“Es hora de poner las cosas en su lugar”, dice el editorial con el que La Nación saludó el triunfo de Mauricio Macri. En su primer reclamo al gobierno electo, el diario apuntó que hay dos cuestiones urgentes que resolver. Una es que los acusados de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura más viejos puedan irse a sus casas bajo la figura del arresto domiciliario. Otra, que se acaben las investigaciones que involucran a civiles, sobre todo a miembros o ex miembros del Poder Judicial, expedientes que al diario centenario le parecen especialmente insoportables.

Hay algo más, que acaso sea el nudo del texto: el diario quiere que les cuenten a los jóvenes –que lo diga el Estado– que los desaparecidos “algo habrían hecho”, porque, claro, hace rato que esa explicación no se escucha desde los canales oficiales e institucionales.

Se podrían mencionar muchos ejemplos de por qué y cómo los juicios que se están realizando cumplen con todas las garantías necesarias. Entre otras cosas hay personas que resultaron absueltas, lo que significa que no hay veredictos dictados por anticipado y que sin pruebas suficientes los acusados se van a su casa. Las situaciones de salud son evaluadas puntualmente por los jueces y existe la Corte Suprema como última instancia. Pero, en general, los magistrados son proclives a garantizar los derechos de estos reos (cosa que está muy bien) por sobre la media de las garantías que ofrecen a presos comunes (cosa que está mal).

Sobre el intento por lograr el regreso de la teoría de los dos demonios o tratar de imponer que es venganza juzgar crímenes horrendos no es necesario explayarse. Es una opinión muy minoritaria dentro de la sociedad. Quedó en evidencia con la reacción de los periodistas de La Nación que, aunque el editorial refleja siempre la posición de la empresa y no la de los trabajadores, decidieron que era necesario aclararlo. Que sólo se avanzará y se saldarán las cuentas con el pasado con justicia es una afirmación que está más allá de cualquier grieta, salvo la que separa a los involucrados en delitos de lesa humanidad del resto de la sociedad.

No tengo encuestas a la mano para decir en qué porcentaje, pero me arriesgo a afirmar que muchos de los que contribuyeron con su voto a la victoria de Macri están muy lejos del pensamiento que refleja el editorial de La Nación. Las palabras del presidente electo muestran que la sociedad no tolera otra respuesta más que: “Los juicios van a seguir”.

Sin embargo, es aquí donde me quiero detener.

La periodista Marcela Ojeda le preguntó ayer a Macri en la conferencia de prensa cuál era su posición sobre los juicios a los represores y los sitios de Memoria que funcionan en lo que fueron centros clandestinos de detención. A la segunda parte del interrogante Macri ni siquiera se refirió. A la primera contestó: “La Justicia tendrá plena independencia para seguir trabajando”. La afirmación ofrece varias lecturas. La primera y más básica es que no frenarán los juicios con intromisiones en la justicia desde el Poder Ejecutivo. Bien. Pero la segunda es que no se involucrarán en los juicios de ninguna forma, porque “es un tema de la justicia”. Bueno, hay otras dos cosas para decir al respecto. La primera es que sin la voluntad política de los tres poderes del Estado estos procesos no caminan. Aun durante el kirchnerismo un sector de la Justicia fue muy refractario a estos avance y fue necesario que la Corte Suprema, el Congreso y el Ejecutivo juntaran sus fuerzas para movilizarlos. Quien no piense que buena parte de los jueces federales se manejan de acuerdo con los tiempos políticos nunca pisó Comodoro Py. Las señales importan.

La segunda cuestión es que tampoco se trata sólo de mandar el mensaje a los jueces acerca de que los juicios son importantes, se necesitan medidas concretas y recursos. Las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo permitieron que se encontraran o recuperaran documentos de distintas reparticiones estatales que sirvieron como pruebas en los juicios. El poder Ejecutivo no se “metió” en las decisiones judiciales, pero hizo su aporte para que las pruebas fueran más y mejores. El Centro de Asistencia a la Víctima de Violaciones a los Derechos Humanos acompaña a los testigos que lo necesitan antes, durante o después de sus testimonios. El Equipo Argentino de Antropología Forense trabaja junto a la secretaría de Derechos Humanos y el ministerio de Salud en la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas, que permitió identificar a cientos de desaparecidos, lo que contribuyó a dar cierta paz a algunos familiares y, otra vez, a generar importantes pruebas en los juicios. La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad promueve herramientas para, desde el Estado, contribuir a la búsqueda de los hijos de desaparecidos que aún desconocen su verdadera identidad, lo que también deriva en causas judiciales. La lista puede seguir. El punto es que no alcanza con garantizar la independencia de la justicia como si se tratara de la mano invisible del mercado. Es necesario comprometerse con políticas públicas activas que garanticen que los juicios se puedan hacer mejor y más rápido, que haya más pruebas, que los testigos se sientan seguros. No es un problema de otros (poderes). Es un tema de todos.