Poco sutiles en el manejo de los tiempos políticos, dos jueces federales tomaron decisiones que obligarán a Amado Boudou a volver a visitar los tribunales en los próximos tiempos. El juez Ariel Lijo dio por cerrada la investigación del caso Ciccone, por el cual el vicepresidente está procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública para quedarse con la imprenta, lo que significa que está muy cerca de ir a juicio oral. Por su lado, Norberto Oyarbide lo citó a indagatoria por dádivas que habría recibido a través del uso de vuelos privados en avión y helicóptero y tendrá que presentarse cinco días después dejar el mando, el 15 de este mes.

La causa donde se cuestionó el proceso de levantamiento de la quiebra de Ciccone alcanzó su pico de escándalo, fogoneado desde los propios tribunales, en pleno mandato de Boudou como vicepresidente. Cuando lo procesó, el juez Lijo lo acusó de haber participado de una maniobra para quedarse con la megaimprenta de billetes tras “apretar” a la familia Ciccone –en sus tiempos de ministro de Economía– para que le dieran el 70 por ciento de las acciones (ésa habría sido la coima, según esta línea). La operación se hizo, según la imputación, a través del a empresa The Old Fund, cuya cara visible era Alejandro Vandenbroele, vinculado con José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou, quienes también se habrían beneficiado. Junto con Boudou están procesados e irían a juicio ellos también, así como el ex dueño de la imprenta Nicolás Ciccone, el ex funcionario de la AFIP Rafael Resnik Brenner y el asesor de Economía Guido Forcieri. Al yerno de Ciccone, Guillermo Reinwick, la Cámara Federal le había dictado falta de mérito.

La defensa de Boudou siempre se centró en estos argumentos: que es ajeno a la compra de Ciccone; que no tuvo relación alguna con el levantamiento de la quiebra y que lo confirman funcionarios de la AFIP; que cuando este ente lo consultó ante pedido de moratoria de la empresa, no hubo nada irregular; que no hay ninguna prueba que lo vincule con los movimientos de dinero. Según Boudou, la plata provino de los banqueros Raúl Moneta y Jorge Brito. Sus abogados endilgaron a Lijo graves irregularidades procesales y dicen que hay un falseamiento de la titularidad de teléfonos y su ubicación.

La discusión por las pruebas se dirimirá en un juicio oral. Primero, de todos modos, para que el juez pueda elevar el caso a juicio tiene que expedirse le fiscal Jorge Di Lello sobre el cierre de la investigación. Puede pedir el enjuiciamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento.

La causa en la que Boudou fue citado a declarar para mitad de mes tramita hace tiempo. El fiscal Carlos Rívolo ya había pedido su indagatoria hace un año y la reiteró días atrás con un pedido de prohibición de salida de país ni bien deje la vicepresidencia.

Boudou está imputado por haber realizado una serie de vuelos gratuitos o de cortesía. Uno a Necochea, en diciembre de 2011, en un avión Learjet 60 de la empresa Alas del Fin del Mundo. Desde el aeródromo de Necochea, al parecer tomó un helicóptero de la empresa Ecodyma SA, contratista del Estado, para ir a Parque Lillo a un acto oficial. Por los datos reunidos en testimonios el viaje en avión habría sido un vuelvo de demostración porque la empresa estrenaba un avión. El viaje en helicóptero habría sido “una gauchada” a pedido del intendente de Necochea, Horacio Tellechea.

Según dictaminó el fiscal Rívolo, se habría tratado de una dádiva encubierta comparable a las recibidas por el ex titular de Transporte Ricardo Jaime, quien fue condenado por esto. Este es un expediente que está todavía a mitad de camino y al que le esperan resoluciones y revisiones en distintas instancias. El de Ciccone ya pasó por todas las revisiones y lo que determinó Lijo es que ya se agotaron todas las medidas judiciales y no hay nada más que investigar.