La Comisión Provincial por la Memoria junto al CELS y otros organismos y representantes judiciales le pidieron a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal que “anule el decreto del Poder Ejecutivo que designa a César Albarracín como fiscal de casación adjunto”, por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos en cárceles que estaban a su cargo. Objetado también por organismos como la Defensoría de Casación, CEPI, Fojude y AJUS La Plata, Albarracín se desempeñó hasta fines de diciembre como subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales del Ministerio de Justicia y tuvo a su cargo al Servicio Penitenciario Bonaerense. La Comisión de la Memoria explicó que su cuestionamiento se fundamenta “en las graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron en las cárceles bajo su gestión. Por su desempeño como funcionario es que se pone en duda su idoneidad para cumplir con las funciones que el cargo de casación demanda”. Señaló además que las políticas impulsadas por el ex funcionario “contravienen la Constitución provincial que reclama el respeto por los derechos humanos y los valores democráticos”.