El Frente para la Victoria volvió a ratificar ayer en el Congreso su unidad en el rechazo a las medidas tomadas por Mauricio Macri en la primera semana de su presidencia. Como anticipó Página/12, los senadores del peronismo difundieron un duro documento en el que rechazan el nombramiento por decreto de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte Suprema y advierten que no aprobarán los pliegos de nadie que asuma ese rol sin pasar por el escrutinio de la Cámara alta. Por su parte, los diputados del kirchnerismo convocaron a un acto esta tarde frente al Parlamento para protestar contra el avance por DNU contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y “en defensa de la institucionalidad”.

Más de 80 diputados, del total de 97 que componen la primera minoría de la Cámara, participaron ayer de la conferencia de prensa en la que el jefe de bloque, Héctor Recalde, comunicó lo decidido luego de cuatro horas de reunión. “Quien gana con el voto popular tiene que adecuarse a los preceptos democráticos”, sostuvo el abogado, que además de convocar a una manifestación contra las primeras medidas del macrismo dijo que se están “analizando las responsabilidades civiles y penales” que les cabrían al Presidente y a los dos jueces nominados si siguieran adelante con el nombramiento. En la bancada no descartan la posibilidad de avanzar, incluso, con un juicio político.

El avance del gobierno nacional contra la LSCA y el nombramiento de los supremos funcionó para coaligar el bloque del FpV en la Cámara baja, que había tenido roces en las últimas semanas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Uno de los diputados salteños que asistieron a la jura de Macri, contraviniendo la decisión de la bancada de ausentarse, ayer tras la conferencia de prensa destacó la “coincidencia unánime” de todo el peronismo “al avasallamiento de la Constitución Nacional”. Por su parte, el sanjuanino José Luis Gioja destacó la conformación de un “espacio plural” que se identifica con “el general Perón, Eva Perón, el compañero Kirchner y la presidenta”, en referencia a CFK.

Esta tarde, los diputados peronistas participarán desde las 17 de la convocatoria en Plaza del Congreso “en defensa de la institucionalidad”. Es posible que los senadores también se sumen a la protesta, y que se haga una lectura en conjunto del documento confeccionado el martes y difundido ayer a última hora, en el que rechazan la decisión de nombrar jueces de la Corte en comisión porque “no garantiza la imparcialidad e independencia de los magistrados, ni la estabilidad de los mismos en sus cargos, ya que desempeñarán sus funciones en forma provisoria”.

En ese texto, los senadores del FpV aseguran que van a “rechazar el pliego de toda persona que asuma, en comisión, el cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la aplicación del artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional” y le piden a Macri que “reconsidere su decisión y que reencauce las designaciones, dando inicio al procedimiento previsto” en la Carta Magna para subsanar las vacantes en el máximo tribunal. El salteño Rodolfo Urtubey ayer calificó como “insólito” que “haya un juez de la Corte que asuma de forma provisoria y que esté sometido a un plazo y a una condición futura”.

Los legisladores peronistas, además, evalúan distintas alternativas en caso de que el Poder Ejecutivo no dé marcha atrás con los nombramientos. Entre las opciones que se barajaron ayer en la reunión del bloque de diputados, y las que se discutieron un día antes entre los senadores, está la de comenzar el proceso que lleva a un juicio político contra Macri y los jueces que acepten asumir sin pasar por el Congreso. También se verá si estas acciones constituyen en algún caso un delito penal y podría haber denuncias en ese sentido ante la Justicia.

También se habló de la posibilidad de que, si el Presidente no convoca a sesiones extraordinarias (todos, desde 1983, lo hicieron luego de asumir), el Congreso se autoconvoque para conformar la comisión bicameral que debe controlar la validez de los decretos de necesidad y urgencia y hoy no está en funcionamiento. Si bien no existe ningún antecedente histórico de una medida así, y su validez constitucional es discutible, los memoriosos recuerdan que no es la primera vez que se propone: en 2001, una iniciativa similar fue sugerida por la entonces diputada Cristina Fernández de Kirchner, aunque no prosperó.