El Tribunal Oral Federal Número 1 de La Plata dictará hoy sentencia en el Juicio al Grupo de Tareas Nº 5, que juzga a seis ex jefes de la Armada y otros dos represores por delitos de lesa humanidad. Lo atípico de este juicio tiene que ver con que es la primera vez que se juzga el accionar de un grupo de tareas de esta jurisdicción y con que este tuvo fundamental injerencia en la desarticulación de la lucha obrera en ciudades como Berisso y Ensenada y, en menor medida, La Plata.

Aunque el hecho de que las listas de desaparecidos permanezcan incompletas hace imposible determinar un número preciso, la fuerte concentración de estudiantes y obreros alrededor de estas tres ciudades implicó una proporcional represión que hizo de esta área geográfica uno de los sectores más duramente castigados. Exclusivamente a partir de los casos denunciados, el porcentaje de desaparecidos por profesión fue, en orden decreciente, 30 por ciento de obreros, 21 de estudiantes, 18 de empleados y 11 de profesionales. En base a estas cifras, la antropóloga Ludmila Da Silva Catela se preguntó: “¿Por qué sí un 30 por ciento de los desaparecidos denunciados eran obreros, la representación inmediata que prevalece sobre “el desaparecido” remite a un “estudiante”, un “intelectual”, o a un “periodista”, que en términos numéricos fueron los grupos proporcionalmente “menos” afectados?”. La respuesta está determinada por la desigual distribución de los medios culturales y simbólicos que, con el tiempo, habilitaron cierta legitimidad social. Si bien el accionar de las fuerzas armadas no hizo distinción en la aplicación de sus métodos en función de si se trataba de obreros o estudiantes, sí hubo enormes diferencias en cuanto a cómo fueron capaces de reconstruir sus historias personales, familiares y colectivas unos y otros, en función de las clases sociales a las que pertenecían.

Las listas

El armado de las listas por parte de los familiares marca un hito en el proceso de reconstrucción posdictadura. En 1996 un grupo de familiares e integrantes de distintas organizaciones de derechos humanos se dieron la enorme tarea de organizar un homenaje a los desaparecidos y asesinados de Berisso y Ensenada. Para ese entonces ya se habían dado los homenajes a los desaparecidos de las facultades de La Plata y muchos notaron la falta de reconocimiento para con quienes no habían pasado por la universidad. “La búsqueda comenzó con listas incompletas que fuimos completando con un trabajo puerta a puerta”, relatan Sofía Caravelos (Hijos) y Cristina Diez (Familiares de Desaparecidos), que por entonces vivían en Berisso. “Fue muy duro lo que nos encontramos. En muchos casos esta gente no había hecho ni la denuncia en la Conadep, y cuando nosotras íbamos a tocarles la puerta, 20 años después, era la primera vez que volvían a escuchar hablar de su familiar desde el día del secuestro”, cuenta Cristina. “Algunos nos cerraban la puerta en la cara y otros nos atendían muy bien. Incluso nos prestaban las fotos para que les sacáramos una copia. Esos eran verdaderos tesoros porque en muchos casos era la única foto que existía”, sostiene Sofía. Es importante tener en cuenta que dentro del grupo de los que realizaron menos denuncias están los familiares de los obreros. Muchos de estos familiares temían que la denuncia pública del secuestro provocará nuevas represalias. “Fue como armar un rompecabezas. Empezábamos con un dato mínimo y tirábamos de ahí hasta que lográbamos dar con el familiar. Nos encontramos gente que vivía en la pobreza más absoluta y que, al no haber hecho la denuncia, tampoco había podido tener acceso a las leyes reparatorias”, dice Cristina.

El plan de la Marina

Con el Plan de Capacidades Comando de Operaciones Navales “Placintara”, dictado el 21 de noviembre de 1975 por el Consejo de Defensa –creado en los decretos de “aniquilamiento de la subversión” firmados durante el gobierno constitucional–, la Armada encargó a once Fuerzas de Tareas la ejecución de “operaciones ofensivas, defensivas y/o especiales contra el oponente subversivo”. Uno de los lugares considerados prioritarios para el “esfuerzo antisubversivo” fue la zona de Ensenada y Berisso, que correspondió a la Fuerza de Tareas Nº 5. La Fuertar 5 comprendía las dependencias y el personal de la Escuela Naval Militar Río Santiago, el Liceo Naval, el Hospital Naval Río Santiago, el Batallón de Infantería de Marina, el Centro de Incorporación y Formación de Conscriptos de Infantería de Marina (CCIM) y la Prefectura o Subprefectura Naval. La zona de operaciones de la Fuertar 5 incluía el polo industrial conformado por: Destilería YPF, Propulsora Siderúrgica, Astilleros Río Santiago, Petroquímica General Mosconi, Ipako y los Frigoríficos Swift, todos ellos con una larga tradición de lucha y organización sindical de base.

Los secuestros, homicidios y desapariciones en la zona se iniciaron con anterioridad al golpe de Estado, en ocasiones con intervención coordinada con la CNU/Triple A. En las horas previas al golpe de Estado, y durante los días sucesivos, la Marina militarizó las ciudades de Berisso y Ensenada, realizando detenciones masivas. La Fuertar 5 utilizó como centros clandestinos de detención la sede de Prefectura, el Hospital Naval Río Santiago, el BIM 3 y la Base Naval.

Las fábricas

Como es de suponer, la vida de las fábricas se vio notablemente afectada por la dictadura y esto repercutió enormemente en la vida de sus pobladores. Sólo en el Astillero Río Santiago hubo 44 desaparecidos; 11 asesinados; 134 despedidos por la Ley de Prescindibilidad; 299 despedidos por la Ley de Bajas de Personal por Seguridad Nacional; y la “renuncia” de 1016 trabajadores en los dos primeros años de la dictadura. Pedro Niselsky trabajaba en el astillero y fue una de las voces testimoniantes del juicio: “A mí me secuestraron el 25 de marzo de 1976 en un operativo a plena luz del día en el que también secuestraron otras 200 y pico de personas de distintas fábricas. Me fueron a buscar a mi casa, estaban con varios micros, todos uniformados. Me encapucharon y me metieron agachado adentro de un micro. Nos llevaron a la Prefectura adonde nos interrogaron y luego nos trasladaron en lancha a la Base Naval. Estuvimos en la Base cuatro días hasta que nos trasladaron a la Unidad 9 y nos pasaron a disposición del Ejecutivo”. Una vez fuera de la cárcel, Pedro intentó reingresar al Astillero pero no lo consiguió hasta que en 2006 él y 25 compañeros lo lograron.

Las partes querellantes denunciaron la inoperancia del Poder Judicial en algunas cuestiones clave: desde la lentitud en el avance de las causas hasta que se vuelve a juzgar un porcentaje mínimo de casos en relación con la cantidad de desaparecidos de la región. Sin ir más lejos, de los 44 trabajadores del Astillero Río Santiago desaparecidos sólo se juzgan cuatro casos. “La selección la hace el Poder Judicial y los criterios de imputación suelen ser bastante estrictos”, dice la abogada querellante Guadalupe Godoy. “Es necesario, para que el caso sea tenido en cuenta, que haya alguna prueba que permita determinar que fue la Marina la responsable del secuestro o la desaparición.”

Sobre la diferencia entre éste y otros juicios, Guadalupe destaca que “en Berisso y Ensenada ha habido una dificultad mucho más grande en el proceso de elaboración. Si uno ve la composición de los organismos de derechos humanos, son familiares de aquellos que desaparecieron en la ciudad de La Plata, y mayormente vinculados al movimiento estudiantil. Hay una cuestión de clase muy evidente. Por otro lado, la mayoría de los que fueron presos políticos (de las fábricas), al volver se encontraron con las dificultades propias de la clase obrera para reinsertarse laboralmente. No hay que olvidar la incidencia que tuvo todo lo sucedido en el circuito productivo de estas ciudades. Volvieron a la nada, a los frigoríficos cerrados y a las fábricas destruidas. La mayoría terminaron como trabajadores precarizados... Entonces, si bien Berisso y Ensenada quedan cerca, el juicio se hace en La Plata y hay una distancia simbólica enorme. Lo más interesante de esto es que, como sea, permite visibilizar estas distintas realidades”.