El juez Gastón Mercau ordenó desalojar el acampe de la Tupac Amaru y otras organizaciones sociales frente a la gobernación de Jujuy y dispuso que el gobierno de la provincia decida en qué momento se cumplirá la orden. El mismo magistrado evaluaba anoche si hacía lugar a un pedido de hábeas corpus y liberaba a Milagro Sala, detenida el sábado por una orden judicial que fue concedida a instancias del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. El juez que la firmó se tomó, inmediatamente después de hacerlo, licencia por problemas de salud. Luego de enfrentar varias trabas, los abogados de la Tupac Amaru presentaron un recurso de hábeas corpus para que se libere a la diputada del Parlasur. Sala fue llevada ayer por la tarde a una audiencia ante el nuevo juez y luego fue trasladada de vuelta a la comisaría de la Mujer, donde anoche permanecía detenida. En tanto, el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, anunció que presentará otra denuncia penal contra Sala por el presunto faltante de 29 millones de pesos destinado a las cooperativas de vivienda.

La Red de Organizaciones Sociales –entre ellas, la Tupac Amaru– mantiene un acampe frente a la gobernación desde hace 34 días en reclamo de una audiencia con el gobernador de Cambiemos, que se niega a recibirlos. Ayer los integrantes del campamento fueron intimados a sacar de allí a niños y niñas, en lo que sería la antesala de un desalojo. Hasta ahora, los chicos estaban durante el día, pero no se quedaban a dormir. Según informaron desde la Tupac Amaru, esto fue constatado hace tres días por la defensora de Menores, Susana Trillou.

No obstante, el juez Mercau hizo lugar a un pedido del gobierno de Morales de desalojar a los manifestantes y dispuso “que se arbitren los medios necesarios para que cese el estado antijurídico existente a fin de garantizar el transporte público de pasajeros”. Para esto, facultó al “ministro de Seguridad, Ekel Meyer, y al jefe de Policía de Jujuy, con personal a su cargo, quienes deberán merituar la oportunidad para su ejecución conforme las circunstancias razonablemente lo permitan y extremar las precauciones a fin de resguardar la integridad física de todas las personas que se encuentran participando en la protesta, autorizándose el uso de la fuerza pública solo en caso de ineludible necesidad”. Desde la Tupac Amaru, indicaron que no les llegó una notificación oficial de esa resolución judicial e interpretaron que esa resolución sólo habilita a liberar una calle, pero no a de- salojar el campamento.

Hábeas corpus

En tanto, los abogados presentaron un hábeas corpus para que se libere a Sala. “Tomaron una medida ilegítima un sábado a las 10 de la mañana. Fuimos al juzgado a presentar el cese de detención y la policía nos dijo que no podíamos entrar. En la central de policía nos informaron que el juez Raúl Gutiérrez se tomó licencia por razones de salud”, relató a Página/12 el abogado de la Tupac, Ariel Ruarte.

A partir de la licencia del juez que ordenó la detención, la causa volvió al juez Mercau. Los abogados de la organización barrial discutieron con el magistrado, que no les habilitaba la mesa de entradas de su juzgado para presentar un pedido de eximición de prisión. El juez les planteó que sólo recibiría pedidos de suma urgencia, por lo que decidieron presentar un hábeas corpus. La presentación se concretó a las 2.16 de la madrugada del domingo.

Cerca de las 10 de la mañana, les informaron que el juez había organizado una audiencia para las 17.30. “¡Vamos a dar la vida por vos, flaca!”, le gritaron a Sala cuando, en medio de un importante despliegue policial, fue trasladada de la Comisaría de la Mujer al tribunal, donde compareció junto a su abogado defensor, Luis Paz, y los dos abogados que habían presentado el hábeas corpus, Ariel Ruarte y Fernando Varea. Le mostraron los escritos y Sala indicó que no necesitaba leerlos. Ruarte argumentó que en el hábeas corpus quedaba claro que no había delito que justificara la detención, dado que con el acampe se estaban ejerciendo los derechos constitucionales a reclamar y a la libertad de expresión.

Sala volvió a la Comisaría de la Mujer, donde está detenida desde el sábado y donde mantiene una huelga de hambre. Desde la ventana de su celda, se dedicó a hablar con sus seguidores hasta entrada la noche. “Esperamos que en las próximas horas haya una resolución”, indicó Ruarte.

Si bien los hábeas corpus suelen resolverse en un plazo de 24 horas, los jueces pueden tomarse un tiempo mayor sin consecuencias.

Mientras tanto, Sala seguía con su huelga de hambre, controlada por médicos cada dos horas. Diversos dirigentes nacionales viajarían hoy a Jujuy a expresarle su apoyo. Además, hoy habrá un cabildo abierto en Plaza de Mayo en reclamo de su liberación.

Más denuncias

El gobernador Gerardo Morales señaló que Sala fue arrestada porque “una orden judicial nos obligaba a actuar y detenerla”. La orden de detención se dio a instancias de una denuncia que presentó Morales contra Sala. La ejecutó en persona el secretario de Seguridad de Jujuy, Ekel Meyer. La decisión la firmó el juez Raúl Gutiérrez, que ayer se excusó por motivos de salud y dejó la causa,

Los supuestos delitos que se le imputaron a la dirigente social fueron los de “instigación al delito y tumulto en concurso real”. No se especificaron las circunstancias en las que Sala habría instigado un delito. A estas acusaciones el abogado del Estado provincial, Mariano Miranda, agregó la de “alzamiento en contra de las leyes gubernamentales”.

El gobernador de Jujuy sostuvo que “más allá del acampe, existe un trasfondo de amenazas, persecuciones y extorsiones”, que no forman parte de las causales de la detención de Sala. Morales sostuvo que 607 cooperativas aceptaron que se trabaje en revisar su relación con el Estado. “Las cooperativas, muchas de ellas retiradas del acampe, quieren comenzar a trabajar de inmediato, pero no pueden hacerlo porque alguien se gastó sus recursos y esa persona es Milagro Sala. Esto nos permite asegurar que el acampe está íntimamente vinculado a una cuestión política, en el marco de una actitud destituyente”, sostuvo el dirigente radical, que ayer tuvo el apoyo de dirigentes como Sergio Massa.

Morales anunció que hoy presentará nuevas denuncias penales contra Sala.

“Cada día que pasa reivindicamos más la decisión de cumplir la ley. Es por ello que ampliaremos las denuncias por el destino de los últimos 29 millones de pesos que se llevaron organizaciones sociales”, afirmó. El gobernador sostuvo que “hay 19 expedientes más por los cuales no pueden rendir cuentas y, por lo tanto, ameritarán otras 19 demandas penales”.

El gobernador radical también afirmó que el miércoles enviará un proyecto de ley a la Legislatura provincial para implementar un plan para iniciar obras con aquellas cooperativas que abandonaron el acampe.

“Escuchamos que va a haber una andanada de denuncias contra Milagro Sala. Si el gobernador presenta una denuncia de estas características, tenemos que ser notificados y hay que ver si el juez acepta la denuncia”, indicó Luis Paz, abogado defensor de Sala, quien aclaró: “Hago referencia a esto porque sostienen que las denuncias se acumularían al expediente actual e imposibilitarían la libertad de Milagro Sala. Eso no es cierto: cada expediente es individual”.

Paz advirtió que, en la actualidad, Sala tiene sólo dos causas abiertas en su contra: la iniciada por el acampe y otra denuncia de Morales de 2009 a raíz de un escrache en la que se la acusa de ser la autora intelectual. Desde la gobernación, suman otras tres causas: por presunta evasión impositiva, por enriquecimiento ilícito y por amenazas a agentes de la policía. El abogado de Sala recordó que, en los años 90, como dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Sala llegó a tener 27 causas abiertas, todas por cortes de calle.