por cuatro de largo.

“Estamos acampando hace 2780 días; si nos vamos a morir acá, por lo menos que tengamos un lugar digno donde no pasemos frío o calor”, argumentó el líder del campamento TOAS, Tulio Fraboschi. TOAS es la abreviación de Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, donde los reclamantes estuvieron destinados durante el conflicto. Se trata de ex soldados que no estuvieron en las islas sino en las bases aéreas de la Patagonia.

La Ley 24.892, que reguló el otorgamiento de las pensiones de ex combatientes, estableció como requisitos para cobrarlas haber estado en Malvinas y haber entrado efectivamente en combate. Por esto, los llamados “soldados continentales” no las recibieron. En el largo conflicto que mantienen con el Estado, hay causas judiciales en curso y a raíz del acampe hubo también conversaciones con el Ministerio de Defensa.

“Nos corresponde porque estuvimos en el TOAS, esto está probado ante el ministerio y no hay ningún impedimento para que nos reconozcan”, aseguró Luis Giannini. Sin embargo, el presidente de la Comisión Nacional de Ex Combatientes, Ernesto Alonso, salió al cruce de los acampantes y aseguró que “no son ex combatientes porque no estuvieron en Malvinas”. Giannini señaló que decidieron frenar la construcción “porque el comisario trató de hacer un nexo con el Ministerio de Defensa y nos prometió que van a seguir trabajando en nuestro reclamo”. La Federal, que tenía la orden de frenar la construcción de manera “pacífica”, se llevó además los ladrillos.

Pero la situación generó tensiones entre los gobiernos de la Ciudad y la Nación. El jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le exigió al gobierno nacional que “actúe” porque “el reclamo es con ellos” y agregó para reforzar que “en la seguridad de la plazaparticipa la Federal” y no la Policía Metropolitana. En los tribunales porteños adelantaron que se denunciará a la Federal por no desalojar a los manifestantes. La acción sería impulsada por la fiscal Verónica Guagnino, por violación a los deberes de funcionario público, ya que a su criterio la fuerza “podría haber actuado de oficio”.

Desde el Ministerio de Seguridad nacional, sin embargo, recordaron que la Corte Suprema homologó un acuerdo entre la Nación y la Ciudad en el que se estableció que el procedimiento de “mediación” para desocupar los terrenos linderos al Riachuelo estará a cargo de la Ciudad. El texto sirvió de base para posteriores intervenciones, en las que se procedió de esta manera: “La Federal fija un cordón de contención y la Metropolitana, auxiliar de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, interviene”, concluyó la fuente.