La agrupación Justicia Legítima advirtió que la remoción de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, “sólo se puede producir, como en el caso de los ministros de la Corte Suprema, por vía de un juicio político”. Por esto, consideró que la pretensión del presidente electo, Mauricio Macri, de que la jefa de los fiscales abandone su cargo en diciembre “sólo puede enmarcarse en una lógica inconstitucional y antirrepublicana”.

El planteo salió a responder los dichos de Macri que ayer, antes de reunirse con Cristina Fernández de Kirchner en la residencia de Olivos, confirmó que iba a pedirle a la Presidenta que le “planteara” a Gils Carbó su renuncia. “No sé qué capacidad tendrá ella de plantearlo, si entiende el concepto de allanar el camino”, dijo Macri ayer. El presidente electo agregó que el kirchnerismo “así como ha creado los periodistas militantes, ha creado los funcionarios judiciales militantes”.

En el mismo sentido, el lunes había declarado que esperaba que Gils Carbó tuviera la “dignidad” y la “generosidad” de irse de la Procuración. En rigor, fueron esas declaraciones del lunes las que Justicia Legítima comentó, ya que las otras fueron televisadas cuando el comunicado de la agrupación ya estaba circulando.

“Asistimos con estupor a las declaraciones del recién electo presidente de la Nación, que reclama la renuncia de la procuradora general. El pedido no es más que una intervención en un poder autónomo, según designio constitucional, para el que la doctora Gils Carbó fue designada con acuerdo del Senado”, indicó la organización que preside la jueza María Laura Garrigós de Rébori.

Justicia Legítima explicó que “la remoción de un funcionario de ese nivel sólo se puede producir, como en el caso de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por vía de un juicio político”. Por esto, “pretender que un cambio de gobierno autoriza la remoción de la procuradora general de la Nación sólo puede enmarcarse en una lógica inconstitucional y antirrepublicana”.

La ofensiva contra la jefa de los fiscales se acentuó en la última semana. Desde el moyanismo, en su rol de aliado sindical del gobierno PRO, los empleados judiciales que lidera Julio Piumato anunciaron un paro para el 2 de diciembre en reclamo de la renuncia de Gils Carbó. Incluso ya hay quienes son propuestos como eventuales reemplazantes, como es el caso del fiscal de Cámara Ricardo Sáenz, integrante del grupo de fiscales opositores al actual gobierno que motorizaron la marcha del 18F con la excusa de la muerte de Alberto Nisman. Elisa Carrió le sugirió a Macri a otro nombre del mismo grupo, el fiscal José María Campagnoli.

El cargo de procurador es vitalicio, como el de cualquier juez. Para ser removido, debe haber un juicio político en el que los dos tercios del Senado voten que el funcionario judicial cometió un delito o hecho de mal desempeño. Gils Carbó adelantó antes de las elecciones presidenciales que si ganaba Macri no iba a renunciar. Por esto, es posible que se desaten presiones contra la funcionaria con expedientes pendientes, algunos vinculados –por caso– a los nombramientos de fiscales subrogantes y ad hoc.

La semana pasada, en la misma línea que Justicia Legítima, 120 fiscales del Ministerio Público de la Nación expresaron su respaldo a la procuradora. Los fiscales manifestaron su “profunda preocupación” por la “indebida presión” que se ejerce sobre Gils Carbó para forzar su renuncia. “Ese tipo de conductas”, señalaron, “son un inaceptable agravio a un poder autónomo como el Ministerio Público Fiscal”.