Luego de que el diputado macrista Pablo Tonelli definiera como una “decisión tomada” el relevamiento de la procuradora general Alejandra Gils Carbó y que desde el entorno del presidente electo deslizaran incluso la posibilidad de hacerlo a través de un decreto, desde distintos sectores salieron a respaldar la continuidad de la procuradora. Organismos de derechos humanos de Bahía Blanca, La Pampa y Santa Fe se pronunciaron a favor de continúe en el cargo Gils Carbó y rechazaron todo intento de “remoción compulsiva”, porque sería inconstitucional y afectaría el avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad. “La procuradora fue elegida para su cargo casi por unanimidad del Senado y de acuerdo con la Constitución Nacional, y sólo es posible su remoción a través de un juicio político perfectamente fundamentado”, señaló una declaración de organismos bahienses como la APDH, H.I.J.O.S. y Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, junto al Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, entre otras entidades. Para los firmantes del documento, “es relevante que quienes se dicen defensores de las instituciones y la República hablen de una remoción compulsiva de la funcionaria, cuando no es injerencia del Poder Ejecutivo dicha acción”. A su criterio, este intento de desplazamiento “pone en juego a la Procuración de la Nación, conllevando la obstaculización y freno de los juicios de lesa humanidad y el avance en el enjuiciamiento a los civiles gestores y partícipes de la dictadura genocida”. Por su parte, el ex senador y referente del Movimiento Nacional Alfonsinista-Forja Leopoldo Moreau explicó que a Gils Carbó “la quiere echar el narcotráfico, la narcocriminalidad y algunos intereses corporativos” con el fin de “colonizar las fiscalías” que investigan la complicidad policial y judicial en estos flagelos. “Nos tenemos que preguntar quiénes la quieren echar a Gils Carbó, son los intereses corporativos por los resultados que obtuvo en la labor que llevó adelante”, dijo Moreau, y pidió que el resto de las fuerzas políticas “se alejen de estas maniobras para no quedar pegados”. En tanto, Eugenio Zaffaroni, juez de la CIDH y ex ministro de la Corte Suprema, sostuvo que la procuradora general Alejandra Gils Carbó “tiene las mismas garantías” que un integrante de la Corte, por lo que sólo se podría remover mediante un “juicio político, se trata de un cargo vitalicio hasta los 75 años, como marca la Constitución”.