El diario La Nación saludó la elección de Maurizio Macrì con un editorial cavernícola de paradójico contenido. Titulado “No más Venganza”, ordena al nuevo gobierno poner fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad, que atribuye al kirchnerismo. También carga en la cuenta del abominado gobierno saliente la denominación de juventud maravillosa para la militancia revolucionaria del siglo pasado, que el diario equipara con los terroristas que asesinaron a un centenar de espectadores y comensales en teatros y bares de París. Además califica como vergüenza nacional que hayan muerto en prisión más de 300 detenidos por estas causas.

Son demasiadas falacias. Cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno, más de medio centenar de altos jefes de las Fuerzas Armadas ya estaban detenidos por decisión judicial, entre ellos los máximos jefes de la primera junta golpista, Jorge Videla y Emilio Massera (el tercer integrante, Orlando Agosti, había muerto seis años antes). La nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida fue dictada por la justicia federal dos años antes, debido a la persistencia de los organismos defensores de los derechos humanos, que nunca consintieron la impunidad de esos graves crímenes. “Juventud maravillosa” fue el agradecido reconocimiento de Juan D. Perón a la sacrificada militancia, armada y no armada, que en 1972 haría posible su regreso a la Argentina al cabo de casi dos décadas de exilio forzoso. Acaba de publicarse el excelente libro de Ariel Hendler 1964, historia secreta de la vuelta frustrada de Perón, que muestra el compromiso de varias generaciones con esa reivindicación fundamental del pueblo argentino. Comparar esos hechos con los atentados de París es un desatino mayúsculo que descalifica a sus autores.

En cuando a los juicios en sí, hasta ahora ha habido 522 condenados y 57 absueltos, además de 250 sobreseídos o con falta de mérito en la instrucción de los procesos. Esta proporción indica que no se trata de tribunales populares que ejercen la venganza sino de procesos regulares, con garantía del debido proceso y el derecho de defensa, a los que nadie entra condenado. Es cierto que un número de imputados tiene edad avanzada y que muchos han muerto, ya condenados o bajo proceso, lo cual no se debe a perversidad de nadie sino al largo lapso en que fue imposible avanzar en su enjuiciamiento por decisiones políticas que La Nación aplaudió. Pero el tiempo también pasó para las víctimas y sus familiares, por razones obvias y no como consecuencia de la mecánica procesal. El designado sucesor de Hitler, Rudolf Hess, murió en la prisión aliada de Spandau a sus 93 años, la misma edad que tiene ahora el Contador de Auschwitz, Oskar Gröning, quien en abril de este año fue condenado en Alemania a cuatro años de prisión. A diferencia de sus pares argentinos, reconoció su responsabilidad en los horribles crímenes cometidos y abominó de ellos.

El matutino de las familias Mitre y Saguier ha publicado muchos pronunciamientos semejantes y durante los años atroces convalidó con su silencio informativo y su encomio editorial los crímenes del gobierno que le concedió la única fábrica de papel para diarios, en asociación con Clarín y La Razón, financiada con créditos a tasa subsidiada de los bancos públicos.

Si esto era previsible, lo extraordinario ocurrió a lo largo del día. Juan Pablo Varsky en su programa de radio, Gabriel Sued, Mariana Verón, Patricio Insúa y Hugo Alconada Mon en Twitter, fueron los primeros en señalar su completo desacuerdo con el editorial del diario en el que trabajan. Con el paso de las horas este goteo se convirtió en una catarata a la que se sumaron incluso Pablo Mendelevich y Pablo Sirven. Mendelevich escribió que no compartía “ni el contenido ni el tono ni la oportunidad”. Para el redactor Diego Battle el editorial es “infame” y lo más triste fue que hubiera salido sin firma y en el primer día de Macrì como presidente electo.

Por la tarde se realizó una asamblea dentro del diario que emitió una declaración de repudio, destacando la diversidad de ideas, proyectos e identidades políticas que conviven en su redacción. Desde esa diversidad rechazaron la lógica que pretende construir el editorial “al igualar a las victimas del terrorismo del Estado y el accionar de la Justicia en busca de reparación en casos de delitos de lesa humanidad con los castigos a presos comunes y con una ‘cultura de la venganza’. Los trabajadores del diario La Nación decimos Si a la democracia, a la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y decimos NO al olvido”. Antes de la firma de las comisiones internas de prensa y gráficos y del resto de los trabajadores del diario, proclaman “Por Memoria, Verdad y Justicia”. Hasta la senadora Norma Morandini hizo saber que el editorial había tergiversado palabras suyas sobre los juicios, cuya continuidad defiende.

Algo parecido ocurrió en el Grupo Clarín hace tres años, cuando esa empresa denunció a los periodistas Sandra Russo, Nora Veiras, Roberto Caballero, Orlando Barone, Edgardo Mocca y Javier Vicente por incitación a la violencia y coacción agravada, a raíz de informes y opiniones difundidos en los medios en los que trabajan. El editor responsable Ricardo Kirschbaum y varios columnistas expresaron su desacuerdo, lo cual obligó al multimedios a retirar la denuncia que atentaba contra la libertad de expresión. La diferencia es que esta vez se trató de un movimiento colectivo con definiciones categóricas adoptadas en asamblea. Durante su transcurso los trabajadores exhibieron carteles que decían “Nunca Más” y “Yo repudio el editorial”.

El episodio es expresivo de un momento especial de la vida política del país. La mayoría de quienes fijaron esas posiciones son muy críticos del kirchnerismo, pero no por ello quedan al margen de los cambios profundos que esta década produjo en el país. Hasta la Corte Suprema de Justicia afirmó que esos juicios son irreversibles porque ya forman parte del contrato social de los argentinos del siglo XXI. El propio Macrì ha comprendido que la evolución de la sociedad y lo apretado de los guarismos por los que superó al candidato del Frente para la Victoria no permiten ninguna confusión cronológica del tipo que alientan algunos obstinados partidarios de la alianza Cambiemos. El nuevo gobierno asumirá el 10 de diciembre de 2015, no el 6 de septiembre de 1930, cuando el gabinete de ministros se loteó entre los abogados y representantes de los grandes grupos agropecuarios y las principales empresas británicas en la Argentina. Tampoco se avecina el fatídico 9 de junio de 1956, cuando “se acabó la leche de la clemencia”, como celebró los fusilamientos el socialista Américo Ghioldi. Y es mejor que vayan despertando de su ensoñación quienes añoren el orden antisubversivo implantado el 24 de marzo de 1976. Todos ellos se engañan, como lo demostró ayer el nuevo mandatario al afirmar en su primera conferencia de prensa que continuarían los juicios contra los represores de la dictadura. Ninguna política que la sociedad haya asumido como propia podrá ser revertida sin una grave conmoción, como debió notificarse ayer el vocero de la nostalgia de tiempos que si la sociedad no lo quiere nunca volverán.