Con el Litoral bajo agua, el gobierno nacional presenta como novedad recrear el obsoleto Sistema Federal de Emergencias para capear las emergencias y desastres climáticos. A su vez, la Casa Rosada premia a las FF.AA. con la conducción del organismo, un hecho a contramano de la experiencia global en la materia.

A unos meses de que el Sistema Federal de Emergencias (Sifem) cumpliera 16 años, este instrumento al que parió una gran inundación, pero de 1998 en Santa Fe, y unos cuantos dólares contantes y sonantes de la Agencia Federal de Emergencias norteamericana (FEMA) vuelve como el Ave Fénix. Un Sistema sin estructura, que cambió de lugar más de diez veces en el organigrama del Ejecutivo nacional y que según su decreto de origen compromete a aproximadamente 50 áreas del Estado, la mayoría de las cuales ya dejaron de existir o cambiaron de nombre y objetivo, renace con la premura que le da la emergencia.

La cámara muestra a un equipo reunido y encabezado por la ministra de Seguridad oficiando de vocera de esta novedad tan gastada. A su lado, el coronel retirado puesto a conducir la protección civil nacional da la imagen justa de lo que afirman las palabras. Entre los actores que se mencionan hay fuerzas armadas, hay fuerzas de seguridad y agencias gubernamentales. Así, de un plumazo, se desarticulan los pasos que la sociedad argentina viene dando, no sin escollos, en términos de conducción civil y control político de los armados, especialmente durante las emergencias, el momento de más acercamiento de los uniformados con la comunidad que integran. La designación de militares retirados en ésta y otras áreas clave de los Ejecutivos nacional y provinciales indica una línea de acción que desanda el fortalecimiento de este camino de integración muy cuidada y absolutamente reglamentado por la autoridad civil y política que construyó desde la experiencia y el dolor la democracia argentina.

Como se consigna en el Libro Blanco para la Defensa Nacional del 2014, en el ámbito internacional hay una tendencia hacia la organización de sistemas de gestión de riesgo de desastres como un modo de respuesta institucionalizada desde el Estado frente la ocurrencia creciente de eventos adversos, en cuyo marco los recursos militares adquieren importancia operativa y logística. En este sentido, la participación de recursos militares en tareas de protección civil solo puede existir en el contexto del desarrollo de políticas públicas de gestión de riesgos de desastre.

En los últimos años, fue un logro que las fuerzas armadas y de seguridad sean un recurso más del Estado nacional, y como tal no autogestionan y manejan los escenarios de crisis sino que son asignados por sus responsables político-institucionales en el Estado (Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa) de acuerdo a los requerimientos que se determinen en el marco del Comité de Crisis o el Gabinete de Emergencias. Volver atrás en el sentido contrario no solo es contraproducente en el sentido gerencial de eficiencia y efectividad sino que es también peligroso.

Las políticas públicas deben recuperar el acumulado que existe en la materia, conectar la investigación y los saberes con la toma de decisiones, y ponerse en marcha a partir de un compromiso institucional y presupuestario estratégico e integral. Es necesario que reconozcan las leyes provinciales que ya ordenan la materia y retomen los proyectos de ley nacional de emergencias que se vienen presentando en el Congreso Nacional. Además, es importante que introduzcan la mirada transversal de la gestión del riesgo en toda la política pública y no solo para gritar eureka cuando lo evitable se vuelve inevitable, desastre natural, maldición de los dioses.

Sin ir más lejos, el más reciente de los proyectos de ley nacional, que aún mantiene el estado parlamentario, sostiene el espíritu de recuperar la experiencia acumulada, en los ámbitos local, nacional e internacional. Propone la creación de un Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo, complementado por un Consejo Nacional para que todas las provincias se involucren en el diseño de los programas de prevención, mitigación y respuesta. Es el Congreso Nacional el ámbito natural donde el debate y la pluralidad legitiman la política pública. Y es el Estado y los gobiernos electos democráticamente los responsable de garantizar los derechos tanto durante las situaciones de emergencia como fuera de ellas; la convocatoria a la caridad mediante fundaciones ligadas a funcionarios vuelve más extraña aún la competencias pensadas para este Sifem relanzado.

La sensibilidad social a flor de piel de la emergencia, de la catástrofe, de la tragedia, viene acompañada del síndrome del descubrimiento de la pólvora y otra vez todo está por hacerse. Pero cuando baje el agua ¿lo urgente tapa lo importante volverá a repetirse como un mantra?; ¿las políticas públicas a largo plazo volverán a dormir en los cajones hasta que la naturaleza, la impericia y los medios vuelvan a poner el foco en el fracaso cíclico de nunca poder estar preparados?

* Ex ministra de Seguridad de la Nación.