Lun 01.12.2003

EL PAíS  › OPINION

Ciudad y pensamiento noventista

Por Ariel Schifrin *

Realistas, pragmáticos y posibilistas, prevalecieron tras dos décadas de continuidad constitucional acercando hasta nuestras narices la frontera de las posibilidades de la política. Vicisitudes de la relación Estado y mercado aplazaron el debate sobre la inserción de la ciudad de Buenos Aires en un proyecto de país. Durante la transición democrática de la década del ‘80, la esfera de las demandas sociales fue restringida en nombre de la gobernabilidad, en los ‘90 fue olvidada al paso de una modernización estatal sesgada hacia el interés de la acumulación económica más concentrada. La crisis de legitimidad evidenciada por los cacerolazos hace dos años, hoy se avizora como una bisagra interpuesta por el sentido común mayoritario. Antes, aquella retirada de las políticas públicas a favor del reinado de los mercados. Después, el inicio de la recuperación de la actividad política que “desde arriba” impulsó el presidente Kirchner.
La impronta del pensamiento único impregnó agendas y estilos de gestión pública locales. Un concepto en boga, la buena administración, apropiado para aplaudir o criticar el aseo del espacio público y el rellenado de baches, enmascaró la ausencia de horizontes de la vida urbana, amputando el sentido cultural y civilizatorio de las políticas estatales.
En primer lugar, las metrópolis renunciaron a hacer política económica además de administrar correctamente las cuentas. En nombre del equilibrio fiscal restringieron su actividad económica a lo meramente subsidiario del sector privado. Con el sobrante se encomendaban obras de infraestructura urbana a contratistas habituados a invertir sin riesgo que, además, eran usuarios de esas mejoras. Como gestos significativos, pero aún periféricos de un modelo de gestión económica local, el Banco Ciudad ofrece líneas de créditos blandos a las pymes y cada año se destinan 17 millones de pesos a la promoción del empleo. Si se adecuara la ejecución de los 4000 millones de pesos del nuevo presupuesto anual, ¿podríamos fomentar el desarrollo local articulando el conjunto de la inversión en materia social, los esfuerzos privados y los recursos comunitarios? Aun sin alterar el esquema tributario, la ciudad puede favorecer una redistribución más justa del ingreso. En segundo lugar, la despolitización municipal contactó con el furor antiestatal deviniendo en la exageración del papel de las organizaciones no gubernamentales, sostenes del tejido social. Si bien los partidos políticos no supieron detener el deterioro de lo público y su vaciamiento conceptual, hubiera sido impensable su reemplazo por representaciones parciales de la vecindad o lobbies sectoriales. Rastreando en aquel apoliticismo gerencial podemos hallar razones de nuestra demora en la sanción de la ley de Comunas. La expansión de la política hacia la base de la sociedad no supone un aumento del gasto fiscal. Lo atestigua la tendencia mundial a la descentralización política de las grandes ciudades, que han hecho más eficiente la inversión pública al establecer prioridades barriales más precisas, como sucede con el Presupuesto Participativo y el control social.
La descentralización porteña lleva implícita una modernización del aparato estatal de signo contrario a la reforma nacional de los ‘90. Significa desconcentrar en los barrios recursos de gestión a favor del vecino, preservando para el gobierno central funciones estratégicas como la salud, la educación, el planeamiento y la obra pública, la gestión ambiental y la política tributaria. Estas ejercen una discriminación positiva: equilibran el desarrollo urbanístico, crean ciudadanía allí donde campea la exclusión social y evitarán asimetrías entre las Comunas. La reciente contienda electoral porteña se planteó en términos de modelos de gestión. La oportunidad del jefe de Gobierno y de la nueva coalición que lo acompaña, se cifra en plasmar la decisión política de la mayoría ciudadana en una mueva agenda de acciones concretas.

* Diputado electo de la Ciudad de Buenos Aires y secretario de Descentralización y Participación Ciudadana (GCBA).

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