Mauricio Macri afirmó pocos días antes del 22 de noviembre: “... Vamos a exigir la liberación de Leopoldo López, y si Maduro no acepta, vamos a reunir a los países de Mercosur para pedir que se ejecute la cláusula democrática”. Confirmado su triunfo, volvió a ratificar estas declaraciones.

La reacción no se hizo esperar en nuestro país, pero fundamentalmente surgieron las voces de distintas funcionarios y legisladores de otros países, aclarando que la aplicación de dicha cláusula está establecida, específicamente, para golpes de Estado o peligro de quiebre del orden democrático, donde su implementación debe decidirse por consenso de los países miembros.

El próximo 6 de diciembre se realizan elecciones parlamentarias en Venezuela, con lo cual queda en evidencia que se ha montado una operación política y mediática, que incluyó la venida de la esposa de Leopoldo López.

Este dirigente de la oposición venezolana está condenado por promover el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro e instigar movilizaciones para cumplir con ese objetivo, en las cuales hubo ataques a distintos tipos de instituciones públicas e inclusive varios muertos. Leopoldo López es un golpista.

Por eso, que Mauricio Macri pida por su situación es, totalmente, contrario al espíritu y la letra de la cláusula que busca preservar el propio sistema democrático entre los miembros del Mercosur.

Esto, que en los hechos no tiene viabilidad, muestra el alineamiento de la futura política exterior argentina con la derecha norteamericana y el Departamento de Estado del gobierno de Barack Obama.

A esas declaraciones se le suman otras, donde se afirma la intención de avanzar con los Tratados de Libre Comercio (TLC) –en particular con la Unión Europea– y se expresan intenciones de acordar con la Alianza del Pacífico, con lo cual se abren enormes interrogantes sobre la impronta que el gobierno que asume el 10 de diciembre va a darle al Mercosur y otros organismos de integración regional. A esto hay que agregarle el anuncio, del futuro presidente de plantear en el Congreso la derogación del Memorándum con Irán.

Ya no es una presunción, claramente nos dirigimos, con estos anuncios, a establecer una versión actualizada de las relaciones carnales de los 90.

Es evidente que ha existido una subestimación de la capacidad de la derecha latinoamericana para resignificarse y transformarse en opción de poder institucional.

Si bien sus programas y propuestas no parecen diferir de las conocidas y padecidas décadas pasadas, es necesario avanzar en el análisis mucho más allá de diagnosticar cuándo harán eclosión o el costo para los sectores populares. De prosperar esta política macrista, se destruirá todo lo construido en términos de integración regional.

La formulación de contenidos o ideas-fuerza, que en la Argentina se sintetizó en la palabra “cambio”, y su instrumentación por los medios hegemónicos de comunicación, a lo cual se le sumó un trabajo territorial donde estos conceptos fueron trasladados boca a boca, en reuniones y encuentros a lo largo de todo el territorio nacional en los últimos años, explicitan otro modelo de trabajo de la derecha que debe ser comprendido en su real dimensión.

Es importante, también, referenciar el rol del Poder Judicial en todas nuestras naciones donde éste ha sido absolutamente funcional a las grandes corporaciones, para entorpecer o retardar la aplicación de legislaciones que expresaran la nueva situación que se vivía en cada país y la región.

Estamos frente a un escenario político, cualitativamente diferente, que necesita de la unidad, pero también de definir los alcances y características de la construcción que los sectores nacionales y populares de todo el continente hagan para enfrentar esta situación en el mediano y largo plazo.

* Director de Ideal CTA.