El jefe de Gabinete, Marcos Peña, reveló ayer que el Gobierno y el Poder Judicial preparan un “protocolo de protesta social” para hacer frente a los reclamos que comenzaron a surgir en respuesta a las medidas de ajuste y los tarifazos anunciados y por venir. Sin aportar mayores detalles, Peña adelantó que el Gobierno busca “previsibilidad y reglas claras” para enmarcar las protestas callejeras y piquetes.

El anuncio llega al cumplirse la primera semana de gobierno, que ya tuvo concentraciones masivas en Plaza Congreso y Plaza de Mayo (en apoyo a la ley de medios) y varios cortes en autopistas y avenidas céntricas de la Capital, como lo hicieron ayer los trabajadores de Cresta Roja y Techint (ver páginas 4/5). “Las protestas son legítimas, pero no pueden afectar la libre circulación”, dijo el jefe de Gabinete en lo que fue la definición más concreta sobre cómo piensa afrontar los reclamos el nuevo gobierno.

El secretario del Consejo de Seguridad Interior, Gerardo Milman, precisó a Página/12 que el protocolo aportará “canales de diálogo más fluidos” entre los manifestantes y las autoridades que deben resolver los conflictos, y que se ofrecerán “lugares específicos para mediatizar” las protestas, lejos del tránsito. Para Milman hay “dos derechos en pugna” durante los piquetes y movilizaciones, el de quienes se manifiestan y “los ciudadanos que deben trasladarse”, por lo que el protocolo tratará de “garantizar ambas prioridades”.

Milman, que trabaja bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, descartó que el Gobierno esté trabajando bajo la hipótesis de saqueos para las fiestas, aunque admitió “preocupación, dado que es una historia repetida cerca de fin de año” y aseguró que el ministerio realiza “monitoreos cotidianamente” de manera preventiva sobre los territorios. El funcionario también negó que las medidas económicas despierten protestas, pese a los despidos que ya sucedieron y la escalada inflacionaria. Según Milman, “los trabajadores no perderán poder de compra” por lo que la conflictividad irá decreciendo y “se terminará la crispación con que los argentinos nos acostumbramos a vivir”.

Sin embargo, desde el FpV señalaron que “lo que buscan es disciplinar a la sociedad ante la creciente protesta social”, criticó el diputado Leonardo Grosso, para quien “las últimas medidas generaron una enorme transferencia de recursos desde el pueblo hacia cinco familias y las corporaciones”, lo que generará “un contexto de adversidad” para los trabajadores. Grosso, que acompañará la movilización que la CTA, la CTEP y otras organizaciones realizarán hacia el Ministerio de Trabajo el próximo martes en reclamo de un bono navideño de 5 mil pesos, señaló que en lugar de diseñar un marco para las protestas, el Gobierno “tiene la obligación de garantizar que los trabajadores tengan seguridad en el trabajo”. “Es preocupante que se declare la emergencia en seguridad y nadie sepa las atribuciones que tendrán las fuerzas represivas para encarar los conflictos”, señaló Grosso.