Con el estado de sitio aplicado por el gobierno de Fernando de la Rúa como eje central del operativo represivo que el 20 de diciembre asesinó a cinco personas e hirió a más de cien, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en representación de las familias de esas víctimas, inició su alegato en el marco del juicio que el Tribunal Oral Federal número 6 sigue, desde hace un año y medio, en contra del ex secretario de Seguridad de aquel gobierno, Enrique Mathov, los entonces jefes de la Policía Federal y otros 13 ex integrantes de esa fuerza.

“El gobierno de Fernando de la Rúa no sólo intentó superar la crisis institucional, económica y política con negociaciones, sino también con el estado de sitio y las implicancias son conocidas”, inauguró Rodrigo Borda, a cargo de la querella unificada del CELS, que contó con la colaboración del abogado Rodolfo Yanzón, quien alegó el miércoles en nombre de un grupo de heridos por la represión aquel día. Así el CELS comenzó a argumentar las condenas que pedirá por los asesinatos de Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón, Gustavo Benedetto y Diego Lamagna y las heridas de decenas de manifestantes.

Los familiares de las víctimas presencian, desde el miércoles, los argumentos de Juan Carlos García Dietze, quien alegó en contra de los nueve policías de Asuntos Internos de la Federal acusados de matar a Márquez, quien falleció en medio de la 9 de Julio tras recibir un balazo en su espalda; de Yanzón, que alegó en nombre de un grupo de heridos por las ráfagas que dispararon aquellos mismos nueve efectivos y de Alicia Pierini, quien pidió condenas para los acusados de matar a Gustavo Benedetto desde el interior del banco HSBC.

“Gracias a nuestra insistencia y el trabajo de nuestros abogados, hoy estamos pidiendo condenas para los responsables de nuestras pérdidas. Tenemos mucha expectativa”, evaluó María Arena, viuda de Riva, junto a Marta Pinedo, viuda de Márquez y Karina Lamagna, hermana de Martín, otra de las víctimas fatales. Lamagna apuntó que “la gran deuda de la Justicia” es la ausencia de De la Rúa. “Este es un juicio grandioso, pero falta él sentado en el banquillo. Lo tenemos que escuchar por los canales de televisión hablando como si fuera un gran estadista. Es volver a matar a mi hermano”, evaluó.

Durante la introducción de su alegato, el CELS reconstruyó la primera reunión entre autoridades políticas, nacionales y provinciales, y policiales para “analizar el estado de situación” de aquellos días y “planificar los pasos a seguir”. No sería la única con este tenor, pero aquella, la primera, sucedió el 19 de diciembre en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada y contó con la participación del ministro del Interior de la Alianza, Ramón Mestre –quien murió hace algunos años–, Mathov, Santos y Gaudiero por la Policía Federal; el funcionario de seguridad bonaerense, Juan José Alvarez, y directivos de la Bonaerense.

En base a testimonios de los protagonistas, el CELS pudo entender que en esa reunión “se informó sobre el estado de sitio que aplicaría De la Rúa más tarde y se explicó cómo actuar en base a eso”, reconstruyó la querella. “El estado de sitio fue un cheque en blanco para utilizar en pos de la represión de las protestas”, insistió Borda.

Con extractos de las modulaciones de las líneas policiales, extractos de escuchas telefónicas y testimonios de efectivos que participaron del debate, así como también de los acusados, Borda fue hilando los hechos de aquel 20 de diciembre de manera pormenorizada y detallada. Las imágenes obtenidas de los canales de televisión también sirvieron de apoyatura: presencia de manifestantes en la Plaza de Mayo, incremento de efectivos policiales en la calle, la orden de desalojo de ese espacio público, dada por Mathov a Santos, que sorprendió a los efectivos que la recibieron. “‘Desalojen la plaza, quiero 50 detenidos’ ordenó Santos al cortar con Mathov”, reconstruyó Borda. Faltaban pocos minutos para las 10 de la mañana. “La orden existió, motivó a la represión y nos alcanza para la imputación que le hacemos a Mathov. Dio comienzo a una represión que sabía cómo comenzaba, pero no sabía cómo terminaría”, remarcó el abogado en representación del CELS.