EL PAíS › “LOS ESTADOS DEBEN ADOPTAR MEDIDAS PARA QUE NO EXISTAN OLIGOPOLIOS EN LA COMUNICACION”, DIJO LA CIDH
Sabbatella había logrado ingresar a la Afsca pero en menos de 24 horas los jueces Antelo, De las Carreras y Medina revocaron la resolución del juez Garbarino y dejaron vigentes las medidas de Macri. Advertencias del relator de libertad de expresión de la CIDH.
› Por Sebastian Abrevaya
Al tercer intento, Martín Sabbatella logró ingresar a la sede de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Llevó consigo un cuadro de la ex presidenta Cristina Fernández y un busto de Néstor Kirchner. Sin embargo, la restitución del titular de la Afsca duró cuatro horas. La sala de feria de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial revirtió una decisión del juez Iván Garbarino, quien había suspendido los efectos de los decretos firmados por Mauricio Macri. En este contexto, desde el kirchnerismo adelantaron que recurrirán a todas las instancias necesarias para defender la ley de medios, incluidos los tribunales internacionales. Precisamente ayer el relator especial para la Libertad Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, manifestó su “preocupación” por los DNU del PRO que eliminan varias regulaciones en contra de la concentración del mercado de medios. Advirtió que la CIDH ya recibió “decenas de denuncias” y que mantiene un seguimiento del caso, por lo que podría intervenir cuando se agoten las otras instancias judiciales.
A diferencia del martes y el jueves, cuando la Policía Federal había desplegado un importante operativo para evitar que Sabbatella y su equipo ingresaran al edificio de Suipacha al 700, ayer la Afsca amaneció sin presencia de fuerzas de seguridad. No estaba el comisario Esteban Artola con quien el líder de Nuevo Encuentro había discutido en duros términos en aquellas dos ocasiones. Al conocerse esa situación, el director de Asuntos Jurídicos de la Afsca, Sergio Zurano, se presentó en el organismo para coordinar la restitución de Sabbatella en el cargo, tal como lo indicaba la medida cautelar interina del juez federal en lo Civil y Comercial N° 7. Tras una reunión en la que se arreglaron los detalles administrativos, Sabbatella ingresó pasado el mediodía.
Pero ese escenario duró poco. En menos de 24 horas, la Cámara Civil y Comercial resolvió la apelación realizada el jueves por el Poder Ejecutivo. “Hoy quedó en evidencia que yo estuve cuatro horas como presidente de la Afsca, hasta que la Cámara revocó una resolución. Eso significa que la resolución por la cual yo era restituido en mi cargo estaba vigente hasta hace unas horas. Sin embargo, no pude reasumir mi función en los últimos días porque el gobierno desobedeció esas órdenes judiciales, poniendo a la infantería como fuerza de choque para desobedecer esos fallos”, aseguró Sabbatella.
El derrotero judicial de la Afsca y la ley de medios tiene ya varias semanas. Este lunes, tanto Garbarino como la jueza federal de San Martín, Martina Forns, dictaron dos medidas precautelares en contra del Ejecutivo y en favor de la asociación de defensa de los consumidores Adduc y de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social. Ambas suspendían los efectos de los decretos 13, 236 y 267 del 2015 y solicitaban al Ejecutivo que presentara el informe correspondiente en el marco de la ley de cautelares.
En la causa radicada en San Martín, el Ejecutivo planteó que la jueza era incompetente por una cuestión de jurisdicción. Forns respondió que según la ley de amparo “es improcedente la recusación sin causa y no podrán articularse cuestiones de competencia, excepciones previas, ni incidentes”. Sin embargo, el fiscal de la causa se presentó de oficio para opinar en sintonía con el Ejecutivo. Por ese motivo, Forns decidió elevar la causa al tribunal de segunda instancia para que dirima la cuestión de competencia. La Cámara de Apelaciones de San Martín todavía no resolvió el tema, por lo que la cautelar interina dictada por Forns anoche no seguía vigente.
Más veloz fue la Cámara Civil y Comercial. “No nos sorprende la actitud de esta Cámara que siempre a fallado en la misma dirección. Es la Cámara en lo Clarín y Rural que trabaja para facilitarle las cosas a Magneto, al Grupo Clarín y a los intereses corporativos que ellos representan”, afirmó Sabbatella.
El fallo se trató de una cuestión específica sobre los efectos de las medidas precautelares. Los jueces Guillermo Antelo y Francisco De las Carreras entendieron que Garbarino no debió darle “efecto devolutivo” al recurso de apelación. Es decir que, al presentar el Estado la apelación, la cautelar interina debía caerse, volviendo a poner en vigencia los decretos firmados por Macri. La tercera jueza de la Cámara, Graciela Medina, también falló en contra del juez de primera instancia, pero lo hizo con sus propios fundamentos. Consideró que no debía remitirse a la ley de medidas cautelares, sino por la ley de amparo, que restringe el uso del “efecto devolutivo” a los “amparos de salud”.
“No vamos a bajar los brazos y vamos a apelar esta medida de la Cámara. Quienes defendemos la ley y la libertad de expresión vamos a hacer todas las presentaciones y apelaciones necesarias en cada una de las instancias judiciales nacionales y en la Corte Suprema. Además, vamos a recurrir a la instancia internacional con una presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, aseguró ayer Sabbatella.
En declaraciones a Radio Del Plata, Lanza aseguró que los Estados “deben adoptar medidas para que no existan oligopolios o monopolios en la comunicación”. Sostuvo que “cuando se borran todos los controles y los límites regulatorios en los medios de comunicación, se puede dar un contexto de hiperconcentración”. Respecto del DNU de Macri que disolvió la Afsca, recordó que la CIDH se pronunció en contra porque “las transformaciones tienen que hacerse a través de leyes, sobre todo cuando una ley es convalidada por la Corte Suprema de Justicia, como la Ley 26.522”.
Organismos de derechos humanos como el CELS, junto a asociaciones civiles y universidades públicas solicitaron una audiencia a la CIDH para expresar su preocupación porque las medidas del Gobierno “atentan contra los derechos a la información y a la libertad de expresión”. Lanza no descartó la intervención directa de la comisión, una vez que se agoten los recursos judiciales disponibles. En tanto, el caso sigue ahora en “observación”. “Una democracia requiere que los Estados adopten medidas positivas para que no se constituyan oligopolios y monopolios en la comunicación porque afecta a la circulación de ideas, al trabajo periodístico y a la información que reciben los ciudadanos”, concluyó.
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