Vencido el plazo para plantear impugnaciones y apoyos a los postulantes a ocupar sendas vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los dos candidatos propuestos por el macrismo ya cuentan con la cifra exacta de organizaciones sociales, de derechos humanos, judiciales y académicas, entre otras, que se pronunciaron a su favor y en su contra. El abogado Horacio Rosatti, ex ministro de Justicia en 2004, recibió 2104 adhesiones y 1424 impugnaciones, mientras que su colega Carlos Rosenkrantz tuvo 2629 avales y 1428 rechazos. Unos y otros integran el total de 7585 presentaciones sobre ambos juristas que aspiran a integrar el máximo tribunal, recibidas en el Ministerio de Justicia hasta ayer, cuando se cumplió el mes que fija el decreto 222/03 como plazo para que se formulen observaciones públicas de los candidatos.

La mayoría de los organismos defensores de los derechos humanos, incluyendo la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), las Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), objetaron a ambos con un argumento que se reitera: convalidaron el procedimiento de designación por un decreto presidencial al que califican de “irregular y de dudosa constitucionalidad”. La Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que encabeza Angela Boitano, puso de manifiesto que Rosenkrantz cuestionó los fallos “Simón” y “Mazzeo” que habilitaron juzgamiento por delitos de lesa humanidad, además de tener como clientes en su estudio al Grupo Clarín y a Cablevisión. Para el CELS, tanto Rosatti como Rosenkrantz tienen “posturas regresivas en temas vinculados a la protección de derechos y la aplicación de derecho internacional de los derechos humanos, así como por sus posiciones respecto de la relación entre el derecho, la política, el mercado y el Estado”.

También se pronunciaron en contra la Federación Judicial Argentina y la Fundación Altos Estudios Sociales, al cuestionar que ambos pretendientes no rechazaron el procedimiento presidencial de entrada, mientras que en presentaciones a título individual los diputados del FpV Nilda Garré, Héctor Recalde y Juliana Marino rechazan directamente el mecanismo.

Por su parte, la Asociación Civil Justicia Legítima impugnó a ambos juristas por entender que “este modo de designación de jueces de la Corte Suprema no se encuentra justificado por la urgencia”. Justicia Legítima objetó puntualmente a Rosenkrantz por “negar la jerarquía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los fallos de la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA) y la Corte Suprema”, lo que hace que su candidatura no sea coherente con una política de estado que impulse los procesos de Memoria, Verdad y Justicia.

Entre los respaldos más notorios figura el que la DAIA dio a Rosenkrantz con el argumento de que se trataría del primer judío en integrar la Corte y el del Arzobispado de Santa Fe a favor de Rosatti, fundado en los cargos que ocupa en la Universidad Católica local, además de decenas de entidades del derecho y universidades donde dictaron cursos a favor de ambos. Con la firma de Cesar Cigliutti, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) respaldó a Rosenkrantz por su “defensa” de la entidad y de los derechos humanos aun antes de tener la personería.

El 15 de diciembre el presidente Mauricio Macri designó a Rosatti y Rosenkrantz “en comisión” para cubrir los dos cargos vacantes de los cinco miembros que debe tener la Corte por la ley vigente. Invocó para ello un inciso del artículo 99 de la Constitución Nacional que faculta al mandatario a cubrir cargos en comisión cuando hay receso parlamentario, con la simultánea omisión del trámite ordinario de audiencias públicas y posterior votación en el Senado con una mayoría especial de dos tercios, también fijada en la Constitución. En medio de la polémica, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, acordó con Macri aplazar la toma de juramento de los dos designados. Mientras, comenzó a correr el plazo para recibir avales y rechazos se publicaron los currículos de Rosenkrantz y Rosatti.

Entre las entidades requeridas a las que se pidió opinión que se manifestaron a favor de Rosenkrantz y de Rosatti figuran el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Academia nacional de Derecho y Ciencias Sociales que encabeza Gregorio Badeni y la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, de Manuel Solanet, así como el sindicato la Unión Personal Civil de la Nación.

La Federación Argentina de Colegios de Abogados y la Asociación de Magistrados que presidente Ricardo Recondo declinaron emitir opinión. En tanto, un grupo de mujeres encabezadas por Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa y concejal de Tigre, y su madre, la diputada Marcela Durrieu, rechazan a ambas candidaturas porque no contempla un “cupo femenino” reclamado.