Los despidos en el Estado llegaron al Ministerio de Justicia, donde trabajadores del área que brinda apoyo a los juicios contra los crímenes de la dictadura –el Programa Verdad y Justicia– se enteraron de la mala noticia al no poder loguearse en la red de computadoras: sus usuarios habían sido bloqueados. Tras una serie de consultas sobre lo que estaba pasando llegaron a la oficina de recursos humanos, donde les informaron que el ministerio había prescindido de sus servicios. Horas más tarde también fueron dejados cesantes empleados del Registro Nacional de Reincidencias.

La decisión de avanzar con las cesantías en la cartera que conduce Germán Garavano fue rechazada por los gremios. Aunque no puede decirse que haya sido una cosa inesperada, dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) señalaron ayer que Garavano les había dado su acuerdo para armar una mesa de negociaciones para evitar los despidos indiscriminados. ATE tuvo con los responsables de Justicia dos reuniones luego de la asunción del gobierno, y hay preocupación porque en ellas, los funcionarios dijeron que “revisarían” la situación de unos quinientos trabajadores. La mesa laboral no fue hasta ahora convocada.

Las cesantías de ayer dejaron fuera del Programa Verdad y Justicia a tres abogados, una socióloga y una antrópologa. En el Registro de Reincidencias, detalló Eduardo Rauch, secretario adjunto de la junta interna de ATE, hubo entre despedidos empleados con más de tres años de antigüedad, es decir que ingresaron antes del período que está supuestamente bajo examen con el argumento de “limpiar al estado de ñoquis y militantes” del FpV. El sindicato aclaró expresamente que las personas echadas del Programa Verdad y Justicia “están profundamente comprometidos con su trabajo” y cumplían funciones todos los días, de 9 a 16 horas. En el caso del Registro de Reincidencia, entre los afectados hay empleados de limpieza.

La decisión del ministerio está en el marco del decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, en el que instruyó a los ministros, directores y secretarios a “revisar” los concursos y selección del personal realizada en los últimos tres años. “En la primer reunión que hubo con los funcionarios, ellos hablaron sólo de los contratos de los últimos seis meses, pero después del decreto lo extendieron a los últimos tres años. En ese marco, hablaron de que tenían a 500 personas identificadas y que iban a hacer una revisión minuciosa convocándolos para hacerles una entrevista y ver en qué trabajaban, detalló Luis Bañagasta, delegado de prensa de la junta interna. Al igual que lo sucedido en otras reparticiones del Estado, para las rescisiones de ayer no hubo entrevista previa ni explicaciones.

La ola de despidos tuvo ayer nuevos gestos de respaldo desde la primera línea del gobierno. El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, declaró que el gobierno nacional quiere “un Estado sin la grasa de la militancia” y su par de Modernización, Andrés Ibarra, dijo que la gestión macrista busca construir un Estado “que le sirva a la gente” y apunta a “desterrar al empleado Gasalla”. Mientras, desde el Senado, allegados a la vicepresidenta Gabriela Michetti aseguraron que en los próximos días, la Cámara alta comenzará a mandar los telegramas de despido a los dos mil trabajadores que ingresaron a la planta permanente durante el año pasado. Voceros de la presidencia de esa Cámara dijeron en este sentido que el motivo de hasta ahora no fueran enviados fue “la ausencia de gente en el Senado durante enero, que hizo que su confección fuera más lenta”.

La única excepción, agregaron, serán las personas que aparecen en el listado pero forman parte del Programa Inclusión Laboral de Agentes con Discapacidad y Agentes con Hijos con Discapacidad. Como se recordará, Michetti anuló mediante un decreto los pases a planta permanente firmados por su antecesor, Amado Boudou, durante el 2015. La medida fue dispuesta sin esperar los resultados de la auditoría encargada a la UBA para detectar ñoquis, y su carácter indiscriminado quedó reflejado en el hecho de haber incluido a los trabajadores discapacitados –o con hijos discapacitados– que el Congreso está obligado a emplear hasta cubrir un 4 por ciento de su plantel.

Por el tema hay dos instancias de negociación, una abierta con los gremios (APL, ATE y UPCN) y una comisión en la que los sindicatos no participan, integrada por senadores. Desde la Asociación del Personal Legislativo, el sindicato mayoritario, su titular Norberto Di Próspero dijo sin embargo que “se está revisando caso por caso, viendo en cada una de las áreas porque hay que defender a la gente que trabaja”.