La Sala I de la Cámara Federal ordenó iniciar una investigación contra el juez Claudio Bonadio cuyo avance había intentado evitar el fiscal Guillermo Marijuán. El juez había sido denunciado por otro fiscal, el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac), Carlos Gonella, quien consideró ilegal que le prohibiera la salida del país en una causa donde le imputó violación de secretos por la difusión de un dictamen. El fallo del tribunal de alzada es durísimo con Marijuán y anula su dictamen: “Parece ignorar –señala– el régimen normativo vigente en materia de inmunidades, el que para mayor perplejidad (...) resulta ser el fruto de una larga lucha mantenida por aquel organismo al que el doctor Marijuán pertenece, orientada a garantizar nada menos que la independencia y autonomía funcional del Ministerio Público”.

Carlos Gonella había denunciado a Bonadio por violación de fueros, abuso de autoridad y prevaricato a raíz de que el juez le prohibió la salida del país porque no se había presentado a prestar declaración indagatoria, después de cuatro citaciones, ya que consideraba que no estaban dadas las garantías necesarias. ¿Por qué, primero, Bonadio quería indagar a Gonella? Porque lo había denunciado una jueza, María Gabriela Lanz. Ella estaba señalada en una causa de narcotráfico donde su pareja, Valentín Temes Coto, había sido condenado por narcotráfico, y Gonella difundió un dictamen que la señalaba entre una lista de personas a ser investigadas. Lo hizo por Twitter y a través de la página web del Ministerio Público Fiscal (fiscales.gob.ar). A Lanz no le gustó. Bonadio estuvo de acuerdo con ella e imputó a Gonella y también al fiscal Emilio Guerberoff.

Después que Bonadio ordenó impedir que saliera del país el titular de la Procelac, éste lo denunció.

El fiscal Marijuán, sin desarrollar argumentos, se pronunció por archivar la denuncia porque consideró que había “inexistencia de delito”. Sostuvo que los jueces tienen la facultad de impedir la salida del país cuando quieran. Le tocó intervenir al juez Norberto Oyarbide, que le hizo caso a Marijuán y archivó la presentación.

Con la apelación de Gonella, representado por el abogado Alejandro Rúa, la discusión llegó a la Cámara Federal. Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler le dieron la razón. Dijeron que Marijuán “sin mayores precisiones, rememoró la potestad genérica que el juez de instrucción detenta para dictar este tipo de medidas, pero prescindió de la circunstancia que otorgaba –a título de hipótesis– relevancia penal al caso particular: que el individuo a quien se le impuso la restricción gozaba de las inmunidades explícitamente proclamadas por el art. 120 de la Constitución Nacional y por las leyes 24.946 y 25.320”.

En un tramo del fallo los camaristas llegan a advertir que Marijuán, “además de prescindir de las circunstancias de hecho y de derecho relevantes planteadas (...), incurre en afirmaciones con un grado de desatino tal que invitan a conjeturar que ni el propio dictaminante querría –razonablemente– avalar su efectiva aplicación”.

Ahora la fiscalía va a tener que impulsar la causa y Oyarbide tendrá que avanzar.

La historia que dio origen a todo este embrollo fue la del contrabando agravado de más de tres toneladas de cocaína ocultas en cajones de manzanas, por lo que el operativo se llamó Manzanas Blancas, y casualmente la semana pasada la Sala II de la Cámara Federal confirmó la condena a veinte años de prisión contra Temes Coto, pareja de la jueza Lanz, y de otros integrantes de la banda. El impedimento de la difusión, al punto de considerarla un delito, de un dictamen fiscal que describía la maniobra y señalaba sospechosos, desafía los principios de transparencia de las decisiones judiciales que hasta impulsa la Corte Suprema. Bonadio nunca resolvió una presentación que Gonella hizo junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que señalaba que era un caso de libertad de expresión y que en la difusión no había ningún delito.