La Justicia argentina, en un imprevisto fallo, indignó a la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y al Ministerio de Educación. La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo fijó en 500 mil pesos los honorarios que el Estado deberá pagar a una contadora por un juicio que había iniciado el gremio contra el Estado por el no pago del incentivo. Juicio que no se llegó a realizar porque el gremio acordó un cronograma de pagos con el Gobierno y desistió de la acción judicial.
El desmedido monto de los honorarios provocó, inclusive, un pedido de aclaración tanto del sindicato como de la cartera educativa que creyeron que se había agregado un cero por un error de tipeo. Ahora quedará a criterio de la Corte Suprema el caso. La semana próxima el gremio junto con los ministerios de Educación y Justicia denunciarán “este intento de robo al Estado”.
“Es un fallo escandaloso”, señaló la titular de la Ctera, Marta Maffei. En un comunicado de prensa detalló que “la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por Elsa Porta, Ricardo Guibourg y Roberto Eiras dispuso –incomprensiblemente– elevar los honorarios de la perito contadora de 30 mil a 500.000 pesos, sin fundamento serio alguno”.
El origen de la causa se remonta a la falta de pago del incentivo docente (Fonid) correspondiente a las cuotas de los años 2000 y 2001 durante la administración de Fernando de la Rúa. La demanda terminó por acuerdo conciliatorio porque el Estado canceló la deuda y se acordó que se haría cargo de los honorarios de la perito contadora designada en la causa.