La propuesta presentada por la gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de Economía, Hernán Lacunza, a los legisladores para destrabar el tratamiento del Presupuesto de 2016, que incluye un fenomenal endeudamiento, es una información confusa que no permite corroborar el estado de bancarrota anunciado. Bajo la apariencia de presentar información frondosa sobre el estado de las cuentas fiscales y financieras de la provincia de Buenos Aires, hay una serie de imprecisiones y contradicciones flagrantes en la documentación enviada.

En lo que respecta a los municipios se informa que la deuda asciende a 1.256 millones de pesos. La nota está firmada por un funcionario del Ministerio de Economía donde consigna que fueron liquidados en tiempo oportuno y sólo estaban pendientes de pago en la Tesorería. Sin embargo, en la información presentada y firmada por un funcionario de la Tesorería, se indica que los fondos adeudados totalizan 1095 millones. Entonces: ¿cuál es la deuda que tiene la provincia con sus municipios, la que informa el área de Coordinación Municipal del Ministerio de Economía o la que notifica la Tesorería General de la Provincia?

Una inconsistencia similar ocurre con la deuda con los proveedores. El área de presupuesto del Ministerio de Economía informa como operaciones devengadas no pagadas al 31 de diciembre del año pasado, la suma de 5127 millones. Sólo figura la apertura por objeto del gasto (inciso), pero no por ministerio, secretaría u organismo y menos por proveedor. Con un mecanismo que se aleja de los principios y criterios de la contabilidad pública, se suma matemáticamente a lo devengado no pagado, como si fuera exactamente lo mismo, las operaciones comprometidas no devengadas (explicamos que cuando eso ocurre puede no haberse concretado la prestación del servicio o la entrega del bien), que totalizan un valor de 2888 millones. El concepto de comprometido sólo implica intención y autorización de gasto, por lo que no se puede considerar deuda sobre bienes y servicios que no se sabe si se adquirieron o prestaron. Por otro lado, tampoco existe aquí detalle alguno de los proveedores.

Además, en los listados, figuran deudas devengadas no pagadas al 31 de octubre de 2014. No queda claro por qué se incluyen deudas de ese año a municipios y otros entes gubernamentales por 5523 millones, pero que no figuran en el resumen inicial. Por lo tanto, si esa deuda ya fue cancelada (sería lo lógico, por su antigüedad y porque es una cifra demasiado elevada para que los municipios no la hubieran reclamado), ¿cuál es el sentido de que figure en los anexos remitidos al Parlamento?

En otro anexo titulado “Déficit por más inversión” se señalan una serie de proyectos, donde figuran obras de saneamiento (agua y cloacas), eléctricas, de gas, entre otras, a ser iniciadas en 2016 con proyección plurianual hasta el 2018. Al final del documento, aparecen otras obras del Instituto Provincial de la Vivienda que en teoría se encuentran en ejecución, pero con montos significativos que restan ejecutarse. Se desconoce la necesidad de financiamiento total y en que artículo del presupuesto ello figura. ¿Será que para financiar esas inversiones se aplicarán los 28.500. millones previstos en el artículo 33 del proyecto de presupuesto? Llama la atención que así sea, porque el artículo 33 plantea “atender la constitución de un fondo de liquidez destinado a financiar eventuales erogaciones que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución”. No queda entonces claro cuál es el destino de esos fondos (28.500 millones), pero lo que sí es evidente es que resulta muy distinto utilizarlos para financiar obras de infraestructura necesarias para la población que para cualquier otra cosa.

Por último, conjuntamente en la información presentada para justificar el endeudamiento, se mezclan los compromisos del año 2015, con el déficit proyectado del año en curso. La propuesta de presupuesto de 2016 tiene una meta de crecimiento de los gastos corrientes de tan sólo un 17,4 por ciento, lo que a priori, implica una fuerte “subestimación presupuestaria” que de confirmarse, requeriría de mayor carga impositiva o de más endeudamiento, para hacer frente al desfasaje.

Han pasado más de 20 días desde que el Poder Ejecutivo presentara el proyecto de presupuesto y la solicitud de endeudamiento. A pesar del fracaso en su aprobación, las autoridades bonaerenses se empecinan en brindar información parcial, confusa, incongruente e inconsistente. Es hora de que las autoridades bonaerenses dejen de poner en vilo a la población (y también a los legisladores e intendentes) sobre las fatalidades que causa la falta de aprobación del presupuesto, y al mismo tiempo, dejen de lado la opacidad con la que se mueven, y se pongan seriamente a trabajar en brindar una información pública, sin maquillajes, ajustada a las normas de administración financiera y por sobre todas las cosas, veraz.

Las dificultades fiscales de la provincia de Buenos Aires, que sin duda existen, no se resolverán con endeudamientos desmesurados sino todo lo contrario, aumentarán las dificultades, en especial para el mediano y largo plazo. En un contexto de fenomenal traslación de ingresos a los sectores agropecuarios no proponer un aumento considerable del impuesto inmobiliario rural, que se encuentra vergonzosamente atrasado, resulta incomprensible. Mejorar la administración pública y hacerla más eficaz y eficiente puede ser otro aporte, pero esta forma de presentar y elaborar el presupuesto no es una señal de que estén pensando en ese objetivo. La falta de proporcionalidad en la percepción de fondos de coparticipación federal que tiene Buenos Aires es también un tema que habrá que discutir más temprano que tarde, pero eso no justifica el aventurerismo del endeudamiento fácil, cuyas consecuencias ya hemos conocido en nuestro país.

* Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.