En medio de una accidentada sesión, el Frente para la Victoria, con el aporte de sus aliados más incondicionales y las bancadas del FIT, UP, Proyecto Sur y Libres del Sur, logró darle media sanción a la recreación de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) como sociedad del Estado, y a un paquete de leyes laborales que incluyen la participación de los trabajadores en las ganancias anuales empresarias en la compañías telefónicas privatizadas y los canales y productoras de televisión, la indemnización a los trabajadores de Gas del Estado, Segba y Agua y Energía –marginados del régimen de propiedad participada durante su privatización bajo el menemismo– y la expropiación del Hotel Bauen, recuperado por sus trabajadores juego del abandono de sus dueños tras la crisis de 2001. También se aprobaron otras iniciativas en las que los legisladores venían trabajando desde hace varios meses.

El grueso de los bloques opositores –que incluyó a Cambiemos (PRO, UCR y CC), el massista Frente Renovador y Progresistas– se negó a ingresar al recinto con el argumento de que se entorpecía la “transición del nuevo gobierno”. Varios diputados del Frente para la Victoria y aliados santiagueños del Frente Cívico tampoco participaron de la sesión, los peronistas riojanos que aportaron al quórum y votaron favorablemente por YCF luego se rebelaron por orden del gobernador y abandonaron la sesión y otros que no estuvieron a la hora de aportar al quórum luego se sentaron en sus bancas. Hubo que esperar cuatro horas y media para que el oficialismo volviera a reunir el ajustado quórum de 129 diputados para aprobar los proyectos.

La convocatoria de la sesión especial realizada por el FpV ya se había complicado en la previa. Los bloques que integran la alianza Cambiemos presentaron una nota para intentar impedir la sesión y arrastró tanto al Frente Renovador como a Progresistas detrás del reclamo de que sólo se abordaran temas vinculados con “transición”. El FpV ratificó la convocatoria con el eje en la recreación de YCF y varias leyes de origen laboral que tenían, en la previa, consenso mayoritario; al igual que otras iniciativas en que las comisiones legislativas trabajaron a lo largo de todo el año.

Cambiemos, el FR y Progresistas, más los puntanos que responden a Adolfo Rodríguez Saá, decidieron boicotear la sesión, no aportando al quórum y no ingresando al recinto. El FpV pudo abrir el debate con 130 diputados sentados en sus bancas, con el aporte de ocho legisladores de bloques de izquierda y centroizquierda: FIT (3), Unidad Popular (3), Libres del Sur (1) y Proyecto Sur (1), que se sumaron para respaldar el paquete de leyes laborales que se construyeron por consenso en la comisión de Legislación Laboral que encabeza el diputado Héctor Recalde. Varias de ellas, unificando propuestas de distintos bloques.

“Es una falta de respeto, no vamos a participar de la sesión”, sintetizó el jefe de la bancada del PRO, Federico Pinedo, desde el Salón de los Pasos Perdidos. “Es una falta de respeto al pueblo que acaba de votar”, agregó antes de abandonar el Palacio Legislativo, acompañado del grueso de los bloques opositores.

La recreación de Yacimientos Carboníferos Fiscales obtuvo media sanción con 129 votos a favor y ninguno en contra. El proyecto declara “de interés nacional el desarrollo de la exploración y explotación del carbón mineral y sus derivados, como recurso para la generación de energía eléctrica”, y tendrá como eje el yacimiento carbonífero de Río Turbio y la usina para producir energía al sistema interconectado nacional. “Venimos a recuperar el patrimonio nacional”, sostuvo el presidente de la Comisión de Energía y Combustible de la Cámara de Diputados, Mario Metaza (FpV-Santa Cruz), a la hora de defender el proyecto que también destina el 10 por ciento del capital accionario como propiedad participativa de sus trabajadores. Durante el debate en comisión, Claudio Lozano (UP) y Pablo López (FIT) pidieron incorporar al estatuto de la nueva empresa la prohibición de “tercerizar sus trabajos”.

La disputa que se dio a lo largo de toda la jornada dentro del bloque del FpV hizo eclosión, provocando deserciones de propios y aliados. Tres diputados riojanos que aportaron al quórum y a la aprobación de YCF se retiraron del recinto y dejaron sin quórum la sesión (ver aparte). Eran las dos de la tarde y el FpV pidió un cuarto intermedio de dos horas para intentar recuperar el número y reanudar la sesión. Luego pidieron otra prórroga, convencidos de que conseguirían reanudar la sesión con 128 diputados sentados en sus bancas. Hubo que esperar hasta casi las 18.30 para que el tucumano Isaac Bromberg ingresara al recinto y marcara en el tablero el número mágico, 129, el quórum para sesionar.

A partir de allí, en dos tramos se aprobaron los paquetes laborales y otro que incluía otra serie de iniciativas. El primero incluyó los proyectos de participación en las ganancias empresarias de los trabajadores de las compañías telefónicas surgidas tras la privatización de la telefonía estatal durante el gobierno menemista. Y otra iniciativa en el mismo sentido, que favorece a los trabajadores de los canales y productoras de televisión. También se aprobó el pago de indemnizaciones para ex trabajadores de las empresas Segba, Gas del Estado, Agua y Energía (pedido a través de intermediarios por el papa Francisco) que fueron excluidos de los programas de propiedad participada durante las privatizaciones de los ‘90. “Reconócese por parte del Estado Nacional una indemnización a favor de los ex trabajadores de Canal 13, Canal 11, Radio Belgrano y Radio Exselsior, sus herederos o derechohabientes, que hubieran tenido relación laboral vigente al 21 de septiembre de 1989”, dice el proyecto. Se sumó el “reconocimiento de una indemnización económica a favor de los ex agentes de Petroquímica General Mosconi”. Otro proyecto propone incorporar al Estatuto del Periodista el derecho de objeción de conciencia, donde se unificaron iniciativas de Recalde y Margarita Stolbizer (GEN).

También se incluyó allí la expropiación de las instalaciones del Hotel Bauen, recuperado por sus trabajadores, que declara “de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles y todas las instalaciones del hotel cooperativo Bauen”, según el proyecto del diputado Carlos Heller (PSol) con el aporte de otros bloques políticos.