La AFIP detalló ayer que la suba del piso del Impuesto a las Ganancias hasta los 30 mil pesos de bolsillo tendrá un costo fiscal de 17.269 millones de pesos anuales. Casi 580 mil contribuyentes que forman parte del primer decil de ingresos dejarían de tributar Ganancias si el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, llega a la presidencia. Además, el organismo recaudador calculó que la propuesta de Scioli de devolver el IVA a beneficiarios de programas sociales y a jubilados en las compras con tarjeta implicaría que el Estado deje de recaudar 12.500 millones de pesos. Los economistas de Scioli advierten que ambas medidas incrementarían el dinero disponible para el consumo.

Si Scioli gana las elecciones, Silvina Batakis será su ministra de Economía. Otra certeza del equipo económico es la continuidad del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien difundió ayer un documento donde detalla el impacto fiscal de algunas de las promesas de campaña de Scioli.

En su presentación en el Teatro Opera de la Avenida Corrientes, Scioli dio su primera precisión económica, al prometer la devolución del IVA a las compras con tarjeta que realicen sectores vulnerables. Beneficiaría a más de tres millones y medio de jubilados que cobran el haber mínimo, 3,6 millones de beneficiarios de la Asignación por Hijo, 790 mil jóvenes que cobran el plan Progresar y 540 mil trabajadoras de casas particulares. En total, son casi 8,5 millones de personas a las que se les devolvería el IVA en las compras con tarjeta. Según los cálculos de la AFIP, la medida reduce la caja de la recaudación en 12.500 millones de pesos. Una de las claves de la efectividad de la propuesta será la bancarización de los comercios, ya que la gran mayoría por ahora acepta sólo efectivo.

En el último día de campaña, Scioli prometió elevar el piso del Impuesto a las Ganancias hasta los 30 mil pesos de bolsillo, que supone un salario bruto de 37.267 pesos. Actualmente casi 1,1 millón de trabajadores pagan el impuesto. Representa el 10 por ciento de los asalariados y el 7 por ciento de la población económicamente activa, que incluye también a cuentapropistas, trabajadores no registrados y desempleados. Por ahora el piso de Ganancias está en 15 mil pesos según el salario del período enero-agosto de 2013. Si se tienen en cuenta las dos paritarias cerradas desde ese momento a un promedio del 27 por ciento cada una, aquel contribuyente apenas afectado por el impuesto en 2013 ahora cobra un salario de alrededor de 25 mil pesos. En el caso de una persona que comenzó a trabajar después del período de referencia, rigen directamente los 15 mil pesos de piso.

La elevación del piso hasta los 37.267 pesos brutos implica que 577.400 personas dejen de pagar el impuesto, que quedaría limitado a un universo de 481.233 contribuyentes, esto es, apenas un 4,5 por ciento de los asalariados. A partir de los cambios, el Estado nacional dejaría de recaudar 17.269 millones de pesos anuales, según el cálculo de la AFIP. El aumento del ingreso disponible de jubilados y beneficiarios de planes sociales a partir de la devolución del IVA se volcaría en una gran medida al consumo. Ese efecto no está tan claro en el caso de la suba del piso de Ganancias, ya que se trata de sectores con capacidad de ahorro.

La propuesta de Scioli con respecto a Ganancias también incluye la actualización automática del mínimo no imponible a través de la fórmula que define la evolución de la movilidad jubilatoria y de las asignaciones familiares. Ese numerario es el resultado del aumento de la recaudación y de los salarios de los trabajadores y establece pautas de incremento sobre jubilaciones y asignaciones en marzo y septiembre de cada año. Desde su implementación en 2009, ha permitido una recomposición de ingresos en términos reales, con subas nominales por encima de la inflación.

La actualización del piso de Ganancias fue en los últimos años uno de los principales motivos de disputa entre el Gobierno y los gremios con organización más sólida, como camioneros, bancarios, aceiteros y metalúrgicos, entre otros. Los sindicalistas reclaman que esa variable no se modifique de forma discrecional, como acostumbró a hacer el kirchnerismo, que lo utilizó como herramienta negociadora en varias oportunidades.