Cumplido su primer mes como presidente, Mauricio Macri hará la semana próxima su presentación ante el establishment internacional en el Foro Económico de Davos con la tranquilidad de llevar los deberes hechos. Devaluación, baja de retenciones, mayor apertura para el comercio exterior y achicamiento del Estado, suelen forman parte de la receta que los organismos internacionales recomiendan para los países emergentes en dificultades. Para el segundo mes al menú se sumarán la propuesta para acordar con los fondos buitre –convenientemente rebautizados “tenedores de bonos”– y la quita de subsidios, que derivará en un tarifazo. Un paquete espeso envuelto en el edulcorado lenguaje presidencial que asegura que todo apunta a “liberar las fuerzas productivas” que nos llevarán, al fin, hacia el paraíso del desarrollo.

Macri desconfía del veterano Tango 01. Primero trascendió que quería comprar un avión más moderno, luego entró en acción Jaime Durán Barba y se convino que la millonaria adquisición quede para un momento más propicio. El viaje a Suiza (si la costilla fisurada se lo permite) será en un vuelo de línea. Todavía no se sabe si en business o primera, lo que queda claro es que el pasaje para salir del aislamiento y volver al mundo saldrá caro, y que el grueso del gasto correrá por cuenta de los trabajadores.

Aún no está definida la dimensión de la poda en el sector público. El número oscila entre los 15 mil y los 20 mil despidos, pero en varios casos la medida pasó a estudio. Es que el modus operandi adoptado es que primero se rescinde el contrato y recién después se analiza la situación. En ese caso se encontrarían actualmente varios miles de empleados, a los que probablemente les hagan mini contratos por tres o seis meses hasta que la situación quede resuelta de manera definitiva. En este panorama también le corresponde una cuota de responsabilidad a la mecánica de los gobiernos anteriores de mantener empleados contratados durante años, en casos más de una década, sin que se le firme el pase a planta permanente. Esa precariedad ahora facilita que queden expuestos al tijeretazo.

El concepto de lo público que expusieron los funcionarios de Macri –vale recordar, heredero de una familia que hizo su fortuna en base a los negocios turbios con el Estado– es llamativo. El ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, con el concepto sobre “la grasa de la militancia” que era indispensable reducir. También habló sobre la “basura” que habían heredado de la gestión anterior. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra –antiguo ladero de Macri y secuaz en varios de sus emprendimientos como el que terminó con la quiebra del Correo Argentino–, planteó que había que “desterrar al empleado Gasalla”. Ambos ministros con un imaginario de señora de Recoleta tomando el té, asimilando al empleado público con un vago y ñoqui, en contrapartida a un supuesto privado capacitado y eficiente. Basta acercarse hoy a una oficina pública para sacar la documentación personal y luego recurrir, por ejemplo, al servicio de atención al cliente de la mayoría de las empresas proveedoras de servicios para verificar lo perimido de ese concepto.

Además, los despidos estatales ya comenzaron a tener sus réplicas en el sector privado, donde se habla de otros 10 mil trabajadores en la calle según el Observatorio de Derecho Social de la CTA. Las cesantías masivas buscan como uno de sus efectos actuar como disciplinador antes de la apertura de las negociaciones paritarias en las que, insólitamente, no habrá datos de inflación por el súbito enmudecimiento del Indec. La combinación con la innecesaria represión policial con la que se respondió a las protestas en Cresta Roja o los municipales de La Plata encendió la alarma de todas las organizaciones gremiales.

Eso sí, todo licuado con el habitual lenguaje macrista zen, en el que el principal objetivo de la nueva gestión sería la búsqueda del bien de todos y dejar atrás los enfrentamientos que tanto mal nos hicieron. Lo dicen incluso al informar del fin de contratos de periodistas en medios públicos o luego del despido de Víctor Hugo Morales, a quien luego de ser durante tres décadas emblema de Radio Continental le comunicaron que se tenía que ir minutos antes de salir al aire. “Es un fanático kirchnerista”, justificó Macri, para seguir luego en línea zen.

Si el Gobierno realmente está interesado en eliminar la mala gestión en el Estado tendría que hacer un repaso de lo que fue su actuación durante el episodio de los prófugos del triple crimen de General Rodríguez. Desde el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich todavía no pudieron determinar quién fue que dijo que habían capturado a los hermanos Lanatta y Schillaci cuando sólo habían detenido a uno y entró en un cruce de acusaciones con el gobierno de Santa Fe. No contentos con eso, al bochorno le sumaron el jueves la difusión de un video casero donde se suponía que quedaba probado que efectivos policiales o gendarmes habían detenido a los tres prófugos, por lo que alguien había liberado luego a dos con algún objetivo inconfesable. En ambos casos la reacción oficial fue al voleo, sin el mínimo chequeo de información antes de que los funcionarios salgan a quedar expuestos. El macrismo continúa actuando en muchas ocasiones como si aún estuviera en la oposición, donde las denuncias al tuntún no tienen la gravedad y las consecuencias de cuando se tiene la responsabilidad de la gestión.

La estrategia del Gobierno, y la de los medios que lo apoyan, en este caso ha sido de intentar, día tras día, ligar al kirchnerismo con la banda de los prófugos. Entonces lo suyo ya no sería chapucería sino las dificultades lógicas de enfrentar a una gran organización narco con ramificaciones en el poder político y las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el episodio que se inicia con la salida con un arma de juguete, el escape con un coche que no arranca, la camioneta de la ex suegra, el escondite en una tapera en medio del campo, el derrotero final por campos inundados y la entrega sin resistencia, no darían la imagen de una gran organización. Lo llamativo fue que trascendió incluso una supuesta intervención de la DEA para ayudar en la trabajosa captura y hasta la queja de Eugenio Burzaco porque la secretaría de Seguridad no contaba con drones para el seguimiento, por lo que solicitó uno a Estados Unidos.

Lo de la DEA, a la que también mencionan trabajando para la localización del prófugo Pérez Corradi, tiene que ver con la idea de mostrar un escenario de “colombianización” de la realidad argentina y la necesidad de recibir colaboración de otros países. El acercamiento al Departamento de Estado es un puntal de la política exterior de Macri y la canciller Susana Malcorra, que esperan confirmar pronto un encuentro con Barack Obama.

El viaje a Davos será la vuelta de un presidente argentino al Foro Económico Mundial después de 13 años. El último fue Eduardo Duhalde en 2003. Después asumió Néstor Kirchner y en 2004 prefirió no ir porque se bajó Lula y la presencia latinoamericana era escasa. Para el otro año, su política exterior y económica ya habían virado hacia una dirección diferente de la que marca el Foro. Allí, los representantes del establishment suelen repartir elogios a los paquetes de “reformas” –habitual eufemismo para los ajustes– como los que viene planteando Macri, no la reestructuración de deuda soberana y el rechazo a los acuerdos de libre comercio como ya planteaba Kirchner por entonces.

En ese sentido, Macri puede sentirse seguro. Para el establishment económico es alarmante cuando un gobierno ignora al Congreso y legisla por decreto o si elude abiertamente los fallos de la Justicia –como sucedió esta semana con los jueces que aceptaron amparos a favor de la Afsca y la ley de medios– si son de tendencia progresista o “populista”. En cambio, en gobiernos como el de Macri, seguramente será visto como una muestra de ejecutividad empresarial llevada a la gestión pública. Son los beneficios de haber hecho los deberes.