EL PAíS › OPINIóN
› Por Gabriela Diker *
Los dos candidatos presidenciales que, de acuerdo con todas las encuestas publicadas, obtendrían la mayor cantidad de votos en las elecciones del 25 de octubre, han presentado ya a quienes serían sus futuros ministros de Educación.
La decisión de Mauricio Macri no es ninguna sorpresa; en ésta, como en tantas otras áreas, se propone trasladar a los actuales funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a sus respectivas carteras en el estado nacional, bajo la convicción de que lo mejor que puede hacer es “llevar la Ciudad de Buenos Aires a todo el país”. La fórmula “ya lo hicimos en la Ciudad”, que utiliza Macri como principal carta de credibilidad, no deja de producir escalofríos. En primer lugar, porque no sabemos si con ella se refiere al desfinanciamiento de los hospitales, a las rejas en las plazas, al desinterés por el problema del hábitat, al crecimiento de la mortalidad infantil, a las contrataciones directas a empresas fantasma o al desguace de programas culturales. En segundo lugar, porque revela su desconocimiento –o su desinterés– por la heterogeneidad de los problemas y necesidades que atraviesan las distintas regiones de nuestro país y su distancia con las problemáticas propias de la jurisdicción más rica de la Argentina y la única enteramente urbana. En todo caso, nos permite anticipar que si Esteban Bullrich llevara al nivel nacional las políticas educativas porteñas, lo que encontraríamos es disminución del presupuesto educativo, subejecución del presupuesto en infraestructura escolar, incremento de subsidios a la educación privada, organismos descentralizados de evaluación de alumnos y docentes, medición de resultados y rankings meritocráticos como política excluyente de mejora de la calidad, descuentos a docentes para estudiar en universidades privadas (como los que ofrece el gobierno porteño para estudiar en la UADE o en la Universidad Di Tella), sistemas de inscripción online que dejan sin vacante a miles de niños y adolescentes, por mencionar sólo algunas de las medidas que ya se han implementado en la ciudad de Buenos Aires.
En contraposición, la decisión de Daniel Scioli de presentar a Alberto Barbieri como su principal referente para el área de Educación, sí resulta sorprendente. Aunque en ningún medio se termina de confirmar si Barbieri será o no quien ocupará el ministerio de Educación, que Scioli lo haya elegido para exponer los ejes centrales de la política educativa que se propone impulsar en los próximos cuatro años nada menos que en el programa de televisión en el que presentó parte de su gabinete, parece indicar que prefiere al rector de la Universidad de Buenos Aires por sobre otros “ministeriables” con amplia trayectoria en la conducción de políticas educativas que también lo acompañan.
En cualquier caso, la presentación “oficial” de Barbieri en un programa televisivo abre algunas incógnitas sobre la orientación de las políticas educativas en general y de las políticas sobre el sistema universitario, en particular, que se impulsarían en los próximos años.
En relación con estas últimas no podemos dejar de preguntarnos cuál será, por ejemplo, la posición de Barbieri en relación con los derechos laborales de los trabajadores docentes, habida cuenta de que retiró a la UBA de la negociación del convenio colectivo de trabajo de los docentes universitarios, manifestando, además, que no lo van a aplicar. O, cuáles serán las políticas y lineamientos comunes que desplegaría sobre el conjunto de las universidades el rector que, con su ausencia sistemática a las asambleas del Consejo Interuniversitario Nacional, expresa su desinterés por la conformación de un “sistema universitario” que en conjunto responda a las necesidades de educación superior de todo el territorio nacional.
Incógnitas todavía mayores se abren en relación con las políticas que impulsaría sobre el conjunto del sistema educativo. En este caso, ni su amplísima y reconocida trayectoria académica en el campo de la administración, especialmente en el sector Salud, ni su larga experiencia en distintos cargos de conducción política dentro de la UBA (recordemos que fue Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Vicerrector y desde el año pasado Rector), nos habilitan a sacar ninguna conclusión apresurada sobre la orientación de su futura gestión sobre un sistema que abarca desde el nivel inicial hasta la educación superior, que se organiza en diversas modalidades y regímenes, que se gobierna en el marco de un sistema federal, que concentra más de un millón de trabajadores y se dirige al conjunto de la población de niños y jóvenes de todo el país. El nivel secundario podría quizás ser una excepción dado que se trata de un nivel en el que la UBA acumula una larga tradición. Claro que en este caso las incógnitas se convierten en preocupaciones. Tratándose del nivel educativo que concentra mayor complejidad y sobre el que se vienen sosteniendo políticas dirigidas a garantizar el derecho universal a la educación secundaria, es pertinente preguntarse qué orientación seguirá quien conduce la universidad que sostiene y defiende los colegios más selectivos y elitistas del país bajo un principio político que contrapone, de manera evidente, la calidad y la inclusión.
Los que conocemos las formas de elección de autoridades en las universidades nacionales y las características del gobierno universitario, sabemos que no existe una relación necesaria entre las capacidades de conducción de una universidad nacional y la capacidad de definición y conducción de políticas educativas de semejante complejidad. Como rectora de una universidad nacional me veo obligada a recordar que se puede ser un gran rector (y podría mencionar muchos excelentes rectores en el sistema universitario argentino), incluso de la “universidad más prestigiosa de Iberoamérica”, sin conocer en profundidad las discusiones, las problemáticas específicas o las políticas implementadas a nivel nacional e internacional sobre cada uno de los niveles educativos o en cada una de las 24 jurisdicciones.
Por supuesto, nada de esto significa que Barbieri no pueda llevar adelante el compromiso que Scioli ha manifestado con la educación pública. Sólo plantea demasiadas incógnitas que, para quienes confiamos en ese compromiso, deben ser despejadas.
* Doctora en Educación, rectora Universidad Nacional de General Sarmiento.
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