En medio de la lluvia de críticas de todos los sectores políticos y del ámbito del Derecho a las designaciones por decreto y en comisión de dos jueces de la Corte Suprema, Mauricio Macri retrocedió varios casilleros después de una reunión con el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, en la que acordaron postergar la jura de Horacio Rosatti y de Carlos Rosenkrantz. “Jurarán en febrero y el Congreso decidirá si los confirma, pero nos pareció importante darle a la Corte rápidamente la capacidad de trabajar como corresponde”, dijo ayer el propio Macri. La explicación oficial es que de esa manera harán también que se cumpla el procedimiento del decreto 222, que fija un período de quince días para que la ciudadanía pueda presentar avales e impugnaciones ante el Ministerio de Justicia. Lo evidente es que de este modo desactivan una polémica que estaba en vías de expansión y que terminaría con los nombramientos cuestionados en tribunales en pleno anuncio de medidas económicas.

Lorenzetti había dicho que les tomaría juramento a los nuevos jueces, pero que no se pronunciaría sobre el método utilizado por el gobierno de Macri, a través de un decreto y sin pasar por el Senado, que tendrá hasta el 30 de noviembre del año que viene para aprobar los pliegos o desecharlos. En la intimidad de la pequeña Corte actual, la reacción inicial fue de espanto, pero disimulada, aunque hay funcionarios supremos que creen que Lorenzetti conocía el plan macrista de antemano. Como recordaron muchas voces dentro y fuera del máximo tribunal, los supremos tienen dicho, en un fallo de este mismo año, cuando anularon la lista de conjueces del Poder Ejecutivo, que el cargo de juez de la Corte exige la aprobación de una mayoría dos tercios del Senado. La mayoría kirchnerista en esa Cámara pidió que se cumpla el procedimiento constitucional y del decreto 222/03: esto incluye la publicación de antecedentes (que se hizo ayer), la apertura del período de impugnaciones, el pase a la Comisión de Acuerdos del Senado, con un nuevo período para impugnaciones y avales y audiencias públicas, más la aprobación con dos tercios. Las críticas también estaban dentro de Cambiemos.

La reunión entre Macri y Lorenzetti fue ayer al mediodía en la Casa Rosada y cumplió la función de intentar enfriar lo que adquirió tono de escándalo. Trascendió muchas horas después. El Presidente defendió después su decisión, aunque ya había dado un poco de marcha atrás. Dijo que la Corte, ante la salida de Carlos Fayt, está en una situación precaria para funcionar. “El trámite de aprobación y debate que tiene que haber en el Congreso lleva su tiempo. Entonces el presidente tiene una facultad que es nombrar en comisión”, insistió en su idea ya publicada en el Boletín oficial.

El resultado de la reunión fue explicado en dos comunicados: uno del Centro de Información Judicial de la Corte y otro del Ministerio de Justicia. Llamativamente ninguno de los dos aclaraba que la jura sería en febrero. El primero dice que la Corte necesita integrarse rápido pero que “aparece como prudente realizar las incorporaciones en un momento de plena actividad judicial (...) el Poder Ejecutivo ha decidido efectuar rápidamente el trámite previsto en el decreto 222/03 para que los pliegos de los candidatos propuestos sean tratados por el Honorable Senado de la Nación”. El CIJ agrega “que todo ello sin perjuicio de la plena vigencia del decreto 83/2015” (nombramientos en comisión) “como la vigencia de la ley 26.183 que prevé la composición de la Corte Suprema de Justicia en cinco miembros”. Sostienen la vigencia de los nombramientos y aclaran que la Corte es de cinco, después de recibir comentarios de que podría ser ampliada. El comunicado de Justicia dice que el lunes comienza el período de impugnaciones para que los pliegos vayan “al Senado”.