Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y universidades que integran la Coalición por una Comunicación Democrática le pidieron una reunión formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar los “graves impactos en materia de libertad de expresión” que implican los decretos de necesidad y urgencia con los que Mauricio Macri derogó parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “La magnitud de las vulneraciones a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y regulación de servicios audiovisuales promovidos por el Sistema Interamericano por parte del Poder Ejecutivo demanda un involucramiento activo de la Honorable Comisión”, plantearon el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) y universidades nacionales, entre otros actores, en una solicitud formal que enviaron ayer al organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos. “Argentina ha retrocedido en términos jurídicos y constitucionales en relación a la promoción y protección de derechos humanos básicos”, evaluó Mariela Pugliese, de Farco. Las agrupaciones esperan la respuesta de la CIDH para principios de marzo. De ser confirmada, la audiencia, que será pública, se llevará a cabo la primera semana de abril, en Washington.

“Vemos que el Gobierno avanza sin respetar los procesos democráticos”, encabezó Pugliese los fundamentos que llevaron a Farco y al resto de los integrantes de la Coalición a solicitar una audiencia ante la CIDH. “Macri está avanzando sobre una ley vigente y nuestra intención de ponerle un límite a esto no está teniendo lugar en el Poder Judicial, que rechazó las medidas cautelares solicitadas”, continuó. La otra razón es que tanto la CIDH como las diferentes gestiones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión “siempre estuvieron atentas” tanto a la elaboración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuanto al debate legislativo que la convirtió en norma y a su cumplimiento. “Siempre remarcaron la importancia de que el Estado se preocupe por el derecho a la comunicación a la libertad de expresión, la desconcentración en el campo de medios y la aplicación allí de políticas antimonopólicas. Los decretos violan el concretamente tratados y pautas internacionales en la materia”, concluyó.

Los colectivos, instituciones y sindicatos miembros de la Coalición por una Comunicación Democrática piden a la CIDH que, en una audiencia pública, los escuche explicar las razones por las que consideran que los decretos de necesidad y urgencia 13, 236 y 267 firmados por el Presidente en las últimas semanas de 2015 tienen “graves impactos en materia de libertad de expresión” en Argentina. Además del CELS y Farco, el pedido es sostenido por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la Red de Radios Universitarias de América latina y el Caribe, el Sindicato Argentino de Televisión, Músicos Autoconvocados, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Red Par y algunas universidades nacionales. Se trata de colectivos e instituciones que desarrollan actividades vinculadas con la protección del derecho a la libertad de expresión y a la comunicación en la Argentina. “Observamos con suma preocupación que las decisiones adoptadas por el gobierno nacional tienen un serio impacto negativo en tanto implican un retroceso enorme en términos normativos del reconocimiento de estos derechos en Argentina”. Algunos de ellos acompañaron un pedido de audiencia similar a éste que presentó la Defensoría del Público, a cargo de Cinthia Ottaviano, días atrás.

Con la audiencia solicitada pretenden que “la CIDH pueda obtener material e información de primera mano de las organizaciones que le permita involucrarse cabalmente en esta problemática que afecta e impacta en los derechos humanos en nuestro país y contribuir a la búsqueda de soluciones alternativas”, según plantearon en el pedido formal. En ese texto, advierten que se explayarán sobre la sumisión de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual al Ministerio de Comunicaciones que el Ejecutivo estableció con el DNU 13/2015; la siguiente intervención de ese organismo y el cese de los integrantes de su directorio mediante el DNU 236/2015, así como finalmente la disolución de la Afsca, concretada con el decreto 267/2015.

Pero, además de presentar el conflicto y de buscar alternativas de intervención por parte del organismo de la OEA, la Coalición busca “alertar a la comunidad internacional acerca del peligro que concretamente implican” estos decretos “centrados en el mercado, en los beneficios para las grandes empresas de medios y en desmedro de la libertad de expresión y del pluralismo”, según remarcó Pugliese.

La CIDH responderá a la solicitud recién a principios de marzo. Si confirma, la audiencia se realizará un mes después. Desde la Coalición están confiados en que les darán espacio. “Esto debería ser prioridad. Argentina ha retrocedido en términos jurídicos y constitucionales. Hace un año no estábamos así.”