El CELS solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 6 que condene al ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y los ex jefes de la Policía Federal Rubén Santos, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero a entre 4 y 5 años de cárcel por considerarlos “responsables de la conducción, coordinación e implementación de la represión policial que el 20 de diciembre de 2001 mató a cinco personas e hirió a otro centenar en los alrededores de la Plaza de Mayo. En nombre del organismo que encabeza la querella unificada de las víctimas, el abogado Rodrigo Borda los acusó de ser autores penalmente responsables del homicidio culposo de Gastón Riva y Diego Lamagna, así como de las heridas de una decena de sobrevivientes. Tras el pedido de condenas de la querella, la fiscalía comenzó ayer el propio.

El CELS enmarcó los pedidos de condena en la hipótesis con la que comenzó y culminó su participación en la investigación judicial sobre los hechos represivos de 2001: la declaración de estado de sitio de parte del entonces presidente Fernando de la Rúa como un “cheque en blanco” para que la policía reprimiera “sin control”. Para el organismo de derechos humanos, los cuatro ex funcionarios nacionales son autores de los homicidios culposos de Riva y Lamagna y de las heridas ocasionadas durante el operativo represivo a una decena de personas. “No los acusamos de ordenar a la policía que mate y hiera, sino de no prevenir las consecuencias nefastas de la represión que no solo no controlaron, sino que aplicaron e incrementaron durante ese día”, explicó Borda a Página/12. En el alegato, el CELS señaló que aquella jornada, el objetivo del Ejecutivo, desalojar la Plaza de Mayo y alrededores, “se mantuvo todo el día sin reparar en la forma desmedida en que las fuerzas de seguridad le dieron cumplimiento”. Sobre Santos, concluyó que “ordenó a sus subalternos montar el operativo de represión y se mantuvo informado de lo que sucedía, por lo que corresponde reprocharle el no haber hecho nada para restablecer el orden y hacer cesar las brutales agresiones de los agentes de la policía contra civiles desarmados”. Para la querella unificada, Andreozzi y Gaudiero “tampoco cumplieron un rol pasivo” en los ataques. Aunque las acusaciones fueron iguales para los cuatro, las penas variaron en relación con la posición que cada uno ocupó en la línea jerárquica. Para Andreozzi, a cargo entonces de la Superintendencia de la Federal, y Gaudiero, titular de la Dirección General de Operaciones (DGO), Borda solicitó cuatro años y seis meses de prisión, para el primero, y cuatro años y tres meses, para el segundo. La DGO integra la estructura de la Superintendencia; en la pirámide de responsabilidades, Gaudiero respondía a Andreozzi. El CELS solicitó, además, que se los inhabilite para ejercer cargos públicos durante ocho años.

Lo mismo ocurría con Santos y Mathov: el segundo era el jefe político del primero. Sin embargo, las penas solicitadas para ambos fueron iguales, cinco años de cárcel y diez de inhabilitación para ejercer cargos públicos. “Su rol determinante en la represión impedía hacer cualquier tipo de ponderación en su beneficio”, puntualizó el abogado del CELS.

Al cierre del alegato, Borda aseguró que las penas solicitadas fueron “las más altas que permite” el Código Penal, y criticó a la normativa por “no discernir entre diferentes deberes incumplidos: para nuestro código, una persona que mata a otra al cruzar un semáforo en rojo y otra que lo hace al incumplir sus deberes como funcionarios público nacional, en este caso el de velar por la seguridad de los ciudadanos, reciben la misma pena”, explicó. La exposición del CELS fue la última del grupo de las querellas que participan del juicio. Ayer comenzó su alegato la Fiscalía y se espera que la sentencia llegue recién el año próximo.