El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de la Ciudad de Buenos Aires evaluará, desde esta mañana, la responsabilidad del ex agente de inteligencia de la Policía Federal Enrique López, de su esposa Carmen Saunier, y de quien fue su superior y comisario de la fuerza en Rosario durante la última dictadura, Juan Dib, en la apropiación de Pablo Athanasiu Laschan, quien fue secuestrado junto con sus padres cuando tenía seis meses. Pablo, quien había recuperado su identidad en 2013, falleció en abril pasado. Sus abuelos maternos y paternos tampoco viven, por lo que Abuelas de Plaza de Mayo es la única querellante en la causa. “Intervenimos como asociación que procura defender el derecho a la identidad, a la verdad”, apuntó Alan Iud, uno de sus abogados.

Durante 30 años, López y Saunier criaron a Pablo en el marco de la mentira de que era su hijo biológico. Sus verdaderos padres, Angel Athanasiu y Frida Laschan Mellado, habían nacido, crecido y militado en Chile, de donde huyeron en 1974 hacia Argentina. Pablo nació en octubre de 1975 y casi seis meses después, en abril de 1976, fue secuestrado junto a sus padres. Se cree que permanecieron detenidos en el centro clandestino Automotores Orletti un tiempo; Angel y Frida permanecen desaparecidos. Sus familias biológicas nunca dejaron de buscarlos. En 1982, Abuelas de Plaza de Mayo radicó la denuncia por la apropiación de Pablo en el juzgado de María Servini de Cubría, que luego fue ratificada por su abuelo materno. Pasaron tres décadas; los abuelos maternos y paternos de Pablo fallecieron en el camino, sin poder conocerlo. La causa judicial avanzó cuando el joven buscado se convirtió en el nieto número 109 identificado por Abuelas de Plaza de Mayo.

Según la acusación elevada por el fiscal que concluyó la instrucción, Leonel Gómez Barbella, López y Saunier recibieron a Pablo de manos de Dib, y lo inscribieron como hijo propio con fecha de nacimiento en enero de 1976.

Desde las 10 de hoy, los tres comenzarán a responder por delitos que prevén penas de entre 8 y 15 años de prisión: la ocultación y retención de un menor de 10 años, falsificación ideológica de documento público y alteración de su estado civil en diferentes grados de participación. Por esta causa, López permanece encerrado en el penal de Marcos Paz; Dib goza del régimen de prisión domiciliaria y Saunier fue excarcelada tras sufrir un ACV. El Tribunal Oral 5 debería definir hoy su situación respecto del juicio oral.

El proceso judicial, que se extenderá por al menos seis audiencias, es “tristemente particular”, indicó Iud. Casi un año después de recuperar su verdadera identidad, Pablo se suicidó. Su muerte, no obstante, no implica la extinción del delito que durante casi cuatro décadas sus apropiadores y el presunto apropiador cometieron en su contra y en la de su familia. “Su apropiación y los documentos falsos para hacerla se cometieron desde el 76 hasta agosto de 2013. Lo que sucede después no tiene relevancia jurídica o penal”, explicó el abogado de la asociación, quien también destacó “el compromiso de Abuelas con la familia materna de Pablo, sobre todo, de la que no quedan sobrevivientes”.