El canciller Héctor Timerman y el ministro de Justicia Julio Alak denunciaron que la audiencia pública que se hizo ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar la “situación de la independencia judicial en Argentina”, a pedido de un grupo de organizaciones a las que vincularon con fuerzas de la oposición, fue “una burda operación político-mediática para interferir en el proceso electoral” a dos días de las elecciones presidenciales. En este contexto, y debido a que el tema planteado estuvo presente en la campaña, Timerman pidió a comienzos de esta semana que se suspendiera el encuentro, algo que no fue concedido. El canciller no sólo cuestionó a las ONG sino la CIDH: “No acompaña los procesos democráticos en América –dijo– con la misma sabiduría, convicción y criterio” que tuvo al “promover la defensa de los derechos humanos durante las dictaduras cívico-militares que asolaron el continente”. El ministro Alak, por su lado, anunció que se plasmó una “forma encubierta de violar el Código Electoral” y que, por lo tanto, pedirán la intervención de la Justicia de ese fuero.

La audiencia había sido pedida por Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Unidos por la Justicia y Cippec. Timerman envió una carta al director ejecutivo de la Comisión, Emilio Alvarez Icaza Longoria, en la que le planteaba que recibió la noticia de la convocatoria a la audiencia con “perplejidad” y que el Estado argentino la considera “inaceptable, inadmisible e improcedente”. Le señaló como un dato conocido que las organizaciones en cuestión “actúan como voceros de operadores políticos con intereses electorales” y que eso se le debería “escapar a la comisión”.

El canciller acusó a las ONG de querer utilizar una herramienta que brinda el sistema interamericano para introducir un debate político en plena veda electoral con propósitos “alejados de los nobles fines que inspiraron su creación” y que le CIDH, al aceptarlo, estaría “interfiriendo en un debate político interno”. Tanto en la carta enviada como en la conferencia que dio ayer a la tarde, Timerman precisó los nexos políticos de cada organización: la diputada del PRO, Laura Alonso, fue directora ejecutiva de Poder Ciudadano, antes de ser candidata; Germán Garavano, ex fiscal general porteño y referente del mismo partido es director académico de Unidos por al Justicia; a Alvaro Herrero lo vincula como asesor de Sergio Massa e integrante de Poder Ciudadano; Alejandro Carrió, abogado del grupo Clarín, es vicepresidente de la ADC; Nicolás Ducoté, subsecretario de asuntos públicos del ministerio de Gobierno de la Ciudad, es miembro del consejo fundador de Cippec.

El canciller y el ministro de Justicia hicieron pública su postura y los datos en cuestión, cuando ayer a la tarde algunos portales de noticias, como los diarios Clarín y La Nación, comenzaron a difundir que Timerman había intentado sin éxito frenar la audiencia. Las organizaciones, de hecho, aseguraron también que allí expusieron sobre “presiones para promover la destitución del ministro de la Corte Suprema Carlos Fayt”, quien ya presentó su renuncia; la situación de las subrogancias, que ahora está regulada por una ley votada este año que le quita poder a la corporación judicial en el nombramiento de jueces suplentes y lo traslada al Consejo de la Magistratura y cuestionaron la composición de ese organismo y su “parálisis”. En relación a las suplencias, hablaron de la gran cantidad de juzgados vacantes, casi 20 por ciento. Lo que le pidieron a la CIDH es que inste al estado argentino “a disponer las medidas necesarias para garantizar la independencia de los jueces y juezas” y se refirieron especialmente los que investigan hechos de corrupción. Timerman dijo que es evidente que ninguna de estas cuestiones requerían un tratamiento urgente ni inmediato. La Argentina, puntualizó, “ha participado en más de 300 audiencias desde el año 2003 siendo esta la primera vez que se ve obligada a no presentarse”. “Es preocupante si los miembros de la Comisión no se han percatado de la clara direccionalidad política de las asociaciones peticionantes y sus objetivos político mediáticos. Sería muy grave si la Comisión decidió igualmente participar a sabiendas de la operación mediática contra el gobierno argentino (...) Todos los solicitantes de la referida audiencia actúan como voceros de operadores políticos con intereses concretos en la elección del domingo 25”. El canciller agregó que la CIDH está siendo “instrumento de intereses políticos” y de países que buscan “interferir en los asuntos internos” y que esto es por cuestiones de financiamiento, al aceptar “dinero de fuentes privadas o de países no americanos”, algo que países como Argentina cuestionan.

“El gobierno argentino –agregó Timerman– está seguro de que este penoso episodio llevado adelante por personas y medios que buscan alterar la democracia argentina no logrará su objetivo de alcanzar con este tipo de acciones empañar el camino de la democracia elegido por los argentinos.”