El estrés del tercer mes es inocultable. Si enero estuvo empañado por la fuga de los tres condenados por el triple crimen de la efedrina y las torpezas operativas y comunicacionales hasta que se entregaron rendidos de hambre y sed, el papelón de febrero ocurrió en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La designación como director del Indec de Jorge Todesca (0,3 por ciento de los votos en 2011 cuando fue el candidato duhaldista a la jefatura de gobierno porteño) desalentó a quienes desde el macrismo se sentían con títulos muy superiores a los de este macroeconomista sin antecedentes en la actividad para la que fue nombrado. Ellos eran Fernando Cerro, un ex director de Cuentas Nacionales del Indec, quien trabajaba como consultor para el gobierno aliado de Córdoba, y José María Donatti, director de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El aterrizaje de Todesca podía explicarse por las necesidades de un gobierno ávido de alianzas en el Peornismo Opositor que suplan su carencias, pero el regreso como directora técnica de Graciela Bevacqua, y el de Cynthia Pok en la Dirección de la Encuesta Permanente de Hogares, sembró los vientos que esta semana volvieron como tempestad. Bevacqua fue la directora del Indice de Precios de Consumo hasta 2007, cuando se negó al toqueteo de los números que le planteó el Secretario de Comercio Mario G. Moreno. En general los especialistas le reconocen capacidad para esa tarea específica, aunque también señalan que durante su mandato las consultoras privadas compraban por monedas la información más sensible y se anticipaban a su difusión oficial. El kirchnerismo dijo, aunque nunca pudo probarlo, que además los tenedores de títulos indexados pagaban por cada décima de incremento en el IPC un porcentaje de sus ganancias adicionales. Pero así estos cargos fueran infundados, Bevacqua carece de los conocimientos y la experiencia imprescindibles para la dirección técnica. La de IPC es apenas una de las 22 direcciones del Indec y no la más compleja desde el punto de vista técnico, por lo que haberla ocupado no la califica para la conducción del organismo, que además requiere de un estricto equilibrio psicofísico. Su elección para un cargo que le queda tan grande fue un acto de oportunismo político, tendiente a capitalizar un símbolo de la barbarie del gobierno anterior, que aniquiló la credibilidad de toda palabra pública. Todesca y Bevacqua presentaron al Instituto como tierra arrasada, sin manuales, bases ni procedimientos. Esta falsedad asombra a los expertos internacionales que asistieron en la confección del nuevo IPC nacional, pero es funcional para justificar el centenar de despidos ya dispuestos y los 300 en preparación para las próximas semanas. Como Bevacqua tampoco tiene manejo político, consiguió fastidiar a las provincias que son las que capturan los datos sobre precios. Varias dejaron de elaborar los índices provinciales con esos datos, porque la línea que recibieron fue que delegaran esa tarea en el Indec. Cuando Bevacqua decidió el apagón estadístico hasta el último trimestre del año, Mendoza y Santa Fe estuvieron entre las primeras en reclamar. Donde no hubo quejas fue en la provincia de Buenos Aires, porque durante un mes la oficina de estadística permaneció vacante, porque el partido que para su propio asombro ganó las elecciones carecía de equipos propios en casi todos los rubros. El radical mendocino de PRO Alfredo Cornejo fue discreto, en cambio el socialista santafesino Miguel Lifstchitz pataleó con estridencia en público: está preparando un Observatorio para volver a elaborar y publicar su índice provincial, dada la escasa confiabilidad del Indec.

Anticlímax

Estas disonancias motivaron la intervención del ministro de Obras Públicas, Vivienda e Interior, Rogelio Frigerio (n), cuya consultora Economía y Regiones realiza por Internet un índice de precios al consumidor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando Bevacqua dictaminó que necesitaría un año para elaborar un índice serio, Todesca pensó que era una ingeniosa alternativa para ocultar la aceleración de precios producida por las primeras medidas adoptadas a partir del 10 de diciembre y nadie en el gobierno disintió. La idea de culpar por cualquier problema al gobierno anterior goza de alto consenso y Macrì planea llevarla al paroxismo en su discurso del lunes 1º ante la Asamblea Legislativa. Pero en este tema sólo le llevó dos meses descubrir lo que su predecesor aprendió en años: maquillar las cifras u ocultarlas puede convenir en el muy corto plazo pero muy pronto se vuelve en contra y abre espacio para fantasmagorías más aterradoras que los hechos reales, como ocurrió con el ridículo Indice Congreso, que ahora recicló desde el oposifialismo Sergio Massa. La drástica eyección de Bevacqua no termina con el problema. Aun quienes comprenden desde el punto de vista humano la reacción de la mujer, quien en vano trató de apelar al propio Macrì para revertir su segundo despido, no tienen piedad con Todesca, de quien se esperaba una mayor habilidad. Cerro ocupa por ahora la dirección técnica, pero es el candidato principal para ocupar el sillón de Todesca, cuya salida se atribuirá a problemas de salud. El momento del tironeo entre Todesca, Bevacqua y Frigerio fue elegido por Donatti para cobrarse el desdén. Al dar a conocer el índice cabano de precios al consumidor: 4,1 por ciento en enero, echó por tierra la fábula oficial de una inflación en baja que moderaría los reclamos sindicales en las negociaciones paritarias. Macrì estaba feliz con la cordial reunión en la que participaron los dirigentes de las tres fracciones de la CGT, adobados por la designación de uno de los suyos a cargo del control de los servicios de salud y las promesas de 26.000 millones de pesos que reclaman como impagos por esas prestaciones y de suprimir o atenuar el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Con el 4,1 por ciento de enero es evidente que la inflación del año estará en la franja del 35 al 40 por ciento, mientras Macrì repetía en público que los incrementos salariales debían estar más cerca del 20 que del 25 por ciento. Esto estaba en línea con la propuesta de la gobernación bonaerense a los docentes, quienes le dejaron saber en forma inequívoca que en esas condiciones no comenzarían las clases, tal como ocurrió varias veces bajo distintos gobiernos. En parte por impedir esa prueba y en parte por impericia, el ministro de Educación Esteban Bullrich anunció un aumento desdoblado, una parte ahora y otra al comenzar el segundo semestre, que conformó a los cinco gremios docentes. Ellos calcularon que sumando ambos porcentajes, el aumento a cobrar en agosto rondaría el 40 por ciento que pedían. Allí pusieron el grito en el cielo los gobernadores. Desde que el menemismo transfirió los servicios educativos a las provincias, la paritaria nacional fija un nivel que sirve de referencia para las negociaciones de cada jurisdicción subnacional. El Hada Buena suspendió la convocatoria a los gremios bonaerenses y el propio Macrì intervino con una declaración expresiva de su idea del federalismo: hablando en nombre de las provincias dijo que ninguna estaba en condiciones de superar el 25 por ciento de aumento y que el gobierno nacional sólo ayudaría a aquellas que ni pudieran llegar a ese porcentaje. Lo contrario sería “interferir”, como dijo que ocurrió en los últimos diez años. Los aumentos salariales como interferencia constituyen un nuevo aporte a la renovación del discurso público. Ante ese brusco frenazo, Bullrich también canceló el encuentro del viernes, en el que se había comprometido a presentar por escrito la propuesta verbal que los gremios consideraban aceptable. No hay publicitario en Ecuador ni en el mundo capaz de incluir en la revolución de la alegría todas las cosas que los padres podrían hacer con los chicos si no los mandaran al colegio.

Recuerdos de provincia

La paritaria docente remite una vez más a una cuestión central, que es la estructura tributaria argentina y la relación con las provincias. La última información producida por la Secretaría de Hacienda corresponde al tercer trimestre de 2014, pero sería extraño que en el año y medio transcurrido se hubieran producido alteraciones sustanciales, salvo en los casos especiales de Córdoba, San Luis y Santa Fe, beneficiadas por el fallo de la Corte Suprema que ordenó al Estado Nacional devolverles el descuento del 15 por ciento en la coparticipación, que cedieron por los pactos fiscales cuando se privatizó el sistema jubilatorio. El gráfico indica que el conjunto de las provincias sólo financia con recursos propios el 37,41 por ciento de sus gastos, mientras depende de las transferencias nacionales por coparticipación para el restante 62,59 por ciento. Sólo tres jurisdicciones tienen mayor recaudación propia que las transferencias que reciben del Estado Nacional: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la de mayores recursos propios, con el 81,68 por ciento; la provincia de Buenos Aires, que llega a sufragar el 59,7 por ciento de su presupuesto, y Neuquén, con 55,71 por ciento. Si al conjunto se incorpora también la CABA, la recaudación propia de todas las jurisdicciones alcanza al 42,69 por ciento, con 57,31 por ciento de coparticipación. Esta proporción global es significativa del grado de centralismo al que se ha llegado, cuando a mediados del siglo pasado las provincias financiaban con recursos propios el 80 por ciento de su presupuesto. Pero además hay casos extremos, que explican algunas decisiones políticas que en abstracto serían incomprensibles. Por ejemplo, Formosa, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero reciben de la Nación nueve de cada diez pesos que gastan; Corrientes, Chaco y San Juan obtienen por esa vía en torno al 85 por ciento; Salta, el 79 por ciento; San Luis, La Pampa, Tucumán y Tierra del Fuego arañan el 75 por ciento. No es de extrañar que sus gobernantes y legisladores estén entre los mejor dispuestos a acompañar las iniciativas del gobierno nacional, aduciendo que así defienden la gobernabilidad. Varios de ellos tendrán una participación destacada en el Congreso que realizará el miércoles el Partido Justicialista. Entre los aspirantes a presidirlo se destacan tres representantes de este bloque de los menesterosos: el salteño Juan Manuel Urtubey, el sanjuanino José Luis Gioja y el riojano Sergio Casas. Los matices entre ellos giran en torno a si la representación del kirchnerismo en la nueva conducción será moderada, mínima o nula. El mismo gráfico también ayuda a entender por qué por encima de los alineamientos partidarios existe una alta probabilidad de que el Congreso rechace el decreto del presidente Macrì que anuló otro anterior de CFK, aquel que por razones de equidad había extendido al resto de las jurisdicciones esa devolución del 15 por ciento para Córdoba, Santa Fe y San Luis. Tampoco parece casualidad que luego de la recuperación de ese porcentaje, San Luis retacee el apoyo que Macrì necesita para convalidar en el Senado el decretazo con que se cargó las leyes audiovisual y de tecnologías de la información. No hace falta mucha perspicacia para advertir que la autonomía política está en relación directa con su autonomía financiera.

La billetera vacía

Según los cálculos oficiales, las modificaciones en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias representarán una merma de ingresos por 49.000 millones de pesos anuales. La cifra es discutible, ya que al mismo tiempo que unos 180.000 asalariados pagarán menos, una cantidad no especificada que hasta ahora estaba a salvo será alcanzada por el impuesto. El líder oposifialista Sergio Tomás Massa estimó ese incremento de la base en 220.000 personas, aunque es conocida su pasión por los grandes anuncios y su indiferencia por la exactitud. Si la cifra suministrada por el titular de la AFIP, Alberto Abad, fuera real, esa cesión de recursos estaría de todos modos bien por debajo de los 59.000 millones de pesos anuales que el Estado dejará de cobrar todos los años por la rebaja o eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y mineras. El Secretario General de la CGT, Antonio Caló, dijo que era la primera medida de Macrì a favor de los trabajadores, lo cual muestra que es un optimista incurable. De acuerdo con los datos oficiales, la mejora sólo alcanza al 2 por ciento de los asalariados, aquellos de más altos ingresos. Como señala el economista Jorge Gaggero, uno de los más tenaces estudiosos de la situación fiscal, quedan fuera del beneficio otorgado el tercio de los trabajadores que no están registrados, más aquellos que no tienen empleo y dependen de programas de ayuda oficial. “Ellos deberían beneficiarse del potencial redistributivo del Estado, pero lejos de eso la decisión es desfinanciarlo. Y la pérdida de ingresos ha sido muy selectiva.” A su juicio, la disposición (que Macrì comunicó en los términos genéricos que le recomiendan sus asesores, ante una estupefacta audiencia de sindicalistas y gobernadores que recién después de la explicación complementaria de Abad comenzaron a sospechar con decepción de qué se trataba) es un parche menor, anunciado para simular el cumplimiento de un slogan de la campaña electoral, cuando Macrì dijo con su soltura habitual que suprimiría ese impuesto. Y al mismo tiempo para eludir al Congreso, que es donde debería discutirse una reforma tributaria integral. Macrì elevó el mínimo a partir del cual se paga el impuesto, mencionó la cifra de 30.000 pesos mensuales sin aclarar que eran brutos y para un trabajador casado y con dos hijos, pero no modificó las escalas ni las alícuotas que se pagan en cada tramo. “Podría reducirse la tasa inicial a la mitad e incrementar la que pagan los sectores de más altos ingresos, que no son asalariados”, afirma Gaggero. Durante el anuncio, el presidente dijo que las escalas se tratarían en el Congreso y Abad agregó que el proyecto de ley se enviaría en marzo. Macrì lo desairó igual que a Bullrich: el proyecto de ley recién irá en 2017, aclaró después, lo cual en la Argentina es como proponer un viaje a las estrellas. La discusión así planteada es una victoria cultural de los sectores más ricos de la sociedad, agrega Gaggero: se porfía sobre temas menores, mientras las ganancias de capital por inversiones financieras siguen desgravadas y no forman parte del debate público. Ni siquiera lo plantean los dirigentes sindicales, seguramente porque muchos de ellos son además empresarios. “Sale muy rápido todo lo que beneficia a los más altos ingresos y el resto se demora.” También es falsa la premisa en torno del Impuesto al Valor Agregado y su supresión por ahora sólo prometida para jubilados y recipientes de asignaciones sociales en el precio de los alimentos. La devolución del IVA a esos sectores será progresiva, si se concreta, pero escamotea el análisis sobre el peso desproporcionado que ese impuesto indirecto tiene sobre los ingresos del Estado, mientras los impuestos directos sobre el capital permanecen en porcentajes muy inferiores a los de los países europeos e incluso algunos americanos.

El tercer ciclo largo

Cuando la balanza comercial está en rojo por primera vez desde la crisis de fin de siglo y las reservas decaen pese al préstamo puente de 5000 millones de dólares (con garantía por el doble) con los bancos HSBC, JP Morgan, Santander, Deutsche, BBVA, Citibank y UBS, la resignación de recursos agrava el déficit fiscal que para la ortodoxia económica explicaría la inflación. De ahí la prisa oficial por cerrar trato con los fondos buitre, que advertidos de su apuro, vuelven a correrle el arco, en procura de beneficios aún más suculentos. Para Gaggero, esto podría ser el prolegómeno al tercer ciclo largo el endeudamiento argentino, luego del iniciado hace dos siglos con el banco de los hermanos Baring de Londres y del que comenzó hace cuarenta años con el golpe de 1976. De ser así, la deuda externa actuaría una vez más como el gran reciclador de las relaciones de poder, ya que unos sectores gozan del crédito y otros lo pagan.

Nicolás Avellaneda anunció que se economizaría sobre el hambre y la sed de los argentinos para cumplir con los acreedores externos. “Hemos pagado hasta este momento todo, sin investigaciones prolijas y hasta casi sin examen, porque este es uno de los rasgos de nuestro carácter nacional”, se jactaba. Durante los años de la dictadura, hasta 1983, el 70 por ciento de los préstamos fueron recibidos por 30 grupos económicos nacionales y 106 empresas transnacionales y absorbidos por el Estado, que los descargó sobre la sociedad. El ser nacional existe, y parece inmutable.

Otro prócer del liberalismo, Domingo Sarmiento, con cuya estatua hiperrealista se fotografió el ministro Bullrich, tuvo tiempo de ver el fracaso de su programa de colonización por el capital imperialista. En 1886 lo resumió con una paráfrasis despiadada del Himno Nacional. “México, Ecuador, Perú, Venezuela están acribillados de deudas, empréstitos, y declarados más o menos insolventes en la bolsa de Londres. La República Argentina puede exclamar con orgullo:

“Calle Esparta su virtud,
sus hazañas calle Roma.
Silencio que al mundo asoma
la gran deudora del sur”.