Captura de pantalla de la edición web de este diario.

El bloqueo a la edición digital de Página/12 “es un tema de derechos humanos ya que a través de una interferencia técnica se restringe la libertad de expresión, es como si se interfiriera el acceso al papel en un medio impreso”, señaló Luis Lozano. “Ninguno de estos acontecimientos pueden ser evaluados fuera de contexto. Es llamativo que suceda en la semana del cambio de gobierno”, opinó Santiago Marino. Lozano y Marino son dos destacados especialistas en derecho a la información que alertan sobre las implicancias de los ataques informáticos contra este diario.

“Es necesario que haya una respuesta, tanto social como en el Poder Judicial. Esperamos que el tema tenga, al menos, el mismo tratamiento que el que hubo cuando el Grupo Clarín alertó sobre la interferencia de su satélite”, expresó Lozano, coautor junto a Damián Loreti de El derecho a comunicar. En 2009, Artear denunció interferencias en sus señales, lo que provocó, entre otras cosas, pedidos de informes de legisladores y una investigación judicial. El expediente luego se cerró porque se comprobó que se había tratado de problemas de un amplificador de un satélite de la empresa Televisa. “Las interferencias a Página/12 son un tema de libertad de expresión, sobre todo en este contexto en el que hay cada vez menos voces críticas al gobierno”, completó Lozano.

Marino, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, aseguró que a causa del ataque informático “el medio ve limitado su soporte para difundir su contenido, y los lectores porque se ven imposiblitados a acceder a él, sobre todo en lugares en los que Página/12 no se distribuye, como en el exterior. Por lo tanto afecta el derecho a la información. Es difícil de demostrar si el objetivo es el de cercenar la línea editorial. Pero es llamativo que se produzca en la semana del cambio de gobierno”.

Justamente, el ataque se inició el jueves pasado y se mantiene hasta ahora. Los expertos lo consideran uno de los más grandes de los registrados en la Argentina, tanto por su prolongación en el tiempo como por su potencia, y la Procuración inició una investigación para determinar la procedencia y el mecanismo concreto del ataque.

Las medidas tomadas por este diario y sus proveedores lograron que a pesar de la continuidad del ataque, una parte importante de los lectores pueda tener acceso a su edición digital. A ese esfuerzo, se sumó ayer el de Telefónica de Argentina, la empresa que según los especialistas dispone de las capacidades técnicas para mitigar el daño provocado y avanzar en la identificación de los posibles responsables.

El Centro Pen Argentina se unió al reclamo para exigir a las autoridades competentes el esclarecimiento de los hechos. La organización que nuclea en todo el mundo a escritores en defensa de la libertad de expresión recordó que el sitio web de este diario sufrió un ataque de origen desconocido, que se materializó en una multiplicación exponencial de visitas fantasma que se volvieron permanentes, con un tráfico hasta veinte veces superior al habitual que el servidor no puede soportar. “Urge tomar medidas drásticas al respecto para que un caso semejante no vuelva a ocurrir y que todas las publicaciones argentinas puedan ser leídas en el mundo entero”, afirmó la organización a través de su comisión directiva integrada por Luisa Valenzuela, Jorge Torres Zavaleta, Carlos Gamerro, Gabriel Seisdedos y David Jacobson.

La Comisión de Derechos Humanos de Trenque Lauquen se sumó a los organismos de derechos humanos que durante estos días hicieron llegaron su solidaridad y preocupación al diario. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, reclamó el jueves “una solución inmediata” del ataque. Una exigencia también compartida por Eduardo de la Serna, en representación de los Curas en Opción por los Pobres.