Los funcionarios de Mauricio Macri parecen no haber aprendido la lección sobre la inconveniencia de comentar apresuradamente investigaciones policiales no resueltas. Por segunda vez el Gobierno tuvo que retractarse sobre un episodio vinculado a la búsqueda de los prófugos condenados por el triple crimen de General Rodríguez. El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, informó ayer que se estaba analizando un video que podría demostrar que el sábado pasado habían sido detenidos, juntos, Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci y que integrantes de alguna fuerza de seguridad habrían dejado escapar a los últimos dos. Pero, luego de que las imágenes fueron difundidas por los portales de noticias, el dueño del auto que aparece en la filmación se identificó y, por supuesto, desmintió ser uno de los fugados. La existencia del video provocó una nueva crisis con el gobierno de Santa Fe, a quien Elisa Carrió acusó directamente de proteger a los tres condenados. “Está desquiciada”, dijo el ex gobernador Antonio Bonfatti (ver aparte).

El miércoles por la noche, Carrió habló en TN y sin ningún tipo de condicional aseguró que el sábado, la policía de Santa Fe había encontrado y arrestado a los tres hombres buscados, pero luego había mantenido preso sólo a Martín Lanatta y había dejado ir a los otros dos. “Trataron de burlarse del gobierno nacional. Querían la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich”, afirmó. Luego fue más lejos: “La información del gobierno fue correcta, yo investigaría a Bonfatti. Es el que tiene la relación con las fuerzas policiales y con (Mario) Segovia, el rey de la efedrina”. Carrió aseguró que la información le había llegado a través de un militante de su partido que se la envió a un grupo de Whatsapp.

Ayer, el diario Clarín publicó una nota sobre el video en la que se aseguraba que “el Gobierno está cada vez más convencido de que los tres prófugos del penal de General Alvear fueron capturados el mismo día. Que cuando se lo comunicaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y ella se lo transmitió al Presidente así era”.

Por la mañana llegó la confirmación oficial. El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, dio una conferencia de prensa en la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. Apareció custodiado por dos efectivos con armas largas, chalecos antibalas, uniformes camuflados, cascos y caras cubiertas. Y habló sobre la filmación. Dijo que las imágenes se estaban analizando y que las habían mandado a un laboratorio para procesarlas para que sean más nítidas. “Queremos estar seguros primero de que son las personas que estábamos buscando. Segundo, comprender quiénes son las fuerzas que están actuando en ese proceso y entender si la fecha se corresponde con el día sábado, que fue cuando se produjo esa crisis”, completó Burzaco. Desde el Gobierno señalaban que tenían dudas a qué fuerza de seguridad pertenecían los agentes que aparecían en el video, ya que los uniformes eran verdes, lo que aplicaba a Gendarmería, pero también a las Tropas Especiales de Operaciones (TOE) de la policía de Santa Fe, “que tienen el mismo uniforme”.

Los portales de noticias, luego, difundieron el famoso video casero, en el que se veían imágenes muy borrosas y confusas. Había un helicóptero, aparentemente tres personas, dos de ellas tal vez arrodilladas, cerca de un auto parado en una ruta y un par de efectivos que les apuntaban.

La teoría de que fueran los hermanos Lanatta y Schillaci permitía al Gobierno recuperarse del papelón del sábado, cuando el presidente Mauricio Macri y varios funcionarios del gabinete nacional y de la provincia de Buenos Aires anunciaron que se había recapturado a los tres prófugos, cuando en realidad había sido solo uno. También pasaba la responsabilidad a la policía de Santa Fe, que fue la que en realidad encontró a los prófugos: a Martín Lanatta el sábado y a los otros dos el lunes por la mañana. La desconfianza y las acusaciones entre ambas administraciones estuvieron presentes desde que se supo que los tres condenados buscados estaban en Santa Fe. Ayer mismo, Bullrich solicitó a las autoridades provinciales “que aporten datos a la investigación” y exigió “que se pongan de nuestro lado, que trabajen con nosotros”, pedido que chocaba con la denuncia de complicidad que estaba en todos los medios. “Tienen que decir quién fue, que nos dé el nombre, para que nosotros lo podamos poner en el informe, no está bien que el gobierno de Santa Fe ahora diga ‘nosotros hicimos todo bien’”, agregó Bullrich al insistir con la idea de que la información errónea sobre las recapturas salió de esa provincia, cosa que había sido desmentida por las autoridades santafesinas.

Pero pasaron pocas horas desde la difusión del video y la explicación salvadora para los funcionarios del Pro se desvaneció. Un vecino de Santa Fe llamó al 911 para informar que se había reconocido en las imágenes. Luego se presentó ante el fiscal Estanislao Giavedoni –que había abierto una investigación de oficio– y contó que lo detuvieron en un control en Santa Rosa de Calchines. Y que como él y sus amigos no eran los prófugos, siguieron su camino. Poco después, se informó oficialmente que la Policía Federal había realizado un peritaje y que había llegado a la conclusión de que las personas en el video no eran los prófugos. “Las imágenes corresponden a un procedimiento realizado el sábado 9 de enero por personal del Departamento Grupo Especial Federal, que realizaba un rastrillaje y búsqueda de los mencionados delincuentes en la provincia de Santa Fe.” La policía señaló que “el personal detuvo un vehículo Renault Megane bordó con tres personas de sexo masculino a bordo. Al constatarse que no se trataba de los tres malvivientes buscados, se les pidió las disculpas del caso y procedieron a continuar con la búsqueda del paradero de los delincuentes”.

Ayer, al defenderse de las acusaciones, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, dijo que la recaptura de los hermanos Lanatta y Schillaci fue “una gestión exitosa que echa por tierra cualquier sospecha que se sigue sembrando desde Buenos Aires justamente por quienes no fueron capaces de retener a estas personas en una cárcel de máxima seguridad, ni tampoco de poder apresarlos mientras estuvieron en la provincia de Buenos Aires”.