Después de varios días de especulaciones y de la renuncia de Ernesto Sanz a ocupar el Ministerio de Justicia, cuatro radicales tendrán cargos de primera línea en el gobierno de Mauricio Macri. Dos de ellos fueron convocados más por afinidades personales con el presidente electo que por su pertenencia partidaria a la UCR. Aunque aseguran que no hubo una disputa por los cargos, el esquema que finalmente diseñó el presidente electo está bastante lejos de las aspiraciones originales de los radicales. De buscar la Jefatura de Gabinete o el Ministerio del Interior y otros lugares como Justicia y Salud, finalmente quedaron a cargo de las áreas de Defensa –para Julio Martínez–, de Telecomunicaciones –para Oscar Aguad– y de Agricultura, Ganadería y Pesca –para Ricardo Buryaile–. Ninguno de ellos es hoy un hombre con peso en la estructura partidaria como para convertirse en el articulador de la relación con el PRO. El tucumano José Cano, que se perfilaba como ministro de Salud, fue anunciado como responsable del Plan Belgrano, un programa de desarrollo para el Norte argentino.

La discusión entre el PRO y la UCR sobre la conformación de un “gobierno de coalición” quedó saldada de hecho ayer, cuando el futuro jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció el plantel macrista. No habrá coalición en el Poder Ejecutivo, como se deslizó a principios de año, apenas aprobada la conformación de Cambiemos en la convención radical de Gualeguaychú.

Las conversaciones con los nuevos funcionarios fueron en su mayoría directamente con los dirigentes. No hubo un acuerdo institucional “partido a partido”. Buryaile, de hecho, contó que recibió el ofrecimiento ayer mismo por la tarde, poco antes de la conferencia de prensa de Peña. El diputado formoseño es un representante de las patronales agropecuarias que ingresó a la Cámara baja por el radicalismo, luego de la crisis del campo. Es el único de aquella camada de ruralistas que se mantiene dentro del partido. Sin embargo, su designación está más vinculada con su relación con Macri y su trayectoria en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que con su pertenencia política.

Algo similar ocurre con Oscar Aguad. “Es más de ellos que de nosotros”, repiten en los pasillos del bloque radical cuando se menciona a El Milico. Si bien compitió tres veces por la gobernación de Córdoba en nombre del radicalismo, Aguad genera fuertes controversias al interior de la estructura radical, incluso en su provincia. Su apodo es usado por sus detractores para remarcar sus vínculos con el represor Luciano Benjamín Menéndez. Por eso se había ganado varios números para el Ministerio de Defensa. Finalmente le tocó la cartera de Telecomunicaciones, sobre la que no tiene ninguna experiencia. “Cómo no va a tener currículum para el cargo si viene siendo empleado de Clarín hace varios años”, señaló con maldad un operador radical, en alusión a sus recurrentes apariciones en ese medio. Tendrá a su cargo organismos como la Aftic, el control de la telefonía y de Arsat, la empresa estatal de telecomunicaciones.

Entre los antecedentes más controvertidos del cordobés se encuentra una causa judicial por el manejo irregular de 60 millones de dólares cuando fue interventor federal de la ciudad de Corrientes, durante el gobierno de Fernando de la Rúa. La causa prescribió y nunca fue aclarada su responsabilidad.

El Ministerio de Defensa quedó entonces para Julio Martínez. El diputado por La Rioja es ingeniero agrónomo pero encabezó la Comisión de Defensa en la Cámara baja durante varios años. Crítico de las políticas llevadas adelante por el kirchnerismo, Martínez contribuyó al triunfo de Macri en esa provincia. El radical más influyente de los cuatro tendrá un cargo novedoso. El diputado José Cano, una figura ascendente en la UCR, tendrá ahora la responsabilidad de administrar un ambicioso plan de desarrollo para el norte, cuyos detalles más concretos todavía se desconocen.