Un fiscal federal pidió otra citación a indagatoria del vicepresidente Amado Boudou, la segunda en lo que va de la semana. El requerimiento fue presentado por Gerardo Pollicita, en una causa por el presunto delito de falsedad ideológica de documentos públicos. Es porque Boudou habría puesto en el triplicado de su DNI como domicilio una dirección en la que no vivía, así como también en los títulos de propiedad de un auto y dos motos. El fiscal solicitó que se le prohíba salir del país después del 10 de diciembre. Por otra parte, también ayer se difundió que el juez federal Norberto Oyarbide sobreseyó a Boudou y al titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, en una causa por el presunto uso de información privilegiada en el canje de bonos de deuda pública.

A ocho días del cambio de gobierno, el fuero federal le está deparando dolores de cabeza al por mayor al vicepresidente. Esta semana, el juez Oyarbide lo llamó a declaración indagatoria para el 15 de diciembre por una acusación de recepción de dádivas, y su par Ariel Lijo dio por cerrada la instrucción del caso Ciccone, dejándolo más cerca del juicio oral.

Ayer, según confirmaron fuentes judiciales, el fiscal Pollicita agregó el nuevo pedido de indagatoria, que deberá resolver el juez Lijo. Según la acusación, Boudou habría inscripto en la vieja versión del DNI domicilios en los que nunca vivió.

El primero, en la calle Zado 3231, del barrio porteño de Villa Urquiza correspondía en realidad a la vivienda de uno de sus custodios de la Anses. Otras direcciones que, de acuerdo con Pollicita fueron fraguadas y figuran en otros DNI, son los de Berón de Astrada 2708, también de la ciudad de Buenos Aires, en realidad inexistente, y el de avenida Costanera 3365, en San Bernardo, donde hay un terreno.

Con esos datos se tramitaron los títulos de propiedad de tres vehículos, una moto BMW R 1200 GS Adventure, otra marca Harley Davidson y un automóvil Audi.

El delito imputado al vicepresidente es el de “falsificación de documentos públicos”, por la consignación de un domicilio inexistente. El Código Penal prevé condenas de uno a seis años de prisión a quien “insertare en un instrumento público declaraciones falsas”.

Pero no todas fueron malas noticias para Boudou. Durante la misma jornada se conoció que el juez Oyarbide dictó su sobreseimiento y el del titular de la Anses, Diego Bossio, en una causa en la que estaban siendo investigados por el presunto uso de información privilegiada en el canje de bonos de la deuda pública de 2010.

El expediente fue abierto por una denuncia presentada por el ex diputado Mario Cafiero por el presunto favorecimiento desde el Estado a la consultora Arcaida con información privilegiada. Cafiero sostuvo que esa información les permitió a distintas empresas saber que el Gobierno iba a reabrir el canje de la deuda y comprar bonos a precio vil.

Sin embargo, Oyarbide sostuvo que no hubo pruebas que lo sustentaran. “Sin perjuicio de haber accedido al listado de funcionarios que tuvieron conocimiento del eventual proceso de reestructuración, lo cierto es que del avance de la investigación no fue posible correlacionar que alguno de ellos hubiera utilizado la información con fines de lucro, ya sea beneficio propio o de un tercero”, sostuvo Oyarbide en su resolución.

El fiscal Carlos Rívolo ya había pedido el archivo de la causa por inexistencia de delito.

La resolución fue dictada por Oyarbide el martes, el mismo día en que el juez citó a indagatoria al vicepresidente en una causa por dádivas que Boudou habría recibido a través del uso de vuelos privados en avión y helicóptero. El funcionario deberá declarar por este expediente el 15 de diciembre, cinco días después de dejar su cargo. El nuevo pedido de indagatoria ratifica que en el fuero federal cuentan con tener al vicepresidente como un abonado a los tribunales de Comodoro Py.