El recorte macrista del Estado alcanzó a las políticas públicas de reparación a las víctimas de la violencia institucional y de acompañamiento a los testigos en los juicios de lesa humanidad. El ministro de Justicia, Germán Garavano, decidió despedir a tres profesionales del Centro de Asistencia a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos Fernando Ulloa, lo que derivó en la renuncia de su directora, Julieta Calmels, quien aseguró a Página/12 que los despidos “ponen en riesgo la continuidad de los tratamientos y tendrán un impacto inevitable en las víctimas”.

En el Ulloa reciben tratamiento y acompañamiento psicológico víctimas del terrorismo Estado. Producto de la experiencia acumulada, en el último año la cobertura se amplió a familiares de víctimas de gatillo fácil, sobrevivientes de Cromañón y testigos del juicio de encubrimiento en el marco de la causa AMIA. Los tres trabajadores despedidos forman parte del grupo de profesionales que tenía un vínculo construido con los pacientes, que fue interrumpido “de modo abrupto”, señala Calmels. En su carta de renuncia, dirigida a Garavano, la ex directora del Centro detalla que esa situación llevará a “la interrupción de los tratamientos, con el consecuente impacto en la salud de las personas”, y reclama que se revisen los despidos para “no producir nuevas vulneraciones de derechos”.

Uno de los tres despedidos, además, se encargaba de las capacitaciones en atención a las víctimas en La Rioja o Catamarca, provincias con juicios de lesa humanidad en marcha, lo que para Calmels demuestra que las autoridades del ministerio “no tienen idea del alcance de sus decisiones”. Los tres despidos en el Ulloa se suman a otros nueve cesanteados en el Programa Verdad y Justicia, que se ocupa del seguimiento de los juicios y de aportar a la investigación de los cómplices civiles. Y se da en el contexto de 150 despidos en la ex ESMA. “Se está debilitando el rol del Estado en materia de derechos humanos, a través de un recorte en las áreas que hacen a la reparación”, describió Calmels.

“La continuidad de las políticas implica una integridad de acciones. Para que un juicio se desarrolle de la mejor manera se necesita que tanto el Ulloa como el Programa Verdad y Justicia tengan todas las garantías para trabajar. Desde el ministerio dicen que van a garantizar la continuidad de las políticas de derechos humanos, pero no dicen cómo. Nadie asume cómo se va a resolver”, aclara Calmels sobre el alcance del recorte y las razones que la llevaron a renunciar.

La reunión que el nuevo secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj –de quien dependen todas las instituciones de memoria y reparación–, mantuvo con el Celtyv –una ONG que promueve la teoría de los dos demonios– fue otro de los motivos que decantaron en la renuncia de la funcionaria. Para Calmels, el encuentro “da cuenta de la concepción sobre derechos humanos” de la nueva gestión, y “pone nuevamente en circulación la teoría de los dos demonios”, lo que impacta negativamente sobre las funciones que desarrolla el Centro. “El trabajo en salud mental no es un trabajo aislado de la concepción acerca de la justicia, de la historia”, explicó. “Un profesional que recibe a una víctima está en condiciones de atenderlo en la medida en que lo puede reconocer como víctima, como víctima de la violencia del Estado, que no es lo que mismo que recibirlo como víctima de una guerra”, describió, al tiempo que aseguró que la nueva concepción “retrasa en veinte años las formas de atención”.