El presidente de la Corte dice que no le consultaron el método, solamente los nombres. Y después se pregunta “¿qué iba a hacer?”, “¿negarles la entrada?” No parece el mismo Ricardo Lorenzetti que con tanto desparpajo desafió al gobierno kirchnerista cuando dijo que la Corte podía trabajar perfectamente con los tres miembros y un lelo que tenía. Ni parece el mismo Lorenzetti que declaró inconstitucional la norma que permitía al Consejo de la Magistratura designar jueces subrogantes.

El sentido común diría que si le consultaron los nombres, también lo hicieron con el método. Ni el gobierno recién asumido, ni los abogados propuestos se iban a arriesgar a un desaire cortesano. Y si alguien se guía por los antecedentes de los nuevos magistrados, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, concluiría que fue lo más parecido a una negociación “yo te doy, vos me das”. Rosatti, hombre de Lorenzetti, Rosenkrantz, hombre de Clarín y de Macri.

Si tuviera que elegir con quién negociar entre el Senado y Lorenzetti, obviamente Macri elegiría negociar con Lorenzetti. El único obstáculo sería si el magistrado se opusiera por cuestión de principio ya que la Constitución no le otorga ninguna prerrogativa para esta función, las que sí son exclusivas del Senado. No hubo ningún planteo de principio. El artículo de la Constitución usado por Mauricio Macri es una excusa tan frágil que ningún otro gobierno democrático lo había usado antes. Pero allí están las designaciones de Rosatti y Rosenkrantz respaldadas por los mismos hipócritas que decían defender la independencia del Poder Judicial. Ni la Asociación de Magistrados, ni la conducción del Colegio de Abogados o la agrupación Será Justicia o los fiscales menemistas de la marcha de los paraguas dijeron esta boca es mía. Les parece perfecto que el Ejecutivo se saltee al Congreso para designar a dedo a dos jueces del máximo tribunal. Cualquier cargo que se le haya hecho al gobierno saliente por estas cuestiones empalidece frente al avasallamiento del Legislativo y el Judicial que implicaron estas designaciones de Macri.

El mismo fiscal Ricardo Sáenz, el vicepresidente de la Asociación de Magistrados que exhibía en su despacho una foto autografiada del presidente Carlos Menem, y que, cuando le convino defendió la estabilidad del cargo de procurador general, ahora es el candidato a reemplazar a la procuradora Alejandra Gils Carbó cuya estabilidad no defiende. Gils Carbó se ganó el odio de Clarín cuando emitió un fallo contra la unificación de Cablevisión con Multicanal en 2007, en cambio Sáenz es secretario general de Certal, la entidad de lobby que sostienen las operadoras de cable, entre ellas el Grupo Clarín. El multimedio, que fue el gran elector de Macri, ha reclamado lugares estratégicos del Poder Judicial sobre el cual siempre tuvo una gran influencia. Ya se sabe que el estudio de Rosenkrantz defendió a Clarín frente a los planteos de desmonopolización de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que varios de los nuevos integrantes de la oficina antilavado también están relacionados con el multimedio a través del estudio Marteau y la Fundación en Investigación e Inteligencia (Finin). La frutilla del postre es la designación en el Instituto de Cine del encargado de negocios del área de cine (Patagonik) de Clarín.

Los que votaron contra la ley de medios decían que Clarín no tenía posición dominante en el mercado audiovisual. Lo que está confirmando el gobierno macrista –integrado casualmente por todos los que votaron contra la ley de medios– es que no solamente tiene esa posición en el mundo de la comunicación. De la misma manera autoritaria y anticonstitucional que quieren avanzar contra Gils Carbó para reemplazarla por un hombre de Clarín, lo están haciendo con el titular del Afsca –el órgano de aplicación de la ley de medios– Martín Sabbatella.

Solía ser un tema abstracto al que la mayoría no le prestaba atención. Pero la ley de medios fue una de las más discutidas durante un año en universidades, asambleas, movimientos sociales, sindicatos y asociaciones profesionales. Se convirtió en un tema sensible. Mucha gente comprendió que el control de la información es una forma de poder que incide en forma determinante en los destinos de la sociedad, y que cuando ese control está concentrado no es democrático, con lo que la democracia deja de ser tal. El 9 de diciembre se hizo una concentración espontánea en la Plaza de Mayo en defensa de esta ley que busca democratizar la información. No hubo partidos ni movimientos porque fue convocada por las redes. Hubo más personas que en la asunción del nuevo presidente pero esa concentración fue ignorada por la mayoría de los medios. El jueves se hizo otra y muy masiva en Plaza Congreso, esta vez convocada por diferentes movimientos y agrupaciones y también fue ignorada. Hubo una orden especial en la mayoría de los medios para no cubrir esta movilización, al punto que no había móviles de ningún canal de televisión de aire o de cable.

Toda esta agitación alrededor de la ley de medios se originó en declaraciones del milico Aguad. El gobierno de Macri creó un Ministerio de Comunicación y designó al mando al radical de derecha Oscar Aguad, apodado, “el milico”, algo así como nombrar a Miguel del Sel embajador en Panamá, lo cual, como dicen las redes, ameritaría que Pablo Avelluto declarara la emergencia cultural. Aguad anunció que la ley de medios no se aplicaría durante este gobierno porque fue concebida solamente “para aniquilar a medios como Clarín”. La designación del “milico” pareciera tener solamente ese objetivo y, en retribución, la corporación mediática hará la próxima campaña de Aguad a la gobernación cordobesa. La patoteada contra la ley de medios y Sabbatella provocó unas movilizaciones que nadie había previsto a esta altura del año sobre esta cuestión.

En el medio hubo una gran cantidad de personas muy inteligentes que antes protestaban porque tenían obstáculos para conseguir dólares a diez o 13 pesos y ahora aplaudieron una medida por la que nunca más podrán hacerlo y solamente los podrán comprar a 14 o 15 pesos, lo cual podían hacer también antes. Esta nueva categoría política de votantes “mediotizados” festejó la devaluación que hizo subir un 40 por ciento al dólar porque el macrismo y los medios concentrados se la vendieron con el rótulo marketinero de “levantar el cepo”. Los mediotizados van a sufrir como cualquier hijo de vecino el rigor de los precios y se van a acordar con vergüenza del festejo por la “liberación del cepo”. Esa medida va a generar una protesta que nadie podrá calificar de “kirchnerista”, porque habrá de todo, incluyendo a muchos “desmediotizados”.

Esa protesta es la que teme el Gobierno y ya mostró que no la tolerará como hacía el kirchnerismo. La semana que pasó hubo un gran despliegue policial en la Plaza de Mayo y durante el acto del jueves por la ley de medios, una gran cantidad de efectivos, hidrantes, motociclistas y toda clase de vehículos, se instaló en los alrededores de Plaza Congreso. Y hacían sonar sirenas en forma constante para amedrentar a los manifestantes. No hubo incidentes, pero las protestas por la carestía de la vida no suelen ser igual de tranquilas. El Poder Judicial y la corporación mediática han sido dos preocupaciones fundamentales esta semana para el macrismo, lo cual indica que serán dos de sus herramientas fundamentales para gobernar y para hostigar a críticos y adversarios. Constituyen dos ámbitos donde tiene presencia mayoritaria. La devaluación mostró también que el otro respaldo, junto con la corporación mediática, serán las corporaciones económicas. El despliegue policial, por ahora meramente disuasivo, permitió entrever otra pata del modus operandi del gobierno macrista.