Con el argumento de que existiría en el país una “situación de peligro colectivo”, el gobierno nacional declaró ayer la “Emergencia de Seguridad Pública”, una medida que durante un año –con posibilidad de extenderla– significará aunar acciones entre las fuerzas policiales de seguridad interior con la Gendarmería, la Prefectura e incluso las Fuerzas Armadas. Las medidas, además de apuntar al “delito complejo” como el narcotráfico y el “crimen organizado”, también pone en la mira “la asociación ilícita calificada” y hasta una hipotética “asociación ilícita terrorista”. Las acciones se desarrollarán, según el anuncio oficial –el decreto se conocerá en las próximas horas–, por tierra, agua y “reglas de protección aeroespacial” con intervención directa de las FF.AA. y que podrían llegar al “uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo argentino” (ver nota aparte). La inclusión de la posibilidad del derribo de aviones es un guiño a Sergio Massa, que hizo de ese punto un eje de su campaña electoral. La declaración también flexibiliza las exigencias y controles para las compras del área y otorga amplias facultades para los movimientos de personal.

“Aunque todavía no se conoce el texto completo del decreto, es muy preocupante que se introduzca la cuestión del derribo (en el espacio aéreo) porque allí aparece un terreno difuso donde se pueden mezclar los límites entre seguridad interior con la ley de Defensa nacional, sin que la discusión sobre ese tema haya pasado por el Congreso porque la decisión se toma por decreto” del Poder Ejecutivo, le dijo a Página/12 Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Lo sorpresivo de la medida y la invocación de la “urgencia” hicieron recordar, a la directora del CELS, disposiciones anteriores, la más cercana el plan anunciado a principios de 2014 por el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y también cuestionada en su momento por la institución. Litvachky sostuvo que el anuncio “vuelve a poner en tensión a la sociedad porque siempre que ocurre algo así se toman medidas que no están en consonancia con la Constitución y con las leyes, además de disponerse fondos presupuestarios importantes para la compra de armas, móviles y otros elementos sin una discusión previa y racional”.

Otra de las disposiciones del decreto autoriza al Ministerio de Seguridad, que trabajará en conjunto con los ministerios de Defensa y de Transporte, a realizar la convocatoria a “personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad” o que estén “actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias”.

Litvachky señaló que si bien “se hacen algunas salvedades sobre la idoneidad o situación legal de los posibles convocados, de todos modos esto marca una contradicción profunda con los anuncios del gobierno respecto de que busca una profunda reforma de las fuerzas de seguridad en la Argentina”.

La Emergencia de Seguridad Pública anunciada por el gobierno de Mauricio Macri dispone por el término de un año o incluso más “revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico”. Se dijo que la medida va en consonancia con “con las metas esenciales que estableció el presidente Mauricio Macri de luchar contra el narcotráfico y otro tipo de delitos graves”.

Según el anticipo difundido ayer, el decreto especifica delitos tales como “producción, tráfico y comercialización de estupefacientes (Ley 23.737), de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (Ley 22.415), los relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada (artículo 210 bis del Código Penal) o con una asociación ilícita terrorista (artículo 41 quinquies del mismo Código)”.

La “emergencia” involucra casi por completo el Código Penal y las normas complementarias, dado que también se incluyen “las asociaciones ilícitas (artículo 210), organizadas para cometer delitos con fines políticos o raciales, los de fraude contra la Administración Pública (artículo 174, inciso 5) y contra la Administración Pública (todos del Código Penal)”, más los de “prostitución de menores y pornografía infantil (artículos 125, 125 bis y 128), de financiación del terrorismo (artículo 306) y de extorsión (artículo 168).

Como ocurre siempre en este tipo de “emergencias”, se autorizará “la adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional”. Al mismo tiempo se creará “el Gabinete de Seguridad Humana” cuya función será la de “coordinar las tareas de las diferentes carteras en lo atinente a la emergencia”. Eso es todo lo que se dijo sobre este punto.

El Ministerio de Seguridad “propondrá al Poder Judicial un convenio con el fin de interconectar el sistema información de la Justicia Nacional con el Sistema Federal de Comunicación Policiales”. Esto llevará a la creación del Operativo Frontera, que reemplazará al Escudo Norte, que se viene aplicando desde 2011 en la frontera terrestre, para combatir el narcotráfico y el contrabando. Esto también significará una fuerte inversión presupuestaria para aportar “nuevas tecnologías”.

Otro de los puntos que tendrá que llevar adelante el Ministerio de Seguridad será “establecer con la Administración Federal de Ingresos Públicos los estándares y la normativa de seguridad” que tendrán que aplicarse en las zonas primarias aduaneras”.

Paula Litvachky, directora del CELS, recordó que en distintos momentos del proceso democrático que comenzó en diciembre de 1983 se han anunciado medidas urgentes en materia de seguridad. “Lo peligroso es que se apelan a discursos alarmistas sobre supuestos peligros colectivos en materia de seguridad y se toman medidas que no implican necesariamente un mejoramiento en el funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Se toman medidas y se modifican leyes sin una discusión profunda, apelando a la supuesta necesidad y a la urgencia.”

En pos de esos planes de seguridad “se dictan normas que ponen en tensión a la sociedad y que generan discusiones en torno del choque que suele producirse entre seguridad y derechos”, recalcó Litvachky. Agregó que la emergencia aludida por las autoridades gubernamentales “llevan a que se realicen contrataciones vinculadas a temas de seguridad, dejando de lado otras cuestiones importantes, como ocurrió en su momento con distintos planos de seguridad en la provincia de Buenos Aires”, aplicado por diferentes gobiernos.

Insistió en que “la posibilidad abierta de convocar a personal retirado contradice lo que se había anunciado respecto de la profundización de la reforma en las fuerzas de seguridad que había sido planteada luego de la triple fuga” de los hermanos Martín y Cristian Lanatta, y Víctor Schillaci. “Cuando se toman estas medidas, las reformas que se habían anunciado se van diluyendo y las políticas públicas empiezan a responder a la emergencia, al criterio alarmista que hasta ahora, según la experiencia acumulada, nunca han dado resultado”.

En el anuncio oficial se informó que con motivo de la creación del Operativo Frontera, que tendrá carácter permanente, habrá que dotarlo de “dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera, que incluye una radarización para el eficiente control fronterizo”.

También se dispondrá “el levantamiento del secreto militar de las reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial”.

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni, consultado en su momento por Página/12 sobre los “planes de emergencia” en materia de seguridad que se han sucedido en la Argentina, dijo en forma rotunda: “No sé hasta qué punto hay cosas que se hacen para superar una contingencia, una coyuntura. Hay que pensar en cosas hay que pensar en cosas más definitivas, más coyunturales. Los mecanismos para afrontar el tema tienen que ser un poco más estructurales”.