A pocos días de asumir como presidente, Mauricio Macri le pidió ayer a la Justicia que lo sobresea en la causa por las escuchas ilegales, en la que está con procesamiento confirmado. El juez federal Sebastián Casanello cerró la instrucción porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos le adelantó que no colaborará con la investigación ni aportará ninguna prueba al expediente. Casanello ya sostuvo en un escrito anterior que la asociación ilícita que concretó las escuchas ilegales se armó en la estructura del gobierno que conduce Macri, al punto que el espía Ciro James estaba íntimamente vinculado al policía preferido de Macri, Jorge “El Fino” Palacios, y además James fue contratado por el Ministerio de Educación porteño sin que concurriera a trabajar. La responsabilidad del presidente electo se acrecienta con el hecho de que una de las personas espiadas era su cuñado, Daniel Leonardo, casado con la ya fallecida Sandra Macri. Sin embargo, en la causa judicial Mauricio Macri sugirió que todo fue obra de agentes de la SIDE y de una dura interna familiar en la que el protagonismo lo tuvo su padre, Franco. Casanello ya sostuvo que Macri tiene responsabilidad política, porque el espionaje se hizo en una estructura que estaba bajo su mando, pero que es dudosa su responsabilidad penal porque no tiene llamadas con el espía ni hay evidencia de una orden concreta.

Aprovechando

Los abogados de Macri, Santiago Feder y Ricardo Rosental, presentaron ayer un escrito aprovechando el viento de cola que le dio el triunfo electoral al líder de Cambiemos. Los letrados argumentaron que ya se produjeron todas las pruebas en el expediente y por lo tanto corresponde que Casanello tome una decisión que, según ellos, no puede ser otra que desvincularlo de la acusación.

El magistrado resolvió cerrar la etapa de la instrucción, lo que significa que no continuará investigando y les pidió opinión a las otras tres partes que actúan en el expediente: al cuñado de Macri, Leonardo, al familiar de las víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, que fue el espiado que hizo la denuncia inicial, y al fiscal Jorge Di Lello, que en su momento acusó al ahora presidente electo. Los tres tendrán que pronunciarse sobre las dos alternativas posibles: que Macri vaya a juicio oral o que se lo sobresea. Tras la presentación de las cuatro posturas, la de la defensa de Macri y los tres querellantes, Casanello tomará una decisión. Dado que el plazo legal de la respuesta de las partes es de seis días y se puede pedir una prórroga, parece imposible que haya ninguna resolución antes de la jura del 10 de diciembre. Hoy por hoy, todos los acusados en esta causa irán a juicio oral en 2017: sólo falta saber qué ocurrirá con Macri.

Help

Una de las últimas pruebas pendientes debía provenir de Estados Unidos. Como Mauricio Macri sugirió que la operación de espionaje fue puesta en marcha por su padre, a través de Ackerman, una empresa de seguridad del país del norte, la Cámara Federal le ordenó a Casanello que envíe un exhorto a Estados Unidos para que Ackerman conteste.

La Argentina y Estados Unidos tienen firmado un convenido de cooperación judicial. No obstante, el Departamento de Justicia de Washington rechazó el exhorto de Casanello con una movida típica: adujo razones formales. El juez entonces fue más allá. Se comunicó con el Departamento de Justicia norteamericano y les preguntó si con una nueva redacción del exhorto obtendría una respuesta. La contestación fue que era muy improbable un aporte de la justicia de Washington a esa causa. Con ese cuadro de situación, Casanello cerró la etapa de pruebas.

Final

El expediente de las escuchas telefónicas ilegales acumuló una serie de pruebas irrefutables:

• Utilizando a dos jueces de Misiones, se armaron causas falsas contra Burstein, Leonardo y otros. A todos se los vinculó en forma mentirosa con crímenes cometidos en Buenos Aires o con prófugos de esos crímenes.

• Con este ardid, los dos jueces de Misiones ordenaban que la SIDE interviniera los teléfonos de ese listado de personas.

• El espía Ciro James retiraba personalmente los CD de la SIDE, o sea, que se quedaba con el resultado de la escucha ilegal.

• Ciro James tenía vínculos con Jorge El Fino Palacios, al punto que hubo centenares de llamadas entre ellos.

• Ciro James fue contratado por el Ministerio de Educación porteño, entonces a cargo de Mariano Narodowski, por 6000 pesos mensuales de esa época, 2008. Sin embargo, los testigos dejaron en claro que James no concurría a trabajar.

Con todos esos elementos, la Cámara Federal procesó a Macri por armar y financiar un aparato de espionaje en la estructura del gobierno porteño.

Cierre

Casanello cerró la instrucción de la causa tras el rechazo de Washington y dos declaraciones de hombres con los que Macri tiene gran afinidad. Su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, declaró que la iniciativa de designar a Palacios partió de él y no de Macri, algo muy poco creíble. El presidente electo y Palacios se conocen desde 1991 y Macri, por ejemplo, lo designó jefe de seguridad de Boca Juniors.

La otra declaración favorable al líder de Cambiemos provino del ex jefe de la Federal, Adrián Pelachi, a cargo de la seguridad del grupo Macri. Pelachi afirmó que era Franco y no Mauricio quien estaba preocupado por Sandra Macri. En realidad, había una pelea familiar porque la hermana de Mauricio estaba casada con Leonardo y la familia consideraba que éste sólo tenía un interés económico. El objetivo del espionaje era exhibirle a Sandra conversaciones de Leonardo que le mostraran que le era infiel o que sólo perseguía dinero.

Política

Tanto Casanello como la Cámara Federal y la Casación dejaron en claro que bajo la órbita de Macri se armó un aparato de espionaje ilegal, financiado con dinero de los contribuyentes porteños. Para ninguno de ellos hay dudas de que Macri tiene una responsabilidad política, por cuanto Palacios era un hombre suyo, hubo una contratación irregular de James en el gobierno de la Ciudad y, para colmo, el espía cobraba y no concurría a trabajar, lo que demuestra que se le pagaba por la labor de espionaje.

Frente a ese cuadro, Macri argumentó que la ex SIDE le armó la causa porque en el inicio del expediente hubo una llamada anónima. Un desconocido –Macri alega que un agente– se comunicó con Burstein para advertirle que lo estaban espiando. En la investigación no se pudo determinar quien fue el que llamó, pero quedó en claro que la maniobra de espionaje existía. El segundo argumento del presidente electo es que James armó un aparato de espionaje privado y que fue contratado, no por él, sino por su padre, a través de la empresa Ackerman.

En medio de las turbulencias de esta causa explosiva, Casanello dictaminó en 2014 que la responsabilidad política de Macri no implica necesariamente responsabilidad penal. Esto último requiere de llamadas telefónicas entre Macri y Ciro James, que no existen, o alguna orden directa emitida por el jefe de Gobierno porteño. Desde el punto de vista del organigrama –afirmó Casanello—, los que actuaron estaba en una estructura sobre la que Macri tenía responsabilidad política. Al mismo tiempo, piensa el juez, no hay evidencia suficiente que acredite una responsabilidad penal directa. Habrá que ver si después de las presentaciones de Burstein, Leonardo y el fiscal Di Lello este enfoque de Casanello se mantiene o si opta por enviar a Macri a juicio oral, algo que resultaría inédito. No se registra en la historia un juicio oral en el que un presidente en ejercicio haya estado sentado en el banquillo de los acusados.

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