Por segunda vez desde que asumió en la Casa Rosada, Mauricio Macri recibió al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. La primera fue poco después de nombrar dos jueces en comisión, por decreto, para cubrir las vacantes en el alto tribunal. Fue tal el escándalo, y el rechazo desde la propia comunidad jurídica, que el Presidente aceptó postergar la jura con miras a obtener un respaldo del Senado, al que intentó saltear en un comienzo y meter a sus hombres por la ventana. Pero la agenda judicial es enorme y figura entre las cuestiones prioritarias del Gobierno, que aspira a rediseñar tener y bajo control el sistema de justicia. Para eso, necesita mantener el delicado equilibrio con el juez supremo, que tampoco quiere perder ni un ápice de su feudo. El encuentro de ayer, el segundo, pretendió ser un gesto de Macri, antes de subirse al avión rumbo a Davos, para despegarse de la denuncia de Elisa Carrió por supuesto enriquecimiento ilícito contra Lorenzetti y mostrar que no hay conflicto entre los poderes del Estado sino diálogo. El traspaso de las escuchas telefónicas al ámbito de la Corte, las subrogancias en los cargos vacantes y un plan del ministro de Justicia, Germán Garavano, para implementar modificaciones de acá a cinco años, fueron los ejes de la breve reunión.

Garavano se había reunido un día antes, durante una hora y media, con el presidente de la Corte, para explicarle lo que llama el plan “Justicia 2020”, que abarcaría reformas en un gran abanico de cuestiones: el código procesal penal y su implementación (que ya fue frenada por un decreto), el Ministerio Público Fiscal, el Código Procesal Civil y Comercial, el Código Penal, el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura, el juicio por jurados a nivel nacional, entre otras cosas. Todo implica una reformulación de buena parte de las leyes impulsadas por el kirchnerismo. Garavano le ofrece a Lorenzetti una dosis de protagonismo conjunto para encarar su proyecto. Al final de la reunión se pusieron de acuerdo para publicar ambos, en sus respectivas cuentas de twittear, que se habían juntado. La charla también, según reconstruyó este diario, había avanzado sobre el traspaso de las escuchas telefónicas, que hoy está en el ámbito de la Procuración General, a cargo de Cristina Caamaño a la Corte Suprema, tema que el Gobierno definió por decreto como gesto inicial de recorte de poder sobre el área que dirige Alejandra Gils Carbó. Para el alto tribunal es una facultad bienvenida, pero Lorenzetti advirtió que no se podría implementar por lo menos hasta mitad de febrero, que fue lo acordado. La situación del sistema de subrogancias, que la Corte declaró inconstitucional, completó el temario.

Como es evidente, para la (mini) Corte actual es tema de preocupación central quiénes y cómo cubrirán las dos vacantes. Por lo pronto, en el fuero contencioso administrativo fue habilitada la feria judicial para tratar amparos que piden frenar las designaciones por decreto de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Lo que tanto Macri como antes Garavano el dijeron a Lorenzetti, es que aspiran a que finalmente las postulaciones sean avaladas en el Senado, para evitar objeciones judiciales. En el Ministerio de Justicia especulan –según señalaron a Página/12 funcionarios influyentes– con recurrir a antecedentes para el tratamiento de pliegos sin llamar a sesiones extraordinarias. Podrían forzar, así, el tratamiento en febrero. Habrá que ver si logran mayoría en un cuerpo donde el kirchnerismo manda. Por lo pronto, en el proceso de consulta pública sobre los candidatos hubo un récord de 7585 presentaciones. Rosatti tuvo 2104 adhesiones y 1424 impugnaciones, mientras que Rosenkrantz tuvo 2629 avales y 1428 rechazos. En los próximos días los pliegos serán enviados por el Poder Ejecutivo a la Cámara alta, donde se abrirá también una consulta y los candidatos deben ir a una audiencia pública.

Lorenzetti dejó en claro que las vacantes en el Poder Judicial (cerca de 25 por ciento) y las subrogancias son un tema de malestar. Por un fallo de la Corte, que invalidó la ley de subrogancias impulsada por el kirchnerismo (que llevaba a la órbita del Consejo la facultad de elegir jueces suplentes que antes manejaban las cámaras de apelaciones), todas las suplencias (algo más de cien nombramientos) caerán el 4 de febrero. Lo que el juez supremo dijo es que si no resuelve el tema el Consejo de la Magistratura, lo va a terminar por definir la Corte. El tema es muy irritante para la familia judicial, que no quiere perder privilegios, como elegirse entre ellos y cobrar un plus salarial de 30 por ciento por subrogar. El traslado de las interceptaciones telefónicas quedó acordado para el 15 de febrero. Lorenzetti aspira a modernizar el sistema que todavía utiliza CD para registrar conversaciones y deberá resolver cómo queda conformada la planta.

De los 15 minutos con Macri (de los que Garavano fue testigo y –en parte– promotor) el juez se llevó gestos de distensión y señales de que la denuncia por enriquecimiento fue un tema de Carrió. La Corte, ya antes de la asunción del nuevo Gobierno, había dado muestras de lo que es capaz al dictar el fallo que ordenó un nuevo régimen de coparticipación federal. Ahora viene un período de definiciones que pondrá a prueba la armonía de esta relación entre poderes.