El nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, escuchó amablemente y tomó nota de la agenda de los organismos de derechos humanos, sin mostrarse espantado por nada. El encuentro se realizó a pedido del ministro en el simbólico predio de la ex ESMA y sin temario. Garavano manifestó el compromiso por la continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, mostró coincidencias en términos generales sobre varios ejes, pero el dato político más significativo –constantemente presente en el diálogo– fueron las posturas divergentes en torno de la continuidad de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Sin abandonar las buenas formas, Garavano dijo a los organismos que ella no puede quedarse y que le están pidiendo que dé un paso al costado. Ese planteo, sin embargo, se encontró con una foto: pese a posicionamientos en ocasiones distintos, los integrantes de los organismos de derechos humanos volvieron a pronunciar en bloque y en forma unánime el apoyo a la procuradora.

“Fue una reunión amable, distendida”, explicó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Garavano “tuvo su sonrisa en forma permanente, pero también su severidad bien clara de no bajar lo que quiere hacer”, afirmó sobre el punto Gils Carbó. “Hubo coincidencias en casi todo, con algún agregado, pero insisto en que lo más candente y es a lo que se resistió permanentemente fue lo de Gils Carbó”, dijo.

El encuentro se hizo en el predio del Sitio de Memoria de la ex ESMA, en el edificio destinado a la Secretaría de Derechos Humanos que ahora ocupará Claudio Avruj. Garavano realizó allí su reunión de gabinete, un encuentro a puertas tan abiertas que en ocasiones pareció que entraron los que quisieron entrar. La convocatoria no fue menor. El espacio logró reunir a las organizaciones históricas. Hubo integrantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, HIJOS, la APDH, el MEDH, Serpaj, CELS, la Liga y Abuelas. También estuvo la Comisión Provincial por la Memoria.

La reunión empezó a las 10.25 y terminó cerca de las 11.45. Garavano se mostró dispuesto al diálogo. Dijo que llegaba para conocer “deseos, inquietudes y necesidades”. Señaló que iba a haber próximos encuentros. Los presentes reconocieron “buena cintura política” y lo vieron dispuesto a mostrar una señal de “urbanidad”. Tomó notas. Avruj casi no habló. Y el ministro mostró coincidir en temas generales. Buena parte de los presentes entendieron el encuentro como la apertura de un espacio de interlocución. Cada organismo tuvo ocasión de mostrar su agenda de trabajo y de preocupación. Pero también escucharon la tajante posición respecto de Gils Carbó.

Sobre la procuradora, los organismos explicaron que no hacen una defensa de su persona, sino de sus políticas y de la agenda del Ministerio Público Fiscal. Una posición que no sólo incluyó una política de los juicios de lesa humanidad, explicaron, sino también trabajos en violencia institucional o trata entre otros con dictámenes muy importantes.

Garavano mostró su cintura: todo bien, se puede seguir adelante con esas políticas, pero sin ella. Volvió a decir lo que viene diciendo: que tiene que dar un paso al costado. Explicó que el ministerio público está partido y que tienen que encontrar un candidato de consenso. También habló de la reforma penal. Y se puso técnico en alguna explicación que algunos vieron como un camino de despolitizar la discusión de fondo. El abogado Beinusz Smuckler le dijo que la postura iba en contra de la ley. “Si desean remover a la procuradora por juicio político, háganlo por juicio político. Lo que no se puede es presionarla o pedirle dar un paso al costado”. Garavano, sin embargo, insistió. Habló del fiscal José María Campagnoli. “Campagnoli tuvo un trato institucional”, le recordó el abogado. Habló también el CELS. Y Estela de Carlotto. “Si ustedes dicen que van a respetar lo que la Justicia dice con los juicios –dijo–, la Justicia también dijo que la procuradora es inamovible.” Garavano dijo que eso no estaba tan claro “técnicamente”. Pero también aclaró que no harían un proceso de destitución ilegal o ilegítimo.

Pero el centro del encuentro también revisó otros ejes políticos. Uno de ellos, fueron las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. “Yo, que estaba al lado –contó luego Carlotto–, hice una especie de primer saludo, festejar el proceso democrático, ellos ahora son los representantes, pero dije que en un pequeño documento los organismos ya habíamos dicho que no bajábamos nuestras banderas de Verdad, Memoria y Justicia y que además queríamos saber qué iba a hacer el Estado en el tema derechos humanos.”

Varios hicieron este mismo planteo. El CELS explicó que para la continuidad de los juicios no alcanza que un presidente diga que dejará actuar a la Justicia porque durante estos años fueron sumamente importantes las políticas integrales del Estado, para lograr avances y sostener el proceso de justicia. El Programa de Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia o el Centro Ulloa de asistencia a las víctimas se mencionaron como parte de esas políticas. También, las políticas de persecución a los prófugos. Para los organismos, el compromiso del Estado también importa porque contiene otros sentidos como el mensaje político y de legitimación hacia el Poder Judicial y hacia la ciudadanía.

Garavano tomó nota de estos puntos. No explicó cuál será su política, pero aseguró que estaban ahí porque habría una continuidad en los juicios. La discusión, en todo caso, se preguntó una de las presentes, será cómo, con qué políticas de Estado y con qué presupuesto.

HIJOS habló de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos en espacios como la Provincia de Buenos Aires, con escasos querellantes y donde la presencia estatal es importante. Abuelas habló de la Conadi. Se habló del Equipo Argentino de Antropología Forense. Y de la preocupación por mantener los sitios de Memoria, más allá de distintos lugares del país y que necesitan presupuesto.

También se abrió la agenda de violencia institucional. La Liga y el CELS plantearon preocupaciones sobre este eje con el antecedente del Indoamericano en la Ciudad de Buenos Aires. Recordaron que la Secretaría de Derechos Humanos tiene un peso importante a la hora de definir políticas, como mensaje desde el Ejecutivo hacia instituciones como el Servicio Penitenciario o la Policía. José Schulman de la Liga planteó la necesidad de discutir la ley antiterrorista. Esto formó parte de una serie de pedidos que incluyó en un comunicado de la Liga que leyó en medio de la reunión, él mismo sorprendido, no sólo porque pudo ponerle hasta tono de plaza. Sino porque Garavano le pidió el comunicado, y se mostró dispuesto a discutirlo.

El único punto que el ministro respondió de modo ambiguo en esta agenda –además del desacuerdo rotundo sobre Gils Carbó– fue sobre la protesta social. Los organismos pidieron continuar con la política de no represión. Pero el ministro dijo que había que discutir acuerdos para que las protestas no generen más violencia.