Mauricio Macri y Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema, tienen muchas cosas en común. Una es su afinidad con el “círculo rojo”, usina de alianzas políticas, judiciales y empresarias. Otra es su cercanía, al menos por momentánea conveniencia, con la UCR, y en especial con uno de sus líderes, Ernesto Sanz. El dirigente radical, quien tiene un trato asiduo con el supremo, es uno de los nombres que suenan –aunque aún no esté definido– para encabezar el Ministerio de Justicia. Los macristas que están empapados de los asuntos judiciales también tienen en común con Lorenzetti que quieren que el máximo tribunal quede con una composición de cinco miembros. El juez se siente a sus anchas con una mayor concentración de poder. A los futuros gobernantes les agrada tener una perspectiva de control sobre los cortesanos. Pero en el ala radical son conscientes de que no será fácil la discusión en el Senado, y tampoco descartan ampliar la Corte a siete integrantes. En el Consejo de la Magistratura –el organismo que elige y sanciona a los jueces– se avecina una vuelta al pasado: el PRO y sus aliados quieren que vuelva a su antigua composición, darle a la familia judicial más representantes y dominio sobre las decisiones y poner a un cortesano como presidente. De todos modos, en este plan de darle la impronta Cambiemos al sistema de Justicia, las mayores obsesiones se dirigen contra la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. “Va a ser lo más problemático”, vaticinan en la cocina PRO, ante la evidencia de que se trata de un cargo vitalicio, como el de cualquier juez, y de que lo que buscan es tener en su poder el aparato para hacer investigaciones.

Los antecedentes de Macri con el Poder Judicial en la Ciudad de Buenos Aires indican que su estrategia fue colonizar la mayor cantidad de estructuras posibles y modificar las normas a su alcance para lograr ese objetivo. Cuando tuvo la posibilidad de nombrar alguien en el superior tribunal porteño, primero modificó el decreto que asemejaba las reglas de transparencia y audiencias públicas para nombrar supremos a nivel local con las que rigen a nivel nacional e instaló un procedimiento más laxo. Trató de mantener a la candidata Daniela Ugolini, quien tuvo un sinfín de impugnaciones, hasta que después de casi un año tuvo que desistir. Como el PRO se topó con que un grupo de juzgados en lo Contencioso Administrativo fallaban con exigencias hacia su gobierno –en cuestiones de vivienda, salud reproductiva, salud mental, entre otros– multiplicó la cantidad de juzgados de ese fuero, donde designó algunos militantes de su riñón. Modificó las mayorías en el Consejo de la Magistratura local para tomar decisiones con más facilidad (las redujo de seis a cinco votos de nueve). A un juez cuyos fallos incomodaban, Andrés Gallardo, llegó a recusarlo en 700 expedientes. Al frente del Ministerio Público –en un cargo comparable al del procurador a nivel nacional– directamente designó a un diputado suyo, Martín Ocampo, impugnado por las ONG más prestigiosas del ámbito del derecho por su falta de antecedentes, igual que Yael Bendel en la asesoría tutelar.

Los cambios proyectados en las estructuras nacionales van a requerir otro tipo de acuerdos y de reparto de espacios y funciones del PRO con sus aliados, lo que explica que una de las ideas en danza sea entregar el Ministerio de Justicia al radicalismo, ya que, además, referentes como Sanz y Ricardo Gil Lavedra, entre otros, tienen amistad, diálogo y contacto con los órganos claves de Poder Judicial, como la Corte. Para el 11 de diciembre, el máximo tribunal tendrá dos vacantes: la que dejó hace ya casi un año Raúl Zaffaroni y la que quedará por la renuncia de Carlos Fayt, finalmente, a sus 97 años. Los dos candidatos que impulsó el gobierno de Cristina Kirchner, Eugenio Sarrabayrouse y Domingo Sesín, identificados con el peronismo y con el radicalismo respectivamente, no encuentran reparos jurídicos ni académicos, sino exclusivamente políticos. Como si tuvieran un vicio de origen por haber sido postulados por el kirchnerismo. Por eso, en la nueva alianza gobernante hay dudas sobre si sostener o no sus pliegos. Todo indica que es difícil que los defiendan y que impulsarán otros nombres que, según anticipan, tendrían que ser personajes intachables del Derecho sin ninguna identificación política. Gil Lavedra, precisamente, es uno de los nombres que circulan. El dice que no quiere, que está muy dedicado a la actividad privada.

Habrá que ver qué cirugía se propone el macrismo frente a una Corte donde tampoco le sobran interlocutores claramente afines. El tribunal, en estos últimos tiempos, dio muestras de alineación con cualquier asunto que lo mostrara enfrentado al Gobierno y del lado opositor. Como la declaración de inconstitucionalidad de la ley de subrogancias, la continuidad a la cautelar para que a Clarín no se le aplique la adecuación de oficio a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El fallo para que se conozca el acuerdo YPF-Chevron, no cayó bien en el macrismo porque espanta inversores. “Estamos tranquilos porque tenemos mucho diálogo con la Corte”, le dijo a este diario un operador PRO. “La Corte”, a su ver, es Lorenzetti. La cuestión de si el número de jueces será cinco o siete estaría atada a las capacidades de negociación que desarrollen las fuerzas, cuando en el Senado seguirá mandando el Frente para la Victoria.

La misma muralla podría encontrar Cambiemos cuando quiera promover una ley para volver a la vieja composición del Consejo de la Magistratura, aquella de veinte integrantes donde tenían gran dominio los jueces, la propia Corte y algunos abogados, y donde la representación política incluía a la segunda minoría. La Cámara de Diputados puede ser un lugar viable, el Senado, más complicado para proyectos rotundos. El escenario obligará a lo mismo que para el caso de la Corte: negociar, una destreza poco desarrollada en los últimos años. Poco practicada incluso dentro del propio Consejo. Una crítica de macristas, radicales y compañía es que ese organismo estuvo paralizado, y la realidad es que muchos de los concursos para jueces congelados o juicios políticos truncos se debieron a que la oposición política y los representantes judiciales bloqueaban las decisiones, impidiendo que se formaran las mayorías necesarias. Ahora, todo indica que se buscará el camino para lograr control sobre designaciones y sanciones en una visible sociedad entre el nuevo oficialismo y la familia judicial.

Macri logró llegar hasta acá procesado por espionaje pero dilatando el juicio que debía definir su responsabilidad. Muchos de los hechos por los que él o su entorno han tenido algún problema judicial tienen relación con su policía porteña. Jorge “Fino” Palacios, primer jefe de esa fuerza, con las pinchaduras de teléfono. Eugenio Burzaco logró eludir hasta ahora a la Justicia en el caso de los asesinatos en el Parque Indoamericano en 2010. Las responsabilidades penales de los funcionarios por la represión en el Hospital Borda siguen indefinidas. Los hechos son graves, los costos penales y políticos han sido mínimos. Se suman en la misma lógica casos de corrupción, como el affaire Niembro. Las estrategias judiciales han tenido aristas diversas, algunas llevan la marca de la habilidad y las redes del ministro de seguridad porteño, Guillermo Montenegro, ex juez federal. De todos modos, en tribunales existen pocos períodos exentos de los condicionamientos de tal o cual elección. Siempre hay algún hecho político que sostiene la excusa: “Mejor esperar”. Y “mejor esperar”, dicho por jueces, es aguantar para ver hacia dónde sopla el viento, o bien es un favor ante un pedido.

El aparato radical PRO está decidido a arremeter contra Gils Carbó. Parte del plan también apunta a reinstalar el poder de la vieja guardia de fiscales nombrados en tiempos del menemismo (cuando no había concursos sino designaciones a dedo del poder político), que están en funciones pero habían perdido poder, por la presencia de unidades especializadas (narcocriminalidad, antilavado, violencia institucional, entre otras) creadas por la gestión de Gils Carbó. Son fiscales que, de todos modos, se aglutinaron, por ejemplo, en la marcha del 18F, con la excusa de la muerte de Alberto Nisman, para instalar una expresión antigobierno. Como el procurador se nombra y remueve igual que los jueces de la Corte (con dos tercios de los votos del Senado), es posible que se desaten presiones contra la procuradora con expedientes pendientes, algunos vinculados –por caso– a los nombramientos de fiscales subrogantes y ad hoc. Hasta se escuchar hablar de su reemplazante, y suena el fiscal de Cámara Ricardo Sáenz, por ejemplo, un anti K mediático con grandes ambiciones.

Otra de las razones por las que el Ministerio Público Fiscal desvela a los futuros gobernantes es porque el nuevo Código Procesal Penal otorga todas las facultades de investigación a los fiscales y obliga a una nueva organización que poco tiene que ver con las históricas prácticas judiciales (empezando porque todo deberá estar expuesto en audiencias orales). Es decir, el futuro poder de acción, persecución y dominio de los fiscales es codiciado, cualquier político lo querría. La pata judicial del futuro régimen (juzgados y tribunales) será la que patalee, pero el macrismo se perfila como un interlocutor amable, y más que eso, con el sector. En teoría, la reforma procesal se debe empezar a aplicar en marzo de 2016. Por lo pronto, hay que ver si eso ocurre, a pesar de que el sistema acusatorio es el que tiene buena parte del mundo, pero Argentina solo lo tiene por retazos, en algunas provincias. Para caldear el panorama, será casi cantado territorio de disputa el área de la Procuración que se ocupa de las escuchas telefónicas, a través de la Departamento Interceptación y Captación de las Comunicaciones.

El Ministerio Público tiene la oportunidad histórica de convertirse en una estructura altamente profesional. Habrá que ver si lo dejan.